Reunión de Medio Año San Salvador, Marzo 21-24 El Salvador

PERU

En este período la libertad de prensa en el Perú continuó siendo evidente a través de la diferente cobertura informativa y la presencia de numerosos medios de comunicación que expresan, desde posiciones plurales, el clima en el que se desarrolla la recién recuperada democracia peruana.
El 4 de febrero el Ejecutivo promulgó la norma que modifica la Ley 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, cuyas diferencias motivaron las protestas de la SIP cuando fue promulgada inicialmente en agosto de 2002. La versión modificada de la ley, contempla, ahora sí, casi todas las propuestas del Consejo de la Prensa Peruana y la Defensoría del Pueblo en torno a las restricciones de información por motivos de seguridad nacional y responsabilidad de funcionarios. La promoción de los actos del Estado, prohíbe la destrucción de información en poder del Estado y establece los plazos para que la administración pública atienda las solicitudes ciudadanas de información.
Por contraste, preocupa que el Ejecutivo, haciendo uso de sus facultades para modificar la legislación antiterrorista, aprobara el decreto legislativo No. 922-2003, que regula la nulidad de los procesos por traición a la patria y su cobertura periodística. Así, el 12 de febrero el diario oficial El Peruano publicó el texto del decreto en cuestión, cuyo artículo 12 inciso a), numeral 8, señala que si bien los juicios orales serán públicos bajo sanción de nulidad, no está “permitido el ingreso ni la utilización de cámaras de vídeo, grabadoras de sonido, cámaras fotográficas u otros medios técnicos similares”. Esta disposición contraviene el artículo 215 del Código de Procedimientos Penales que establece que corresponde al juez determinar el ingreso y uso de equipos periodísticos a los juicios orales.
Por otra parte, ante los cambios producidos en el accionariado y administración de los canales de señal abierta de televisión, Canal 4 América Televisión y Canal 5 Panamericana Televisión, sectores críticos al gobierno alertaron sobre presuntas intervenciones gubernamentales con el fin de promover una línea editorial amigable al gobierno.
En el caso de Canal 4, un grupo empresarial formado por el grupo El Comercio y El Grupo la República del Perú y el Grupo Caracol de Colombia, asociados en la nueva empresa Plural TV, adquirieron la mayoría de las acreencias de Canal 4 de Televisión, en manos de empresas privadas, con el fin de dirigir el rescate financiero de dicha empresa, la cual se encuentra en insolvencia.
En el caso de Canal 5, el hecho de que el 21 de febrero, después de un año y dos meses de litigio, el primer Juzgado Letrado de Paz de Lima dio cumplimiento a la medida cautelar que otorgó a Genaro Delgado Parker la administración judicial de Panamericana Televisión y del Grupo Pantel, al suspender los derechos accionarios de Ernesto Schutz Landázuri, sus familias y otros socios minoritarios.
En octubre el congresista Jorge Mufarech entabló una demanda contra el diario El Comercio, al considerar que dicho medio atentó contra su honorabilidad al publicar una investigación sobre la presunta importación irregular de un automóvil Jaguar desde Chile, en marzo de 1997. La denuncia, por US 50 millones, que comprende al director del diario, Alejandro Miró Quesada Cisneros, fue admitida por el 36 Juzgado penal de Lima y aún está en proceso.
El congresista Jorge Mufarech también presentó una demanda contra el director del diario La Razón, Guillermo Thorndike por considerar que dicho diario había trucado la fotografía del congresista para perjudicar su imagen. La demanda fue aceptada por el 33er Juzgado Penal de Lima.
El 23 de enero arribó a Lima, expulsado de los Estados Unidos, el publicista Augusto Bresani León, sindicado como el ex secretario de prensa del asesor Vladimiro Montesinos. Augusto Bresani, quien fue detenido por las autoridades peruanas, es acusado de recibir del Servicio de Inteligencia US 100 mil para distribuirlos entre los denominados diarios “chicha”, a cambio de la publicación de titulares favorables a la reelección de Alberto Fujimori y que calumniaron a políticos de oposición y la prensa independiente. A su llegada a Lima, Bresani pidió acogerse a la ley de colaboración eficaz y acusó a varios periodistas de recibir dinero para apoyar la guerra sucia contra los opositores del régimen.
El 10 de febrero, luego de cuatro años de litigio, la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Lima resolvió dejar sin efecto la demanda que interpuso la empresa Alliance S.A.C., propiedad del prófugo ex directivo de ATV Canal 9, Julio Vera Abad, contra el periodista César Hildebrandt. La empresa pretendía obtener una indemnización de US $250 mil por una presunta resolución arbitraria del contrato de trabajo entre el periodista y el canal de televisión. Abad aparece en un “vladivídeo” grabado en 1998 en el local del Servicio de Inteligencia Nacional, sosteniendo una conversación con el ex asesor presidencial Vladimiro Montesinos, en la que acuerdan utilizar el poder judicial para perjudicar a Hildebrandt.
El 2 de marzo la Sala Superior Anticorrupción, que preside la vocal Inés Villa Bonilla, ratificó la extensión del plazo de detención hasta por 36 meses contra los accionistas de la empresa televisiva Frecuencia Latina, Canal 2, Samuel y Mendel Winter, procesados por los presuntos delitos de peculado y asociación ilícita para delinquir y vínculos con el régimen de Alberto Fujimori. Los empresarios se encuentran recluidos en los penales Miguel Castro Castro y San Jorge, respectivamente.
A continuación un detalle cronológico de otros hechos que fueron en su oportunidad relacionados con la libertad de prensa durante el período.
El 3 de noviembre oficiales de la policía de Trujillo y Tumbes capturaron a Roberto Villacorta Cortina, presunto terrorista implicado en el asesinato de Todd Smith, periodista estadounidense del diario Tampa Tribune de Florida, Estados Unidos. Smith fue encontrado muerto con visibles signos de tortura en noviembre de 1989 en Uchiza. El periodista investigaba los vínculos entre el narcotráfico y las Fuerzas Armadas peruanas en la zona.
El 17 de diciembre, durante la fiesta de celebración por los quince años de Zaraí Toledo (segunda hija del presidente Alejandro Toledo) en el hotel Los Portales, de la ciudad de Piura, el ex congresista de la República Miguel Ciccia agredió sorpresivamente a Paola Ugaz y Marcos Sifuentes, periodistas del programa “Entre Líneas”, que transmite Canal N de televisión, estrellando la cámara de vídeo que portaban contra el suelo.
El 29 de enero siete periodistas, Lan Ortiz y Santiago Bravo del diario Perú 21, Ismael Tasayco e Iván Ahumada de Red Global de Televisión, Rosario Rengifo de América Televisión, Marcos Rojas del diario La República y Jaime Rázuri de la agencia de noticias France Press, fueron agredidos por miembros de la Federación de Construcción Civil, cuando informaban sobre la marcha de protesta que este gremio realizó en la Plaza 2 de Mayo, de Lima. Los manifestantes, quienes estaban armados con fierros y palos, golpearon a los periodistas cuando éstos desempeñaban su labor.
El 26 de enero uno de los comisionados de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, Carlos Iván Degregori, aclaró que aun después de 20 años el caso del asesinato de ocho periodistas en la comunidad de Uchuraccay, situada en el departamento de Ayacucho, no ha prescrito. Añadió que existe la posibilidad que se reabra, si es que se encuentran nuevas evidencias. La CVR actualmente analiza el expediente judicial de la matanza de los periodistas Jorge Luis Mendivil y Willy Retto, del diario El Observador; Eduardo de la Pinella y Pedro Sánchez, del diario Marka; Jorge Sedano, del diario La República, y Amador García, de la revista Oiga; así como de los corresponsales Félix Gavilán y Octavio Infante, ocurrida el 26 de enero de 1983.
El 8 de febrero la INTERPOL informó a la jueza Anticorrupción Sara Mayta Dorregaray, de la ubicación en Miami del ex presidente de Andina de Televisión (ATV canal 9), Julio Vera Abad, a quien la justicia acusa de haber sido beneficiado ilícitamente por el ex asesor presidencial Vladimiro Montesinos. Por ello la jueza anticorrupción solicitó al presidente de la Corte de Lima, Víctor Raúl Mansilla, que pidiera la detención con fines de extradición del empresario televisivo, prófugo de la justicia peruana.
El 10 de febrero la jueza Magali Bascones dispuso el embargo preventivo, hasta por un monto de 30 millones de soles, de los bienes empresarios editoriales del diario La Razón, Alex y el ex congresista Moisés Wolfenson Woloch, quienes cumplen con arresto domiciliario en el proceso que se les sigue por presunto delito de complicidad y peculado. La Procuraduría sostiene que los hermanos Wolfenson coordinaban directamente con Vladimiro Montesinos las publicaciones a favor de la campaña por la reelección del régimen de Alberto Fujimori que aparecían en los diarios El Chino y El Men, que publicaba la empresa Editora Sport de propiedad de los hermanos Wolfenson.