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Un caso grave lo constituyó la desaparición del periodista radial Enrique Ramón Galeano, conductor de programas en dos radioemisoras de la localidad de Yby Yaú, 350 Km. al norte de Asunción, con paradero desconocido desde el 4 de febrero pasado. Galeano ya había recibido anteriormente amenazas de muerte por denunciar en sus programas irregularidades en su zona, incluido el narcotráfico, y estuvo bajo protección policial. Entidades periodísticas de derechos humanos vienen reclamando negligencia en las investigaciones policiales y de fiscales. Igualmente, fue grave el atentado que sufrió el 27 de febrero el periodista Juan Augusto Roa, corresponsal del diario Abc Color en la ciudad de Encarnación (370 Km al sur de Asunción), cuyo vehículo fue atacado a tiros por dos desconocidos que huyeron en una motocicleta. El periodista no fue alcanzado por las balas, pese a que en su vehículo quedaron las huellas del violento ataque. El 28 de octubre en el marco de una manifestación política, adherentes al movimiento que lidera el detenido general retirado Lino Oviedo empujaron y golpearon al reportero del diario Popular, Carlos Delgado González al tiempo de exigirle la cámara fotográfica. El 1 de noviembre, Néstor Ojeda Mendoza, corresponsal del diario Última Hora en la ciudad de Coronel Oviedo, ubicada en el centro de la región Oriental, fue agredido con empujones y golpes por un grupo de explotadores de juegos de azar y quinielas. El 3 de noviembre, dos periodistas sufrieron golpes en un enfrentamiento entre policías y médicos y enfermeros que se manifestaban frente al Congreso Nacional. El 20 de noviembre, Antonio Caballero, corresponsal del diario Abc Color en San Juan Nepomuceno, localidad del departamento de Caazapá, fue amenazado de muerte luego de la publicación de denuncias de malversación de fondos públicos. Gana fuerza en el Congreso una eventual traba a la labor de la prensa. Se trata de un proyecto de ley que pretende regular "el acceso a la información pública". La propuesta hace particular referencia a la información que se genera en las oficinas del Estado o en las instituciones públicas en general. La Sociedad Interamericana de Prensa vio en este proyecto un peligroso intento por restringir el libre acceso y divulgación de información oficial. El 30 de noviembre, un grupo de cinco periodistas quedó atrapado en un ascensor por al menos dos horas, por orden del propietario de un edificio céntrico de Ciudad del Este, donde se realizaba un allanamiento judicial. El caso mereció una breve investigación de la fiscalía, que no prosperó. El 20 de diciembre, el periodista Celso Sosa, ex director del diario Crónica, fue detenido en el marco de un proceso judicial que se le sigue desde el 2001. Fue precisa la activa intervención de periodistas y representantes de la SIP en la situación para conseguir que Sosa, hombre de dilatada trayectoria y quien soporta problemas de salud, siga el proceso judicial en libertad. El 28 de diciembre, la Corte Suprema de Justicia ratificó el 28 de diciembre la condena por difamación contra el director del diario Abc Color, Aldo Zuccolillo. La demanda fue presentada por el influyente senador del partido de gobierno, Juan Carlos Galaverna. Días antes, al menos tres de los nueve ministros integrantes de la Corte participaron del festejo del cumpleaños del senador demandante, lo que fue documentado por la prensa. De acuerdo con la sentencia , Zuccolillo deberá pagar alrededor de US$ 200.000 como resarcimiento. Zuccolillo anunció que recurrirá a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El 9 de enero, el dirigente del Partido Liberal Radical Auténtico (oposición), Amelio Sisco, amenazó al fotógrafo del diario Vanguardia, de Ciudad del Este, mientras hacía explotar petardos. Esto ocurrió durante una manifestación en contra del gobernador del departamento de Alto Paraná. El 16 de enero, el corresponsal del diario Abc Color en la localidad de San Juan Nepomuceno, departamento de Caazapá, Antonio Caballero, fue amenazado de muerte por un hombre de nombre Edgardo Arrúa, quien forma parte de una entidad estatal denominada "Guardia Ciudadana". Lo que molestó a Arrúa fueron publicaciones hechas por Caballero acerca de presuntas detenciones ilegales y torturas realizadas por la "Guardia Ciudadana". El 21 de enero, el influyente senador oficialista Juan Carlos Galaverna ?figura muy cercana al Presidente de la República? atacó públicamente al dueño del diario Ultima Hora, Antonio J. Vierci. En declaraciones radiales y en clara alusión a Vierci, Galaverna dijo que los directores de comunicación están involucrados en el contrabando, la falsificación y la evasión de impuestos. El 24 de enero, el periodista de la localidad de Paraguarí, capital del departamento del mismo nombre, Catalino Ibarra, fue amenazado por un empresario de la zona. Noticias acerca de irregularidades en negocios entre una empresa privada de Paraguarí y el Ministerio de Justicia y Trabajo son el telón de fondo de esta amenaza. El 26 de enero, Daniela Candia, periodista del Sistema Nacional de Televisión (SNT-canal 9), denunció una agresión protagonizada supuestamente por una turba de seguidores de uno de los candidatos a la presidencia del partido colorado. Candia informó que unos 100 "stronistas" (adherentes del ex presidente Alfredo Stroessner depuesto en 1989) rodearon su domicilio y que con gritos y cánticos intentaron amedrentarla. El 27 de enero, el abogado del diario La Nación, Aníbal Aguayo, recibió amenazas de muerte en su domicilio luego de que su vehículo fuera atacado por desconocidos. El 1 de febrero, el ex intendente municipal de la localidad brasileña de Coronel Sapucaia, fronteriza con la ciudad paraguaya de Capitán Bado, 450 Km al norte de Asunción, Eurico Mariano, fue detenido el 1 de febrero pasado por la policía brasileña como presunto autor intelectual del asesinato del periodista radial Samuel Román, perpetrado el 20 de abril del 2004. El detenido, tras ser arrestado, fue derivado a la penitenciaría de la ciudad brasileña de Dorados. El 13 de febrero, una llamada anónima advierte de la inminente explosión de una bomba en el local del diario La Nación. Un hombre de entre 30 y 40 años habló a la recepción en estos términos: "Por las estupideces que están publicando los vamos a volar a todos". Los periodistas y funcionarios de la empresa debieron ser desalojados para permitir la acción de la policía especializada. La amenaza coincide con la publicación de documentos y reportajes referentes al rápido enriquecimiento del Presidente de la República, sus parientes y colaboradores más cercanos. El 17 de febrero, el fiscal electoral Carmelo Caballero solicitó a su colega Teresa Sosa Laconich que convoque a declarar a Mina Feliciángeli, directora de radio Mil; Edgardo Wasmosy, director de radio Uno; Jorge López Moreira director de radio Cardinal; Juan Carlos Bernabé, director de radio Nanawa y Alejandro Domínguez Wilson-Smith, director de la radio 9.70 AM y del diario La Nación. Se trata de un paso previo a la imputación. El motivo fue la supuesta emisión de publicidad electoral por más tiempo del dispuesto por la ley. El procedimiento adoleció de irregularidades, ya que no se cotejaron los registros de la fiscalía con los que cuentan cada una de las radios mencionadas. Además, la citación se dio dos días antes de las elecciones internas del partido gobernante -en las cuales competía el Presidente de la República- y fue dirigida a directivos de radios que mantuvieron muchas veces posiciones críticas ante la gestión gubernamental. El 19 de febrero, en una entrevista publicada por el diario Última Hora precisamente en el día de las elecciones internas de su partido, el Presidente de la República, Nicanor Duarte Frutos, lanza una opinión que refleja una preocupante inclinación: "Ninguna libertad es ilimitada. El Poder Político está limitado por la Constitución y las leyes; el poder mediático también debe estar limitado, o si no caería fácilmente en la tiranía... muchos compran medios no porque están fascinados por la libertad de prensa o quieren la conciencia limpia y lúcida del país, ¡pero, por favor!". El 21 de febrero, la vivienda de Nelson Noguera, periodista radial de la localidad de Quiindy, departamento de Paraguarí, fue atacada a botellazos y pedradas por una turba de adherentes a la candidatura del Presidente de la República, Nicanor Duarte Frutos, a la titularidad del partido colorado. El 24 de febrero, una publicación que lo vinculaba con sospechosos de un intento de robo a un banco genera una enérgica reacción del Presidente de la República, Nicanor Duarte Frutos. El mandatario se permitió sugerir al propietario del diario el despido del periodista: "Si yo soy el dueño (del diario) le digo (al periodista): ´Usted se va a fuera por incompetente, por inútil". Además, Duarte no desperdició la oportunidad para insistir en su idea, ya enunciada anteriormente, de poner límites a la prensa. "...hace falta una crítica profunda de la prensa, el rol de los medios, de la función, de las limitaciones, porque todo poder que no tiene límites termina siendo una tiranía... si el poder mediático no tiene una frontera, no tiene una censura propia, una visión compartida de quienes la integran también puede caer en un abuso y en una tiranía". El 25 de febrero, el oficial de policía Ever Cantero, hijo del jefe de policía del departamento de Alto Paraná, lanzó a través de una radioemisora de Ciudad del Este amenazas directas contra periodistas de la zona. La corresponsal del diario La Nación en la ciudad, Mariana Ladaga, denunció las graves amenazas ante la fiscalía. La complicidad de policías con conocidos delincuentes fue una noticia difundida en esos días. El 7 de marzo, dos ex funcionarios de la Contraloría general de la República, Juan Antonio Cristaldo y Atilio Perazzo, presentaron una demanda judicial contra el director del diario Abc Color, Aldo Zucolillo; un periodista de ese medio y asesores técnicos. El caso se relaciona con informaciones divulgadas acerca de negociados en la contratación de empresas constructoras para obras en varios tramos de distintas rutas. Fotografías, documentaciones y testimonios respaldan los reportajes. Cristaldo y Perazzo, ex integrantes de un organismo contralor del Estado, buscan ahora la protección de la Justicia, la cual en los últimos tiempos se ha mostrado muy favorable al poder político y las empresas ligadas a contratos públicos. En el Congreso se reavivó un proyecto de ley de acceso a la información que fue aprobado por la Cámara de Diputados y actualmente se encuentra a consideración del Senado.
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