Reunión de Medio Año Los Cabos Marzo 12 al 15,2004 México

PERÚ

Durante este período, el asesinato del periodista Antonio de la Torre Echeandía, de Radio Órbita de Yungay, el 14 de febrero, ensombreció el panorama de la libertad de expresión y de prensa en el país. Si bien en los días posteriores al crimen la policía capturó a dos de los presuntos autores materiales, el profesor Antonio Torre Camones e Hipólito Casiano Vega, chofer del alcalde Amaro León León, esta ciudad andina se convulsionó luego de que una jueza provisional excluyó al burgomaestre de la investigación policial y judicial, inclusive como testigo. Ahora queda a la juez titular del juzgado Penal de Yungay sindicar al presunto autor intelectual del crimen y que éste no quede impune. El periodista fue asesinado a puñaladas por dos sujetos que lo interceptaron cuando se dirigía a su domicilio luego de haber participado en una reunión social. Periodistas locales aseguran que el asesinato está directamente relacionado con la labor informativa que desarrollaba de la Torre en el noticiero de Radio Órbita. Días antes de su muerte, había inaugurado un polémico y crítico segmento llamado “Con verdad y justicia”, dedicado a recibir denuncias y darle seguimiento a la gestión de las entidades públicas.
Por otro lado, si bien se observa una amplia y plural oferta informativa, el debate político se centra sobre cuál debería ser el comportamiento de los medios de comunicación ante una situación de crisis. Esta polémica empieza a registrar incidentes inquietantes, como son las amenazas de represalias judiciales contra medios y periodistas, que han tenido entre sus principales portavoces a altas autoridades del Ejecutivo, Legislativo y Poder Judicial.
Por ejemplo, en febrero último el 8vo juzgado especializado de Lambayeque ordenó a la periodista Rosa Chambergo abstenerse de publicar temas referidos al alcalde de la zona, en el marco de un juicio por difamación, lo que constituye en la práctica censura previa.
También se destaca el proceder del vigésimo juzgado penal de Lima, en la demanda por delito contra el honor y difamación presentada por el congresista Jorge Mufarech contra el columnista del diario Correo, Pedro Salinas. Lo grave es que se dispone que se abra investigación sumaria y acepta una demanda penal por un millón de dólares y la incautación preventiva de los bienes del periodista. El juzgado sustentó su decisión sobre la base del delito de opinión, que en el Perú no existe y es, además, inconstitucional. Asimismo extraña la severidad con la que una juez penal titular especial de la Corte Superior de Justicia de Lima, notificó con el auto apertorio de instrucción al periodista Humberto Ortiz por los presuntos delitos de encubrimiento real y asociación ilícita para delinquir en agravio del Estado a principios de marzo. Como consecuencia de ello, se ha dispuesto el embargo preventivo de los bienes y cuentas bancarias y se ha dictado una orden de impedimento de salida del país contra el periodista.
A estas acciones judiciales se suma la cuestionable reapertura por parte de la Fiscalía de un juicio contra Baruch Ivcher y otros directivos de Canal 2, el cual fue declarado nulo por la CIDH hace 6 años. Asimismo, preocupa que el proceso seguido contra El Comercio por el congresista Jorge Mufarech pase a manos de un cuarto juez, de prosperar la tercera recusación del congresista contra el juez que lleva actualmente la causa.
En el parlamento, entró el 5 de diciembre un proyecto de ley que dispone la colegiación obligatoria para el ejercicio de la profesión periodística. Si bien aún no entra a la agenda parlamentaria, dicho proyecto ha sido criticado por restrictivo por el Consejo de la Prensa Peruana.
En enero, la Sala Penal Especial Anticorrupción inició el juicio público a Vladimiro Montesinos y a los dueños y directores de los llamados “diarios chicha”, quienes durante el gobierno de Alberto Fujimori recibieron dinero del Estado para apoyar su reelección y participar en la campaña de desinformación y difamación a periodistas y opositores del régimen de entonces. Son veintinueve personas las encausadas entre ex miembros de las fuerzas armadas, propietarios de medios, periodistas y el ex asesor presidencial Montesinos. En febrero, el escándalo envolvió dichas audiencias, cuando se confirmó que Montesinos continuaba ejerciendo poder sobre ciertos medios de comunicación. Esto luego de que un camarógrafo detectó al ex asesor presidencial enviando al coinculpado Moisés Wolfenson, miembro de la familia propietaria del diario La Razón, un mensaje donde le señalaba que levantara una noticia en torno a supuestos hábitos del Presidente Alejandro Toledo; lo que apareció en primera página al día siguiente.
En lo positivo, se registró la excarcelación, luego de once años de detención, del periodista Juan Jara Mata Berrospi a quien, en enero, la Sala Nacional para Casos de Terrorismo encontró inocente de apología al terrorismo. Asimismo, el pleno del Congreso de la República devolvió a la Comisión de Transportes y Comunicaciones el controvertido dictamen de la Ley de Radio y Televisión que, entre otros, disponía como móvil para cancelar las licencias de un medio audiovisual, el que se compruebe que estos medios condicionaron o perdieron su independencia informativa.
Entre los hechos más importantes pueden citarse los siguientes:
El 19 de octubre, la fiscal provincial de Huanta reabrió el caso del asesinato del periodista Hugo Bustíos Saavedra, corresponsal en Ayacucho de la revista Caretas, quien fue acribillado el 24 de noviembre de 1988, por oficiales del ejército.
El 8 de enero, la jueza anticorrupción Carolina Lizárraga amplió por 30 días el proceso que sigue por el caso de la muerte del periodista Pedro Yauri, corresponsal en Ayacucho del diario La República, quien en junio de 1992 fue secuestrado y luego asesinado por miembros del grupo paramilitar Colina. El 10 de enero, fue detenido el ex técnico de primera EP Pedro Manuel Santillán Galdós, integrante del grupo Colina y acusado de la desaparición y muerte del periodista.
Luego de once años de reclusión en un penal de alta seguridad, el periodista Juan de la Jara Mata Berrospi fue liberado luego de que la Sala Nacional de Terrorismo lo declaró inocente del delito de terrorismo en la modalidad de colaboración. Al momento de su detención, Berrospi portaba un croquis, enviado anónimamente, del lugar a donde posteriormente fueron encontrados enterrados los restos de un profesor y nueve estudiantes de la Universidad de La Cantuta. Hasta julio de 1993, Mata Berrospi laboraba como productor de Radiofusora Comas, reportero de la revista Huánuco Voz Departamental y editor del Diario, sindicado como portavoz de Sendero Luminoso.
El 11 de diciembre, la Comisión de Transportes y Comunicaciones del Congreso dictaminó por unanimidad el texto del proyecto de ley de Radio y Televisión. El presidente de la Comisión, Mario Ochoa, señaló que el dictamen incluye 21 propuestas legislativas de congresistas de diversas bancadas. El 27 de enero, bajo fuertes críticas, el dictamen de la Ley de Radio y Televisión, fue devuelto a la Comisión para su modificación.
A principios de octubre, el congresista Luis Solari de la Fuente presentó una de denuncia ante la 27 Fiscalía Provincial de Lima, por supuesto delito contra la libertad, a raíz de la difusión de una denuncia sobre supuestas irregularidades cometidas por el parlamentario, en los programas periodísticos “La Hora N”, que transmite Canal N y el noticiero “90 Segundos”, de Frecuencia Latina.
El 17 de octubre, los periodistas Walter Altamirano Vásquez de radio Éxitos, Juan Vásquez Malca de Canal 13 y José Zapara Chumán de Televisión Nacional del Perú, fueron agredidos por trabajadores de la municipalidad de Jaén, provincia de Cajamarca, durante una conferencia de prensa convocada por el alcalde Jaime Vílchez Oblitas.
El 22 de noviembre, el director del diario Correo, Juan Carlos Tafur, recibió una notificación de impedimento de salida del país resuelta por el Vigésimo Juzgado Penal de Lima, a cargo de la jueza provisional María Esther Falconí Gálvez, cuando se disponía a viajar a los Estados Unidos por motivos de trabajo. El 25 de noviembre, la misma jueza le concedió un permiso de viaje temporal de cinco días, advirtiendo que si el periodista no retornaba al país en la fecha indicada, ordenaría su detención. Falconí sustentó la medida en la querella por difamación presentada contra el periodista, por la ex jueza del Cono Norte, Nancy Sánchez Hidalgo.
El 3 de diciembre, un agente de seguridad del Presidente de la República agredió a José Abanto, reportero gráfico del diario La República impidiendo que se acerque al mandatario durante una ceremonia pública.
El 10 de diciembre, la periodista estadounidense Sharon Stevenson, corresponsal en el Perú de la revista Newsweek, la cadena de televisión CNN y de la Voz de América, fue víctima de un asalto que la dejó gravemente herida. El Escuadrón de Emergencia Norte de la Policía Nacional, la encontró postrada en el suelo, en estado inconsciente, en el distrito de Los Olivos. Stevenson, quien desde 1990 reside en el Perú, investigaba la supuesta aplicación de agentes biológicos en la lucha contra el cultivo ilegal de la hoja de coca. Según la Asociación de Prensa Extranjera del Perú, APEP, esa noche Stevenson se iba a reunir con una fuente que le entregaría un material que comprobaría su investigación.
El 8 de enero, la policía capturó en la ciudad de Chiclayo al supuesto informante colombiano, Tomás Pinedo Ruiz, quien participó del asalto a Stevenson para robarle los 7 mil dólares que la periodista estaba dispuesta a pagar a cambio de información relativa a su investigación periodística. El 19 de febrero fue detenido en el distrito limeño de La Victoria, Rommel Pinedo, autor del secuestro, golpiza y robo de siete mil dólares a la periodista.
El 11 de diciembre, la 30ª Fiscalía Provincial Penal de Lima abrió un nuevo proceso judicial con comparecencia restringida y orden de arraigo contra cuatro directivos de Frecuencia Latina, incluido su presidente Baruch Ivcher. El caso fue declarado nulo hace seis años por disposición de una sentencia supranacional emitida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El procedimiento fue considerado inconstitucional por el Consejo de la Prensa Peruana. Ivcher es acusado por el presunto delito contra la fe pública y de haber adulterado el libro de acciones de Frecuencia Latina donde aparece una transferencia de poderes a una de sus hijas.
El 12 de diciembre, la periodista Rosa María Palacios, de Radio Programas del Perú y Canal 6 de cable, denunció haber sido víctima de espionaje telefónico luego de que una agencia de seguridad, contratada por ella misma, encontró un micrófono en un poste de línea telefónica contiguo a su vivienda.
El 14 de diciembre, el reportero Edwin Azaña Alejos, del programa “El Poder de la Información”, que trasmite Canal 31 de la ciudad de Chimbote en el departamento de Ancash, fue agredido violentamente por tres militantes del Partido Aprista Peruano cuando cubría el proceso electoral interno del partido político.
El 30 de diciembre, personal de seguridad del entonces Ministro de Trabajo, Jesús Alvarado y militantes del partido del gobierno, Perú Posible, agredieron a los periodistas al finalizar una conferencia de prensa en la sede de dicho ministerio. El hecho ocurrió luego que el ministro leyó un pronunciamiento para aclarar acusaciones de nepotismo denunciados por la prensa en contra suya.
El 31 de diciembre, el periodista Joel Valencia Palomino redactor de la revista El Eco Picotino y del semanario El Sol de Huallaga, de la ciudad de Picota en la región San Martín, fue agredido por el regidor de la municipalidad, Hugo Laurencio Rengifo Tello.
El 20 de enero, el presidente de la Corte Suprema, Hugo Sibina Hurtado, dispuso que se restrinja el acceso de los periodistas al Palacio de Justicia, alegando medidas de seguridad y orden.
El 26 de enero, el periodista Pedro Salinas, columnista del diario Correo y conductor del programa radial “Suma de Opiniones” que trasmite la radio La Inolvidable, denunció ser víctima de una persecución judicial promovida por el congresista Jorge Mufarech, quien le interpuso una demanda por el delito de difamación por un millón de dólares, a raíz de dos artículos de opinión publicados en diciembre del 2002 y marzo del 2003 en el diario Correo.
El 27 de enero, el propietario de radio Miraflores, Ricardo Palma Michelsen, denunció que recibe constantes llamadas telefónicas anónimas que lo presionan para que se cancelen el programa “La Hora del Chino”, conducido desde Japón por el ex presidente Fujimori, así como los programas de los periodistas Nicolás Lúcar y Fernando Viaña, opositores al gobierno de Alejandro Toledo. El empresario precisó que, a través de las comunicaciones, le ofrecen a cambio dejar sin efecto la deuda que mantiene con la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, SUNAT, que asciende a 95 millones de soles.
El 30 de enero, el periodista Guillermo Navas Chujunatalli director de la revista Panorama Regional de Tarapoto, fue detenido por miembros de la División de Requisitorias de la Policía de la Región San Martín. Según autoridades, Navas no acudió a las citaciones del proceso judicial presentado por el ex decano del Colegio de Notarios de San Martín, Justo Pérez Ruiz, por el presunto delito contra el honor.
El 1 de febrero, la Comisión de Fiscalización del Congreso recibió los testimonios de las periodistas Catherine Lanseros del diario Correo, Lenka Zajec, del diario La República, y Zarella Sierra, del diario Perú 21, quienes investigaron el caso Almeyda-Montesinos. Las periodistas confirmaron que tenían información de que el ex ministro de Justicia y actual Embajador del Perú en España, Fernando Olivera, no sólo sabía de la negociación de Almeyda con Villanueva sino que también recibió documentación que guardaba el hoy difunto general Villanueva.
El 4 de febrero, la reportera Abigail Díaz Moncada, del Diario de Chimbote y Edwin Azaña Alejos camarógrafo del programa “El poder de la Información”, de Canal 31, fueron agredidos verbal y físicamente por miembros del Sindicato de Trabajadores de Construcción Civil.
El 23 de febrero, la bancada oficialista del Congreso anunció, a través del congresista Jorge Mufarech, que contratará abogados para denunciar a los medios de comunicación que presenten denuncias indebidamente sustentadas en contra de funcionarios del gobierno.
El 27 de febrero, el fiscal anticorrupción Jorge Luis Cortés, denunció penalmente al periodista Humberto Ortiz Pajuelo de estar involucrado en las negociaciones para la venta del audio que registra la conversación entre el ex asesor presidencial, César Almeyda y el fallecido general Oscar Villanueva. Ortiz, actualmente en Estados Unidos, es acusado por los delitos de encubrimiento real y asociación ilícita para delinquir en agravio del Estado.
El 2 de marzo, la juez penal titular especial de la Corte Superior de Justicia de Lima, Carolina Lizárraga, notificó con el auto apertorio de instrucción al periodista Humberto Ortiz por los presuntos delitos de encubrimiento real y asociación ilícita para delinquir en agravio del Estado. De acuerdo con la denuncia penal “se infiere que ha participado conformando un grupo delictivo claramente definido, destinado a utilizar, con fines eminentemente ilícitos, información obtenida por medios que corresponderá establecer (...) llegándose a ofrecer la venta de un audio a dueños de medios...”. Como consecuencia se ha dispuesto el embargo preventivo de los bienes y cuentas bancarias y se ha dictado una orden de impedimento de salida del país contra el periodista.
El 27 de febrero, mediante comunicado, el Consejo de la Prensa Peruana manifestó su preocupación por la resolución emitida por el juez del 8º Juzgado Especializado de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, Oscar Burga Zamora, que ordenó a la periodista Rosa Chambergo, directora del semanario Expresión de Chiclayo, abstenerse de publicar temas que se refieran al alcalde de la ciudad de Chiclayo, Arturo Chirinos, anteponiéndose al juicio y cuando tan sólo se ha abierto investigación preliminar. Dicha resolución se basa en la querella por el delito de difamación agravada presentada por el referido alcalde contra la periodista. El Consejo de la Prensa hizo pública su protesta y manifestó que medidas cautelares que afectan la libertad de expresión constituyen, en la práctica, censura previa.
El 26 de febrero, la presidenta de la región Huánuco, Luzmila Templo Condeso, demandó por delito de difamación ante el Juzgado Penal 5 de Huánuco al director del diario El Comercio, Alejandro Miró Quesada Cisneros, a raíz de la publicación de información sobre sus vínculos con algunos dirigentes cocaleros.
En marzo, el congresista Jorge Mufarech presentó una recusación contra la jueza Silvia Maguiño Melgarejo, quien tiene a cargo la querella por difamación que presentó el citado congresista, contra el diario El Comercio, a raíz de la publicación de una investigación periodística sobre supuestas irregularidades en el trámite de importación de un automóvil Jaguar de propiedad del parlamentario. Como resultado de la gestión, que ha sido calificada como una maniobra intimidatoria por la defensa del diario, la jueza Maguiño, quien se aprestaba a dictar sentencia, solicitó su separación del caso. El proceso, que se inició en septiembre del 2002, ya ha sido visto por tres jueces. De prosperar la recusación del congresista, el Poder Judicial tendrá que nombrar a un cuarto magistrado.
El 28 de febrero, el secretario del 1er. Juzgado Anticorrupción que sigue el juicio por narcotráfico a Vladimiro Montesinos, luego de recibir la declaración de Gustavo Mohme Seminario, director del diario La República, se negó a entregarle una copia de su declaración aduciendo reserva.
Entre los juicios a medios de comunicación acusados de actos de corrupción durante el gobierno de Fujimori se destacan:
El 8 de octubre, el fiscal superior, Pablo Sánchez Velarde, solicitó duplicar a 36 meses el período de detención del argentino Héctor Faisal, quien es procesado por utilizar dinero del Estado para difamar a periodistas y políticos opositores al gobierno del ex presidente Alberto Fujimori, a través de la página de Internet, APRODEV.
El 9 de octubre, la Fiscal de la Nación, Nelly Calderón Navarro, presentó una denuncia penal ante la Corte Suprema contra el ex presidente Alberto Fujimori, por autorizar el uso irregular de los recursos del Estado para la compra de Cable Canal de Noticias (CCN) y financiar con más de un millón de dólares al ex director del diario Expreso, Eduardo Calmell, para que apoye su campaña por la reelección.
El 17 de octubre, la Fiscalía de la Nación declaró fundada la investigación seguida contra el juez del 10º Juzgado Penal del Callao, Víctor Arbulú, quien en julio del 2002 aceptó un hábeas corpus y dispuso la excarcelación del ex director del diario Expreso, Eduardo Calmell del Solar, vinculado a la red de corrupción del ex presidente Alberto Fujimori.
El 17 de noviembre, la Fiscal de la Nación, Nelly Calderón Navarro, denunció al ex presidente Alberto Fujimori por ordenar a agentes del SIN que torturen al periodista Fabián Salazar Olivares, para que revele quién o quiénes le habían entregado cinco vídeos y cintas de audio que registraban actos de corrupción que involucraban a diversas autoridades y propietarios de medios de comunicación durante el régimen de Fujimori.
El 27 de enero, la Sala Superior Anticorrupción aprobó un acuerdo de colaboración eficaz con los hermanos Mendel y Samuel Winter Zuzunaga, accionistas de Frecuencia Latina, procesados por el delito de complicidad en peculado y asociación ilícita para delinquir por haber recibido dinero de Vladimiro Montesinos a cambio de apoyar al gobierno de Alberto Fujimori.
Luego de 36 meses de reclusión, la Sala Penal Anticorrupción ordenó, los días 23 y 28 de enero, la excarcelación de los ex directivos de Frecuencia Latina, Samuel y Mendel Winter Zuzunaga, respectivamente, disponiendo su arresto domiciliario. Los magistrados sustentaron su decisión por considerar que al haberse acogido a la colaboración eficaz, el peligro de fuga de los mencionados empresarios se redujo considerablemente.
El 22 de enero la Sala Penal Especial Anticorrupción inició el juicio público a Vladimiro Montesinos y los dueños y directores de los llamados “diarios chicha”, quienes durante el gobierno de Alberto Fujimori recibieron dinero del Estado para apoyar la ilegal reelección del entonces mandatario y participar en la campaña de desinformación y difamación a periodistas y opositores del régimen de entonces. Los encausados son 29, entre ellos, Vladimiro Montesinos, los oficiales de las fuerzas armadas Humberto Rozas, Antonio Ibárcena, José Villanueva, Elesván Bello; los publicistas Augusto Bressani, Giancarlo Bressani, Jorge Bressani, Oscar Doufur, Daniel Borobio, Ricardo Winitzky; los propietarios, directores o periodistas Jorge Rivera, Alejandro Estenos, José y Fernando Oliveri, Pablo Documet, José Olaya, Moisés Wolfenson, Alex Wolfenson, Marcelo Gullo, Edgar Camargo, José Reyes, Boris Romero, Mario Ruiz Agüero, Wilmer Ramos Viera, Pedro Chévez, Mariam Revenna y Fiorella Olaya.
El 18 de febrero, el 6º Juzgado Penal de Lima sentenció a tres años de prisión a José Olaya, ex director del diario El Tío por el delito de difamación agravada contra el director fundador del diario La República, Gustavo Mohme Llona, y los periodistas del mismo diario Mirko Lauer, Edmundo Cruz y Ángel Páez.
El 25 de febrero, Vladimiro Montesinos fue condenado a tres años de prisión por difamar al ex director periodístico del diario La República Gustavo Mohme Llona y a los periodistas Edmundo Cruz, Ángel Páez y Mirko Lauer a través de las portadas del diario El Tío. La sentencia dictada por el juez Edwin Terrones Dávila, es la primera que recibe Montesinos por acciones contra la prensa.
El 27 de febrero, el publicista Augusto Bressani fue condenado a tres años de prisión condicional por su participación en la campaña difamatoria contra el director y los tres periodistas del diario La República. El titular del 6º Juzgado Penal de Lima dispuso una reparación civil de 40 mil soles.
El 5 de febrero, el Juzgado de Migraciones de Primera Instancia de Washington, Estados Unidos, rechazó el pedido de asilo político del ex director del diario Expreso, Eduardo Calmell del Solar, quien alega ser perseguido político.
Por último, en el caso de Panamericana Televisión el 16 de noviembre, 50 sujetos armados de palos, martillos y demás objetos asaltaron la sede de Panamericana Televisión ubicada en la cuadra 10 de la avenida Arequipa, que permanece bajo el control del ex accionista de Canal 5, Ernesto Schutz Freundt. El 18 de noviembre, la Fiscal de Turno Jacqueline del Pozo Castro, denunció a 14 vándalos por los destrozos. Por su parte, el entonces Ministro de Transportes y Comunicaciones, Eduardo Iriarte, manifestó que dicho ministerio sólo interviene o sanciona cuando existen deficiencias técnicas en las empresas de telecomunicaciones, añadiendo que el caso de Panamericana Televisión debe resolverse en el ámbito judicial.
El 23 de febrero, el 2º Juzgado Civil del Cono Norte, a cargo de la jueza Ana Lucía Campos, dejó sin efecto la medida cautelar que designó al empresario Genaro Delgado Parker como administrador judicial temporal de Panamericana Televisión. La resolución judicial 219 dispuso que se reponga la administración de Canal 5 al grupo de Ernesto Schutz Freundt. Ese mismo día, la defensa de Genaro Delgado Parker presentó una apelación contra dicha resolución, así como una recusación contra la jueza Campos y una denuncia penal por los delitos de abuso de autoridad, denegación de justicia y prevaricato. El 24 de febrero, el Ministro de Transporte y Comunicaciones, José Ortiz Rivera afirmó que su sector no intervendrá en el caso de Panamericana Televisión, por corresponder al ámbito del poder judicial.
El 26 de febrero, el magistrado Pablo Livia, titular de la 36ª. Fiscalía Provincial Penal de Lima, denunció a Ernesto Schutz Freundt, Pedro Arbulú y Federico Anchorena, directivos de la administración Schutz de Panamericana Televisión de haber transferido ilegalmente acciones de Canal 5 a las empresas Telespectra, Helvética y Antártica. Dichos directivos también son acusados por los delitos de apropiación ilícita contra el patrimonio en la modalidad de fraude. En respuesta, la administración Schutz rechazó la denuncia y advirtió la existencia de maniobras judiciales que buscan dilatar la recuperación de Panamericana Televisión.
El 1 de marzo, el 8º Juzgado Penal de Lima abrió proceso contra el empresario Ernesto Schutz Freundt, Pedro Arbulú y Federico Anchorena por la supuesta transferencia ilegal de las acciones de Panamericana Televisión a la compañía Telespectra.