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PERU Durante este período, el clima favorable a la libertad de prensa y de expresión se ha visto enrarecido por hechos de diversa naturaleza que preocupan, puesto que de recrudecer, generarían un ambiente adverso para que la prensa desarrolle su labor informativa en la etapa preelectoral de cara a las elecciones generales del 2006. Se ha incrementado el número de ataques violentos contra periodistas de Lima y de provincias como represalia por su labor informativa. Estas agresiones incluyen incursiones a mano armada a locales de medios de comunicación, secuestros temporales incautación y destrucción de materiales y herramientas de trabajo y amenazas de muerte anónimas contra periodistas. En algunos casos, particularmente en provincias, los agresores han sido identificados y vinculados con autoridades locales cuestionadas por la prensa. Tal es el caso de la reciente agresión contra el periodista Paul Garay Ramírez conductor del programa “La Voz del Pueblo” de radio Frecuencia Oriental de Pucallpa, quien fue duramente golpeado en dos oportunidades por personas armadas, ya identificadas, mientras transmitía su espacio informativo. Garay era cercano colaborador del periodista Alberto Rivera Fernández, asesinado en abril de 2004. El caso Rivera sigue sin esclarecerse mientras dos periodistas acusados de ser los autores intelectuales del crimen, que laboraban en la Municipalidad de Coronel Portillo, continúan detenidos en el Penal de Máxima Seguridad de Pucallpa. Existen indicios que vinculan el asesinato de Rivera Fernández con el narcotráfico, actividad que ha recrudecido como consecuencia de la implementación del plan Colombia en nuestro país. En febrero el Consejo de la Prensa Peruana rechazó públicamente el fallo de la Corte Superior de Madre de Dios que ratifica una sentencia de dos años de pena privativa de libertad e impedimento de ejercer la profesión, contra el director del noticiero radial, “La Voz de Madre de Dios”, Luis Aguirre Pastor, conocido por sus denuncias periodísticas contra autoridades de la región. La inhabilitación al periodista establece un funesto precedente ya que se sustenta en que Aguirre no ostenta título universitario ni está agremiado al Colegio de Periodistas. En marzo de 2004, dicho fallo motivó una investigación y sanción de la oficina de control judicial contra el juez y la fiscal de la referida corte. Por otra parte, durante este período la tensión prensa-gobierno se tornó critica cuando los congresistas de la bancada del partido de gobierno Perú Posible y sus aliados políticos del Frente Independiente Moralizador (FIM), presentaron una moción pidiendo que se formara una comisión legislativa para investigar un supuesto complot contra el gobierno, en el que participarían un grupo de periodistas, empresarios y miembros de la “mafia fujimorista”. Si bien dicha moción fue rechazada hasta en cuatro oportunidades y finalmente postergada hasta la legislatura que se inicia en marzo, representantes del FIM presentaron una denuncia ante el Ministerio Público, por presunto delito de asociación ilícita para delinquir y perpetrar actos de chantaje y extorsión, contra un grupo de personas, entre ellos periodistas, lo que motivó al titular de la Trigésima Séptima Fiscalía abrir una investigación preliminar, la cual continúa su curso. Asimismo, preocupan las amenazas de millonarias acciones judiciales, anunciadas por representantes legales de la compañía Cervecera Bavaria, contra los periodistas Fernando Ampuero, y Pablo O´Brien jefe de la Unidad de Investigación y redactor del diario El Comercio, respectivamente, a raíz de las denuncias publicadas sobre supuestos sobornos que involucrarían a altos funcionarios del gobierno. En el ámbito legislativo es motivo de rechazo algunos aspectos del Reglamento de la Ley de Radio y Televisión, aprobado el 15 de febrero promulgado en julio del 2004. El mismo establece la potestad al Ministerio de Transportes y Comunicaciones de evaluar, aceptar o rechazar los códigos de ética, que según la norma, todo medio de comunicación audiovisual debe presentar. Asimismo, dispone que en caso de guerra externa, el Ministerio de Defensa podrá asumir el control de los servicios de radiodifusión y dictar disposiciones de tipo operativo. Finalmente, tras un largo proceso, la sala Anticorrupción condenó a altos mandos militares, así como a propietarios de medios de comunicación y periodistas de la llamada “prensa chicha” que participaron, a cambio de dinero, en la campaña de desinformación y difamación contra políticos y periodistas opositores al régimen de Alberto Fujimori. Los directores de los medios de comunicación y periodistas fueron condenados a cumplir penas de prisión efectiva, que oscilan entre cinco y ocho años, por los delitos de asociación ilícita para delinquir y peculado en agravio del Estado. Dicho fallo fue reconocido por los medios de comunicación más representativos del país, así como por la opinión pública. A continuación la cronología de casos ocurridos entre octubre del 2004 y febrero del 2005. El 15 de octubre, los periodistas Eduardo Cobos y Lorena Ormeño, de Panamericana Televisión; Lizbeth Maceda y Armando Valle, de Frecuencia Latina; Luisa Vargas, Pamela Molina y Erick Schreiber de ATV; así como Roberto Villanueva y Jorge de la Quintana, de cadena Univisión, fueron agredidos físicamente y verbalmente por personas no identificadas, quienes les arrebataron material periodístico registrado durante el desalojo a un grupo de comerciantes del Mercado Mayorista de Frutas Número 2, en el distrito limeño de la Victoria a cargo de la Policía Nacional en Lima. El 18 de
Octubre, Beatriz Jiménez Tejero, enviada especial de Radio La Voz de
la Selva de Iquitos y Luz Marina Herrera, del diario La Región, fueron
evacuadas en un avión de la Fuerza Aérea, luego de ser cercadas
y amenazadas por miembros del Comité de Revocatoria de El Estrecho, mientras
cubrían el proceso de revocatoria del alcalde Víctor Raúl
Reátegui Paredes. El 28 de octubre, los periodistas Jorge Carlos Flores Burgos y Karina Flores, locutor y periodista del programa “Sin Censura” de radio La Voz; Alberto Enrique Pintado Villaverde, corresponsal de Televisión Nacional del Perú en Amazonas, e Iván Alexander Peralta Chunga, locutor de radio Mix de Bagua Grande, fueron denunciados por José Luis Novoa Flores, suspendido alcalde de la provincia de Utcubamba en la región Amazonas, ante la Fiscalía Provincial Mixta de Utcubamba por los cargos de sedición, rebelión, y daños en forma agraviada. Los mencionados periodistas habían denunciado actos de corrupción durante la gestión municipal de Novoa Flores. El 29 de octubre, el periodista Oswaldo Condori, propietario de radio Oriental, en la provincia Huancané, región Puno, fue amenazado y agredido físicamente por un grupo de desconocidos que irrumpieron en la radio mientras conducía el noticiero, conminándolo a dejar de denunciar presuntos actos de corrupción administrativos en la municipalidad de Huancané. El 2 de noviembre, Raúl Vela Carhuas, periodista del diario El Pregonero de Huánuco, recibió una llamada anónima a su teléfono celular exigiéndole dejar de informar sobre la lentitud con la que avanzan los procesos judiciales por terrorismo; caso contrario habrían represalias contra el director del periódico y toda la plana periodística del diario. Vela comprobó que la llamada se realizó desde la cárcel de Potracancha, situada en la región. El periodista atribuye las amenazas a que el diario advirtió sobre la posible liberación de presos por terrorismo. El 12 de
noviembre, el periodista Luis Lingán Ramírez de radio HGB en Cajamarca,
pasó a la clandestinidad al ser alertado por colegas que podría
ser víctima de secuestro por miembros de paramilitares de la ciudad de
Santa Cruz, provincia de la región de Cajamarca. El 29 de noviembre, el periodista Juan Segundo Espinoza Linares del programa “Voz y pensamiento del pueblo” de radio Nova de Ancash, fue agredido física y verbalmente por el guardia municipal Humberto Venegas Liñán mientras se encontraba en la subgerencia de Infraestructura de la Municipalidad Provincial de Santa. El 1 de diciembre, el Vigésimo Juzgado Penal de Lima, presidido por la jueza María Falconí, archivó la denuncia por difamación entablada por el congresista Jorge Mufarech, contra el columnista del diario Correo de Lima, Pedro Salinas, al resolver que los artículos en cuestión expresaban opiniones amparadas en el derecho de libertad de expresión. El 1 de
diciembre, los periodistas Hugo Sucacahua, corresponsal de Panamericana Televisión
en Juliaca, Jorge Rojas Díaz, de Canal 21 Grami TV, y Julio Núñez,
de Radio La Transmisión Correcta, fueron despojados de sus equipos de
trabajo y material periodístico por un grupo de militares durante una
manifestación convocada por el presidente de la región Puno, David
Jiménez. El 3 de diciembre, Elías Navarro Palomino, corresponsal del diario La República en la región Ayacucho, denunció haber recibido amenazas de muerte a través de mensajes de texto enviados a su teléfono móvil. Según el periodista los autores serían los miembros de la facción radical de Sindicato Único de Trabajadores de la Educación Peruana (SUTEP), en represalia por los informes periodísticos que Navarro publicó sobre un juicio contra el sindicato y sus relaciones con el grupo terrorista Sendero Luminoso. El 6 de diciembre, Ángela Arias, corresponsal del noticiero “ATV Noticias”, fue agredida cuando cubría un paro regional en la ciudad de la Oroya, región Junín. El 10 de diciembre, Henry Portugal Pérez, conductor del programa “La Voz del Pueblo”, que transmite Radio Caplina de Tacna, sufrió un atentado contra su vivienda al ser incendiada por desconocidos. Este acto de violencia se debería a las constantes denuncias hechas por el periodista en contra del gobierno regional y la municipalidad de Tacna por irregularidades en la administración. El 20 de diciembre, Henry Galo Medina, director del noticiero “San Miguel Informa”, transmitido por radio San Miguel en el distrito de Ilave, Puno, fue puesto en libertad por orden de la Sala Penal del Distrito Judicial de Puno, luego de permanecer detenido 8 meses acusado de incitar la violencia durante los disturbios ocurridos el 26 de abril del 2004 que terminaron con el linchamiento público del alcalde de Ilave, Cirilo Robles. El 27 de diciembre, Duber Mauriola Labán, locutor de Radio Centinela de Piura, fue secuestrado por miembros de rondas campesinas armados con palos, quienes lo acusaron de defender los intereses de la empresa minera Majaz que estaría contaminando Huancabamba, provincia de Piura. El 30 de diciembre la policía rescató al periodista quien presentaba huellas de haber sido torturado. El 3 de enero de 2005, José Francisco y José Enrique Crousillat, ex propietarios de América Televisión, fueron capturados en Chile y posteriormente deportados a la Argentina, desde adonde se fugaron en octubre de 2004. Los empresarios son requeridos por la justicia peruana acusados por los delitos de recepción de bienes, tráfico de influencias, peculado y asociación ilícita en confabulación con el asesor Vladimiro Montesinos, durante el régimen de Alberto Fujimori. La Cancillería peruana informó de que gestiona la extradición de los empresarios en el poder judicial argentino. El 11 de enero, los periodistas José Díaz Rodríguez, de América Televisión, y Joice Pacori, del diario Correo, fueron agredidos y despojados de material periodístico por efectivos de seguridad del Hospital Hipólito Unanue de Lima, mientras investigaban la muerte de una ciudadana colombiana por negligencia medica. El 14 de enero, Santos García Núñez, conductor del programa “La Verdad”, de radio Néctar, fue golpeado y amenazado por un grupo de pobladores de la localidad de Nueva Cajamarca, provincia de Rioja, región San Martín. Éstos fueron incitados por Juan Héctor Vizconde Piparra, quien acusó del periodista de difamar a los pobladores. García fue llevado a la asamblea pública para que rectificara. El periodista se negó, por lo que la asamblea se disolvió. Luego el periodista presentó una denuncia por agresión ante la Policía Nacional de Nueva Cajamarca. El 16 de enero las instalaciones de radio Néctar fueron atacadas por alrededor de 40 comuneros liderados por Santos Díaz Carrasco y Vizconde Piparra, quienes destruyeron las oficinas y los equipos de transmisión de la emisora, y amenazaron con un revólver a algunos periodistas. Los agresores justificaron sus actos señalando que fueron insultados en un programa radial . El 19 de enero, Julio Jara Ladrón de Guevara, director del diario El Comercio de Cusco, fue condenado por el juez del Tercer Juzgado Penal de Cusco, Miguel Ángel Castelo Andía, a un año de prisión suspendida y pago de reparación civil al Estado y al denunciante, por delito de difamación en agravio del ex funcionario regional del Cusco, Rafael Córdoba Paliza. Según el fallo, el periodista difamó a Córdoba Paliza al publicar un artículo en el que se le atribuyen los delitos de estafa y robo en perjuicio de 42 comunidades campesinas. El periodista afirmó que se limitó a reproducir las declaraciones de un congresista por lo que apeló la sentencia. El 20 de enero, Ana María Yesquén, corresponsal de Radio Programas del Perú en Chiclayo, fue golpeada por un capitán de la Policía Nacional de apellido Martínez cuando Yesquén pretendía entrar a una quinta para cubrir el desalojo de un grupo de familias en dicha ciudad. El 24 de enero, Antonio Angulo Daneri, periodista de la revista Etiqueta Negra, fue agredido por un grupo de partidarios del Partido Aprista Peruano (APRA) durante la presentación de su libro Llámalo amor si quieres en la feria del libro de la ciudad de Trujillo; en rechazo a un recuento del autor sobre la supuesta homosexualidad del fundador del APRA Víctor Raúl Haya de la Torre. El 25 de enero, Pablo O’Brien Cuadros, periodista de la Unidad de Investigación del diario El Comercio, fue denunciado ante la Decimotercera Fiscalía de Circuito de la Ciudad de Panamá, por delitos contra la fe pública y falsedad ideológica. La denuncia fue por la Cervecería Colombiana Bavaria, a través de su representante Jaime Lombana. El 26 de enero, la Sala Anticorrupción “A” sentenció con una pena de 5 años de prisión efectiva, a los responsables de la campaña mediática realizada entre 1997 y 2000 que buscó desprestigiar a periodistas y políticos opositores del entonces gobierno de Alberto Fujimori. Los condenados por el delito contra la administración pública y peculado en agravio del Estado son: Moisés Wolfenson, director del diario La Razón y ex dueño de los diarios El Chino y El Men; Alex Wolfenson, ex gerente administrativo de la empresa editora Todo Sport, José Olaya, ex director del diario El Chino y actual propietario del tabloide El Tío. Asimismo Pablo Document Rivera, propietario de la editora El Gigante y de los diarios El Chato, La Yuca y Conclusión y Jorge Rivera, propietario del diario La Chuchi. El 29 de enero, el periodista Fernando Valverde Lavado del diario Ya de Huaraz, fue golpeado en la calle por desconocidos hasta que transeúntes acudieron en su auxilio y lo trasladaron a un hospital. Los responsables de este hecho fueron identificados como Gilfor y Gif Alva Sotomayor; hijos de Alva Fontanela, coordinador de la universidad Los Ángeles, filial de Pomabamba, blanco las denuncias periodísticas de Valverde. El 17 de
febrero, Paul Garay Ramírez, director del semanario Del Pueblo de Pucallpa
y conductor del programa radial “La Voz del Pueblo”, fue impedido
de transmitir su programa cuando Jaime del Águila Carrillo, actual presidente
de la Federación de Periodistas de Pucallpa y jefe del Instituto Peruano
de Deportes de Ucayali y tres sujetos no identificados --uno de los cuales portaba
un arma de fuego-- incursionaron violentamente en las instalaciones de radio
Frecuencia El 23 de febrero Paul Garay Ramírez nuevamente fue víctima de una violenta agresión física. Tres personas con armas de fuego volvieron a incursionar en la sede de radio Frecuencia Oriental y le dejaron gravemente herido por la golpeadura. Uno de los agresores fue identificado como Jaime del Águila Ríos, hijo del antes mencionado Jaime del Águila Carrillo. El periodista atribuye estos ataques a sus constantes denuncias de corrupción en diversas instituciones gubernamentales, regionales y gremiales. El 4 de marzo, la juez mixto de la provincia de Yungay, Doris Osorio, ordenó la libertad provisional de Casiano Vega Jara, chofer del alcalde de Yungay, sindicado inicialmente como autor material del asesinato del periodista Antonio De La Torre Echeandía, de radio Órbita. Actualmente continua en el penal de Huaraz el alcalde del distrito de Yungay, Amaro León León, presunto autor intelectual del crimen del periodista ocurrido el 14 de febrero del 2004. Sigue prófugo, Moisés David Julca Orrillo, identificado por la División Nacional de Criminalística como el asesino del periodista.
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