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Singular importancia tienen los resultados de la campaña sostenida por la Sociedad Interamericana de Prensa y el Consejo de la Prensa Peruana para que el asesinato del periodista Alberto Rivera Fernández no quede impune. El 7 de febrero una misión conjunta acompañada de periodistas de diversos medios se destacó en la ciudad de Pucallpa para presenciar la lectura de la sentencia del primer juicio en la Corte Superior de Ucayali. Las penas impuestas, consideradas ejemplarizadoras, oscilan entre los 25 y 30 años de cárcel, para algunos de los implicados en el asesinato. Queda pendiente el segundo juicio por la misma causa, que se reinició en marzo y que busca esclarecer la responsabilidad intelectual en el asesinato. En ese proceso están involucrados el alcalde provincial de Coronel Portillo Luis Valdez Villacorta, el ex presidente y actual vocal de la Sala Civil de la Corte Superior de Ucayali, Solio Ramírez Garay, el intermediario Alex Panduro Ventura y el sicario Lito Fasabi Pizango. En otro proceso judicial, el 14 de diciembre del 2005, la Corte Superior de Ancash sentenció a 17 años de privación de libertad al alcalde de Yungay, Amaro León León, como autor intelectual del asesinato del periodista radial Antonio De la Torre Echeandía sucedido el 14 de febrero del 2004. La misma sentencia recayó sobre sus cómplices Pedro Ángeles Figueroa y Antonio Torres Camones. Aún están pendientes las condenas contra la hija del alcalde Emma León y su cómplice Moisés David Julia, acusados de planificar el asesinato y sobre quienes pende orden de captura e impedimento de salida del país. Una denuncia que genera preocupación es la del periodista Cesar Hildebrandt, conductor del programa “Hoy con Hildebrandt” que trasmitía canal 2, quien atribuyó su sorpresiva salida del canal a principios de febrero a presiones internas para favorecer la candidatura de Lourdes Flores Nano. El periodista reiteró su denuncia ante la misión de observadores electorales de la OEA y reveló que a fines del 2005 el Estado peruano había realizado un resarcimiento de $20 millones de soles al propietario de Frecuencia Latina, Baruch Ivcher, en seguimiento de una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Dicho pago generó gran controversia debido al monto transado y al secretismo inicial del gobierno al respecto. El presidente de la misión de avanzada de la OEA, Lloyd Axworthy, declaró que representantes de la sociedad civil y candidatos presidenciales denunciaron que hay favoritismo en algunos medios de comunicación, en especial de la televisión, hacia la candidatura de Lourdes Flores Nano. Axworthy, quien no respaldó las denuncias, precisó que había que tener en cuenta las inquietudes de los actores en el proceso electoral. Organismos públicos electorales, organizaciones privadas y medios de comunicación, entre ellos el canal de televisión del Estado, han realizado importantes esfuerzos para difundir los diversos programas de gobierno, las hojas de vida y trayectoria de los candidatos y el origen de las fuentes de financiamiento de las campañas partidarias. Los principales candidatos han declinado confrontarse públicamente. El Consejo de la Prensa Peruana realizó un foro para que los candidatos se adhieran a “Los Principios de Lima”, comprometiéndose a favor de la Libertad de Prensa, al acceso ciudadano a la información en poder del Estado y la transparencia en la administración pública. El documento ha sido suscrito por 12 de los postulantes. La Sociedad Nacional de Radio y Televisión que agrupa a los principales medios protestó y presentó una acción de inconstitucionalidad contra la la Ley 28094 de Partidos Políticos que establece espacios televisivos obligatorios para los candidatos a la Presidencia durante horario estelar. Finalmente el Estado compensó económicamente a los medios por dichas transmisiones. El Consejo de la Prensa Peruana intercedió ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para que modifique los alcances del Reglamento del Registro Electoral de Encuestadores en lo que concierne a la difusión de encuestas en los medios. Consideró que en esta disposición de diciembre del 2005, el órgano electoral se excedía en sus funciones al establecer pautas poco prácticas para la publicación de sondeos de opinión pública, las rectificaciones de información erradas, entre ellas denuncias penales para la prensa infractora. Aún está pendiente la publicación del reglamento modificado. Fue recibido con beneplácito el ofrecimiento del presidente de la Comisión de Defensa del Congreso, Luis Ibérico, de tramitar a la brevedad ante el parlamento un proyecto de ley que modifica algunos artículos de la Ley del Sistema de Inteligencia Nacional (SINA) y de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI), presentado por la congresista Anel Towsend. Dicha ley contraviene la Ley de transparencia y Acceso a la información Pública. Otros hechos sobresalientes en este período: El 11 de octubre, desconocidos echaron gran cantidad de combustible a la puerta de Radio Panorama de la ciudad de Andahuaylas, aunque no prendieron fuego. El periodista Ronald Ripa, gerente de la emisora y corresponsal de Idéele radio, señaló que el hecho ocurrió luego de que denunció actos de corrupción en el gobierno regional de Apurímac. El 11 de octubre, el director y el editor del diario Correo de Trujillo, Rolando Rodrich y Luís Bahamonde, respectivamente, fueron sentenciados a dos años de prisión suspendida y al pago de 30 mil soles por el juez del Noveno Juzgado Penal de la Corte Superior de La Libertad, César Ortiz, quien los encontró culpables del delito de difamación. Los periodistas publicaron una serie de denuncias contra el asesor del proyecto Chavimochic, Walter Benítez, sobrino del presidente de la Corte Suprema del Perú. El 18 de octubre, José
Calero, camarógrafo de Antena 31 de televisión, fue agredido físicamente
por el jefe de la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) de
Huanuco, Marco Antonio Montalvo, mientras cumplía su labor informativa.
Lo acompañaba el periodista Raúl Vela, del mismo medio. La agresión
sucedió en el local de la ODPE, cuando los periodistas intentaron obtener
información sobre la pérdida de actas electorales del referendo
regional en la ciudad de Huánuco. El 26 de octubre, Róger Chávez Neyra, periodista de Radio Solidaridad de Uchiza, en la región San Martín, denunció que personas desconocidas venían siguiéndolo tanto a pie como a bordo de vehículos no identificados. Señaló que preparaba una denuncia periodística contra el alcalde de la ciudad de Uchiza cuando se iniciaron los seguimientos. El 6 de noviembre, un grupo de taxistas de la empresa Habana Tours golpeó a Diego Rojas Latorre y Ariana Rojas Latorre, reporteros de Canal 35 de Trujillo, luego de que grabaron un operativo policial en que se detuvo a un taxista acusado de pertenecer a una banda dedicada al robo de autos. El 1 de diciembre, Rocío
Margot Paredes Matheus, periodista de la sección policial del diario
Correo de Ayacucho, denunció ser víctima de amenazas telefónicas
que se iniciaron luego de que la Unidad de Investigación del diario Correo,
a la que no pertenece, publicó información sobre supuestas irregularidades
cometidas por el jefe de la División de Antidrogas de Ayacucho. El 15 de diciembre, desconocidos atacaron con dinamita el local de la revista Horas de Lucha, de Ayacucho. Se registraron daños materiales, mas no heridos. El 26 de diciembre, Rory Huaney Rodríguez, periodista de Radio Órbita de Yungay, fue amenazado de muerte por Jean Carlo León Martínez, hijo del ex alcalde de Yungay, Amaro León León, quien fue sentenciado en diciembre por el asesinato del periodista Antonio De La Torre. Huaney señaló que hace cuatro meses denunció a León Martínez por agresión física ante la DIVINDRI de Huaraz. La investigación policial nunca concluyó porque el acusado figuraba como no habido. El 28 de diciembre, Raúl Vela Carhuas, editor del periódico El Pregonero de Huánuco, fue amenazado de muerte por el director del Pronamachs, Jonel Valderrama Medrano. El periodista había denunciado que el funcionario de la empresa estatal encargada de distribuir alimentos tenía una denuncia penal por falsificación de firmas a favor del partido de gobierno. El 29 de diciembre, los
reporteros gráficos Leocadio Madera y Wilar Lazo Molina del diario El
Sol y El Compatriota, respectivamente, fueron agredidos por miembros de la seguridad
del presidente Alejandro Toledo, en la ciudad de Cusco, mientras cubrían
una ceremonia de inauguración de obras. El 9 de enero, el Ministerio de Justicia autorizó la solicitud de extradición al gobierno chileno del ex propietario de canal 9, Julio Vera Abad, por mantener vínculos ilegales con el ex asesor presidencial Vladimiro Montesinos. El 14 de enero, el camarógrafo de Panamericana Televisión, Edgar Prado, y un grupo de periodistas fueron agredidos mientras cubrían una manifestación de protesta del movimiento fujimorista Sí Cumple, a raíz de la decisión del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) de rechazar la inscripción del ex presidente Alberto Fujimori como candidato presidencial para los comicios de abril del 2006. El 19 de enero, la Primera Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia dejó al voto la confirmación de la sentencia de 5 años de privación de libertad que recaería sobre Moisés y Alex Wolfenson, ex propietarios de los diarios La Razón y El Chino, por el delito de peculado y asociación ilícita para delinquir, al haber recibido dinero a cambio de favorecer la reelección de Alberto Fujimori. El 23 de enero, los reporteros Yasmani Pocohuanca y Gilmar Inquilla de Radio Programas del Perú fueron agredidos por Carlos Raffo, vocero de prensa del movimiento Sí Cumple y miembros de seguridad de la candidata presidencial, Martha Chávez, en la ciudad de Puno, cuando los periodistas intentaron entrevistar a Chávez. El 24 de enero, el camarógrafo
de Frecuencia Latina, Luís Marquina Bringas, resultó lesionado
mientras cubría un enfrentamiento entre 40 familias que intentaban acampar
en la playa Chepeconde al sur de Lima y guardias de una empresa de seguridad
privada que resguardaba dicho balneario. El 5 de febrero, funcionarios del Jurado Electoral Especial de Huaraz, Raquel Vírhuez Castillo y Aquilina Gladys Gonzáles intentaron suspender la emisión del programa Hora Clave, de ATV Canal 9, aduciendo que el alcalde Alfredo Vera, que sería entrevistado en el programa, estaba prohibido de realizar proselitismo político. Sin embargo, el alcalde no postula a ningún cargo público en los comicios de abril del 2006. El 7 de febrero, Luís Morón Palacios, periodista de Cadena Sur Canal 15 de Ica, fue agredido física y verbalmente por Carlos Falcón Guerra, hermano del director del Colegio Nacional San Luis de Gonzaga, Pedro Falcón Guerra, cuyo nombramiento fue cuestionado por el periodista. El 8 de febrero, Karina
Chávez, reportera del programa ´´Prensa Libre´´
de América Televisión, fue agredida verbal y físicamente
por un partidario del candidato Ollanta Humala durante un mitin político
realizado en Lima. El 13 de febrero, Ricardo Ramos Tremolada, columnista del diario Perú 21, fue interrogado por la jueza titular del 35 Juzgado Penal de Lima, durante más de cuatro horas. Posteriormente fue puesto en libertad. Ramos fue detenido un día antes en el aeropuerto Jorge Chávez, en cumplimiento de una orden de captura a raíz de una querella por difamación interpuesta contra el por el ex ministro de Justicia, Diego García Sayán. El periodista no fue notificado debidamente por el Poder Judicial sobre la orden de detención. En agosto de 2004, Ramos Tremolada publicó una columna en la que denunciaba a García Sayán por haber favorecido con indultos a presuntos terroristas durante el gobierno de transición de Valentín Paniagua. El 13 de febrero, Hermetes Gerónimo Córdova y Miguel Rojas Sifuentes, periodistas del programa El Equipo de la Noticia, de radio Conchucos, departamento de Ancash, fueron agredidos física y verbalmente por Yuri Rodríguez Apéstegui, empleado del alcalde de Mariscal Luzuriaga, Williams Álvarez, cuya gestión edil fue cuestionada por los periodistas. El 13 de febrero, el diario oficial El Peruano amenazó con denunciar a la Gaceta Jurídica por publicar normas legales en su página de Internet. Walter Gutiérrez, director de la Gaceta, declaró que continuarán publicando las normas hasta que alguna autoridad administrativa o jurídica disponga su suspensión, por ser necesaria la publicidad para la vigencia de las leyes. Asimismo, señaló que la difusión que el diario oficial hace de las leyes es —a diferencia de la realizada por el portal de la Gaceta Jurídica— tardía y no gratuita, a pesar de ser las normas legales un bien público. El 24 de febrero, en la
localidad de Aucayacu, Alto Huallaga, un grupo de efectivos policiales, bajo
las órdenes de quien se identificó como el capitán Mendoza,
solicitó información sobre la licencia de funcionamiento de Radio
Amistad, así como detalles de periodistas y corresponsales de la emisora.
Esto ocurrió a pocos días de que el corresponsal de la Coordinadora
Nacional de Radio (CNR) y periodista de Radio Amistad, Vladimir Angulo, difundiera
el testimonio de Sonia Figueroa, dueña de la vivienda donde cayó
abatido el cabecilla senderista Héctor Aponte Sinarahua, alias “Clay”.
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