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PARAGUAY Uno de los hechos que sigue conmoviendo a la comunidad periodística es la falta de esclarecimiento del caso del periodista Enrique Galeano, desaparecido el 4 de febrero de 2006 en Iby Yaú, pueblo del departamento de Concepción al norte del país. Este caso ha despertado un genuino interés entre organizaciones de prensa, medios y periodistas que han organizado marchas públicas exigiendo a las autoridades profundizar las investigaciones. En cuanto a aspectos legales, el 30 de agosto, la Cámara de Diputados archivó definitivamente el proyecto de ley de acceso a la información pública, el cual contenía cláusulas que contradecían principios sobre libertad de expresión. Previamente el 2 de junio la Cámara de Senadores había rechazado el proyecto por inconstitucional. El 26 de mayo fue presentado en la Cámara de Diputados un proyecto de ley que restringe la difusión de "imágenes y determinados testimonios gráficos" que, a criterio de los autores, pueden afectar los "sentimientos de piedad y respeto por los muertos, heridos y víctimas" de crímenes, accidentes y desastres naturales. El argumento es proteger la intimidad de las personas y combatir la explotación comercial de imágenes consideradas morbosas. El proyecto pone en manos del Poder Ejecutivo la aplicación de la norma. Las infracciones serían penadas con fuertes multas. La SIP manifestó su preocupación por el proyecto que podría generar censura previa y afectar la libertad de expresión. EL 29 de junio el Centro
por la Justicia y el Derecho Internacional formalizó una denuncia contra
el Estado paraguayo por violación de la libertad de expresión
ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, debido al fallo que obliga
al pago de más de 1.200 millones de guaraníes (más de US$
200.000) del diario Abc Color al senador oficialista Juan Carlos Galaverna por
el supuesto delito de difamación. El 19 de marzo, Higinio Ruiz Díaz, corresponsal del diario ABC Color en la ciudad de San Antonio, fue querellado por el presidente de la Junta de Saneamiento de la ciudad, Gabriel Medina. Medina había sido cuestionado por los manejos administrativos poco transparentes al frente de la institución. El 23 de marzo, Asunción Caballero, reportero gráfico del diario Vanguardia, de Ciudad del Este, fue agredido por un grupo de taxistas y por el precandidato liberal a concejal de la ciudad, Ceferino Samudio. Caballero cubría en ese momento el cierre del Puente de la Amistad —que une a esa localidad con la brasileña Foz de Yguazú— por parte de trabajadores del transporte. A finales de mayo, el periodista de radio y televisión de la zona de Carapeguá, Reinaldo Ganoso Conteiro, denunció ante la fiscalía regional que fue amenazado de muerte por un hombre de apellido González. Gayoso había tratado repetidas veces en sus programas la preocupante contaminación ambiental provocada por la actividad de las curtiembres de cueros y otras industrias de la zona. Agregó que varias veces políticos de la zona intentaron amedrentarlo. El 8 de mayo, el corresponsal de ABC Color en la ciudad de Curuguaty fue absuelto de culpa y pena en el juicio que le abrió el empresario maderero Milciades Avila por el supuesto delito de difamación y calumnia. El 20 de mayo fue absuelto Nicolás Sotelo, conocido periodista radial de la localidad de San Juan, departamento de Itapúa. El comunicador había sido querellado por el intendente de la ciudad por los supuestos delitos de injuria y difamación. El caso llegó hasta la instancia del juicio oral. A fines de mayo el diario regional TN Press, de Ciudad del Este, fue objeto de un atentado con armas de fuego. Desconocidos dispararon varias veces contra la fachada del medio de prensa. Días antes, el diario había publicado denuncias documentadas de hechos de corrupción en el seno de la Policía en la zona. Las publicaciones incluso le costaron el cargo a algunos altos oficiales policiales. A principios de julio, el corresponsal de ABC Color en la ciudad de Curuguaty, Pablo Medina (hermano del periodista asesinado Salvador Medina), fue víctima de una campaña de intimidación a través de llamadas telefónicas anónimas. La razón, se presume, sería porque la causa de su hermano podría ser reabierta. El 5 de julio, los directores de las radios 1.000; Cardinal, UNO y AM 9.70 fueron sobreseídos por el juez Oscar Delgado en un proceso por delitos electorales. El juzgado dejó sin efecto la causa penal pero impuso la donación a entidades de beneficiencia de montos que oscilan entre los 10 y 12 millones de guaraníes (más de US$ 2.000.000) en minutos de publicidad. La Fiscalía había desestimado la acción al no encontrar fundamentos para la persecución penal, lo que no impidió que se estableciera una sanción. El 6 de julio, un miembro de la escolta personal del presidente de la República amenazó e insultó a la periodista de La Nación, Francisca Pereira cuando logró franquear la guardia del Presidente y hacerle una breve entrevista. El 17 de julio, Luis Ruiz Díaz, periodista del semanario Hechos de la ciudad de Pedro Juan Caballero, fronteriza con Brasil, presentó una denuncia ante la Fiscalía por amenazas de muerte, después de que informara sobre los principales los principales narcotraficantes de la zona. El 6 de agosto, el gobernador de Amambay, Roberto Acevedo, echó en forma prepotente del local de la Gobernación a Luciano Cárdenas y Raúl Ortiz, periodistas del canal de televisión por cable Frontera, de Pedro Juan Caballero, ciudad fronteriza con Brasil. La actitud de Acevedo se debería a ciertas críticas hechas a su administración desde el canal. Un tribunal ratificó la condena a un año de cárcel por calumnia contra el ex periodista del diario ABC Color Enrique Dávalos. La demanda fue entablada por la también periodista Mabel Rehnfeldt, quien trabaja en el medio mencionado. El caso tuvo su origen en la difusión de la grabación de una charla que Dávalos mantuvo con otra persona y en la que insinuaba que Rehnfeldt había aceptado un soborno. Dávalos también deberá pagar cerca de 30.000.000 de guaraníes (más de US$ 5.800) en concepto de resarcimiento. El 10 de agosto, los directores del diario Popular, Edgardo Wasmosy y Javier Pirovano, fueron absueltos en el juicio por difamación y calumnia que les entabló el líder político opositor y ex general, Lino César Oviedo. La sentencia del juez aclara, sin embargo, que existió el delito, pero que la querella fue presentada contra quienes no eran responsables. El 31 de agosto, Oscar Florentín, reportero gráfico de TN Press, diario regional de Ciudad del Este, fue agredido por suboficiales de policía cuando intentaba tomar unas fotos a una víctima de un asalto. Continúa la presión
en tribunales contra el diario La Nación en una demanda por el pago de
un premio en una promoción de 1996. En las instancias judiciales anteriores
fue ampliamente demostrado el fraude cometido en contra del diario La Nación
en este caso, con la complicidad del querellante y un técnico informático
que accedía a los programas de la promoción. El trasfondo de esta
dilatada causa tiene que ver un ajuste de cuentas debido a las denuncias que
el diario La Nación publicó en esos años sobre casos de
corrupción entre las más altas autoridades de los Poderes Ejecutivo
y Judicial.
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