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PERÚ El controvertido fallo puso en evidencia la manera poco convencional con la que se distribuyen los casos entre las salas de alta instancia judicial; en momentos en que debe resolver sobre otros juicios que atañen a medios de comunicación y periodistas. También preocupa que su presidente, el doctor Robinson Gonzáles, haya denunciado públicamente que es víctima de la “satanización” de la prensa. La Policía Nacional del Perú y el Ministerio del Interior impulsaron acciones para la captura de Moisés Julca Orrillo, pareja sentimental de la hija del alcalde de Yungay, sindicado como el autor material del asesinato de De la Torre y prófugo desde su asesinato en el 2004. Dina Ramírez, viuda del periodista, ha presentado una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y permanece con protección policial ante las amenazas anónimas de la que son víctimas ella y sus hijos, desde la excarcelación del hoy restituido alcalde y aspirante a la reelección, León León. Existe gran expectativa sobre cómo la referida sala resolverá las apelaciones a las sentencias ejemplares, emitidas por la Corte Superior de Justicia de Ucayali, en el juicio por el asesinato del periodista Alberto Rivera Fernández. En agosto, la referida sala Suprema ratificó la condena de 30 años de prisión, contra Erwin Pérez Pinedo y Ángel Mendoza Casanova, por delito de homicidio calificado, pero aún queda pendiente la confirmación de la sentencia de 25 años de prisión, por el delito de homicidio calificado, contra los periodistas Martín Flores Vásquez, y Roy Culqui Saurino, acusados de ser los autores intermediarios del crimen contra Rivera. La decisión de la Corte Suprema incidirá sobre el segundo juicio, por el asesinato de Rivera, que se desarrolla en la Corte Superior de Ucayali. El titular de la Segunda Fiscalía Superior de Ucayali, Wilfredo Anticona, solicitó una pena de 20 años de prisión para Luis Valdez Villacorta, alcalde de Coronel Portillo, y Solio Ramírez Garay, ex presidente de la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Ucayali, procesados por la autoría intelectual del crimen, y una pena de 25 años para Lito Fasabi Pizango y Alex Panduro Ventura, procesados como autores materiales. Preocupa el juicio contra el periodista Mauricio Aguirre Corvalán por la supuesta comisión del delito de revelación de secretos de Estado, supuestamente ocurrida durante una entrevista al actual Congresista de la República, Carlos Raffo Arce, en el programa periodístico “Cuarto Poder”, de América Televisión. En dicho programa se difundieron imágenes, contenidas en tres videos, de reuniones del Consejo de Defensa Nacional, realizadas en 1998, en las que los protagonistas discutían acerca del entonces conflicto armado entre el Perú y Ecuador. A pesar que las imágenes ya habían sido difundidas en avisos de la campaña electoral del presidente Fujimori se ha solicitando se le imponga a Aguirre una pena de 8 años de cárcel y el pago de una reparación de 600,000 soles. En el lapso transcurrido entre la lectura de este informe y su aprobación por la Asamblea, la Corte Superior de Justicia de Perú dejó sin efecto el juicio contra el periodista Aguirre Corvalán. En septiembre, la 2da. Sala Penal con Reos Libres de la Corte Superior de Justicia de Lima, inició el juicio oral contra el periodista Aguirre Corvalán, el congresista Raffo y el ex presidente Alberto Fujimori. Resultó insólito que ante la inasistencia del congresista a las citaciones judiciales, la sala haya optado por aguardar la decisión sobre si procede levantar la inmunidad parlamentaria del congresista, para proceder con el juicio contra el periodista. Se dio un controvertido fallo en el juicio contra el periodista Edmundo Cruz Vílchez, del diario La República, a quien le reservaron la pena por un año bajo determinadas limitaciones de movimiento y conducta más una reparación de 30 mil soles. Cruz fue denunciado por una investigación, “Una mentira de un millón de onzas de oro”, que publicó ese diario el 22 de abril del 2005, en la que trató de demostrar la relación existente entre los herederos de Perciles Sánchez y la mina Algamarca (Cajamarca). La denuncia de la hija de Sánchez no cuestiona la denuncia y se remite a las referencias sobre Perciles Sánchez Paredes como uno de los diez mayores narcotraficantes de la década de los 80. Se generó un conflicto entre el diario Correo de Lima y el presidente de la Corte Suprema de Justicia a raíz de una denuncia sobre nepotismo publicada en dicho medio y desmentida públicamente. La totalidad de los miembros de la Corte se solidarizó con su presidente. Además, el Poder Judicial, abrió una causa penal contra el periodista Humberto Ortiz a quien se acusa de encubrimiento real en agravio del Estado por sus indagaciones relativas al caso Almeyda-Villanueva. Se produjo una sentencia contra América Televisión, sindicada por la Segunda Sala Anticorrupción como tercero civilmente responsable en el juicio seguido contra el ex propietario del canal, José Enrique Crousillat. En dicho proceso se sentenció a Crousillat por el delito de complicidad y peculado, a 8 años de prisión y al pago de una reparación al Estado de casi 50 millones de dólares. Esta sentencia contra América Televisión se dio a pesar de que peritos demostraron durante el juicio que el soborno que entregó el Gobierno vía Montesinos a Crousillat nunca ingresó al medio y de que entre los actuales accionistas y directivos, que rescataron al medio de la insolvencia, no figura ninguna de las personas que abusando del usufructo del canal cometieron los delitos que castiga la sentencia judicial en mención. Entre varias agresiones, amenazas y violencia contra periodistas y medios se destacan los siguientes: El 23 de marzo, la periodista Gudelia Gálvez Tafur y el camarógrafo Moisés Cadillo Sánchez, del programa “Noticias en Red” de canal 13, el periodista Élmer Ramírez Cosme y el camarógrafo Rafael Ángeles Sauri, del programa “Confirmado Regional” de Canal 7, fueron agredidos por un grupo de campesinos que también dañaron sus equipos de grabación, durante una marcha de protesta por la contaminación del medio ambiente que estaría produciendo la empresa minera Barrick Misquichilca en Huaraz. El 23 de marzo, el periodista Julio César Mendoza Escobar, director del programa “El Matador” de Radio MBR, de Yurimaguas, Loreto, fue agredido en la vía pública por familiares de la jueza Judith Amelia Vela Domper, presidenta del Segundo Juzgado Mixto de la provincia de Alto Amazonas, en represalia por las críticas del periodista sobre fallos de la magistrada en diversos procesos judiciales. El 3 de abril, el camarógrafo de América Televisión, Jimmy Salinas, fue agredido física y verbalmente por Jorge Chávez Muñoz, simpatizante del Partido Nacionalista Peruano, mientras grababa un mitin organizado por la candidata presidencial de Unidad Nacional Lourdes Flores Nano, en la Plaza de Armas de Arequipa. El 9 de abril, el reportero Sebastián Rubio, del programa “La Ventana Indiscreta”, de Frecuencia Latina, fue agredido por un presunto simpatizante del candidato presidencial nacionalista, Ollanta Humala Tasso, mientras cubría el proceso electoral que se llevaba a cabo en un colegio electoral en el distrito de San Isidro. El 11 de abril, el Jurado Electoral Especial de San Martín resolvió, mediante Resolución N° 083-2006-JEE-SM/JNE, sancionar al diario Al Día, de Tarapoto, con una multa de 30 Unidades Impositivas Tributarias (102, 000 soles), a raíz de la conducción y publicación, el 15 de marzo de una encuesta electoral, pese a que dicho medio de comunicación no estaba inscrito en el Registro Electoral de Encuestadoras del Jurado Nacional de Elecciones, según lo establece su Reglamento. El 12 de abril, el periodista Máximo Silva Chávez, director del programa “HBO Noticias”, del canal ATV en Tingo María, denunció haber sido secuestrado temporalmente, amenazado y agredido físicamente por dos desconocidos, quienes lo conminaron a dejar de cuestionar en su programa la conducta de los dirigentes cocaleros de la zona y al candidato nacionalista a la Presidencia, Ollanta Humala Tasso. El 20 de abril, aproximadamente 700 manifestantes provenientes del distrito de Arapa ingresaron violentamente en las instalaciones de Radio Sudamericana, en la ciudad de Juliaca, Puno, destruyeron los equipos de transmisión y agredieron a los periodistas presentes. Momentos antes habían agredido al periodista Feliciano Sonco Puma, de Radio Líder. Los agresores protestaban contra la administración del alcalde de Arapa. El 30 de abril, la Cuarta Fiscalía Anticorrupción inició una investigación contra el ex presidente Alberto Fujimori, por el pago de alrededor de 10 millones de dólares al ex Presidente del Directorio de Panamericana Televisión, Ernesto Schutz Landázuri, a cambio de apoyar la campaña por la re-reelección de Fujimori en el año 2000. El 10 de mayo, la periodista Melissa Peschiera y el camarógrafo Gabriel Contreras, de Frecuencia Latina, fueron detenidos durante 90 minutos por “motivos de seguridad” en la sede de la Policía Internacional (INTERPOL) en Santiago de Chile. Los periodistas preparaban un informe sobre el maltrato del que son víctimas los peruanos residentes en Chile. El 10 de mayo, los ex propietarios de América Televisión, José Enrique y José Francisco Crousillat, fueron recluidos en el Penal de Reos Primarios, ex Penal San Jorge. El 18 de abril, la Corte Suprema de Argentina falló a favor de la extradición de los empresarios, quienes enfrentan un proceso judicial, acusados de comprometer la línea editorial de América Televisión, para favorecer la re-reelección del ex Presidente Alberto Fujimori, a cambio de sumas millonarias. El 11 de mayo, desconocidos irrumpieron en las oficinas del diario Correo de Ayacucho, llevándose tres equipos de cómputo, tres cámaras digitales, dos escáners y tres grabadoras, además de materiales de investigación periodística, que elaboraban reporteros de dicho medio de comunicación. El 25 de mayo, el reportero de Frecuencia Latina, Henry Vásquez Limo, denunció haber sido detenido arbitrariamente por seis técnicos de la Fuerza Aérea del Perú (FAP) en la ciudad de Chiclayo, departamento de Lambayeque, cuando grababa las imágenes del traslado de los dos oficiales que resultaron heridos tras la explosión de un avión Sukhoi SU-22, durante un vuelo de entrenamiento. Vásquez denunció la retención de sus documentos y la supresión de las imágenes que había registrado. Los periodistas Lorenzo Ayacta Tenorio, del diario La Industria de Chiclayo y Eduardo Riojas Ramírez, corresponsal de Panamericana Televisión en Chiclayo, también fueron agredidos durante el incidente. El 29 de mayo, militantes del Partido Aprista Peruano ingresaron intempestivamente a las instalaciones de Radio Huarmey, Ancash, se dirigieron a la cabina de transmisión y agredieron al periodista Eduardo Ganoza Cochachi, quien en esos momentos conducía su programa “El Observador”, en el que cuestionaba la conducta violenta de los partidarios apristas contra un dirigente del Partido Nacionalista. El 29 de mayo, el periodista del Diario de Chimbote, Marco Villanueva Escobar, fue detenido por cuatro oficiales de la Marina de Guerra del Perú, al mando del comandante César Martín Rojas Álvaro, aduciendo que el periodista había ingresado a un área militar restringida sin autorización. El periodista intentaba fotografiar la descarga de anchoveta en época de veda, en el muelle marginal de Chimbote, departamento de Ancash. El 31 de mayo, el dirigente del Club Sport Ancash, Isaías Terry Valverde, ingresó violentamente a la cabina de transmisión radial, ubicada en el Estadio Rosa Pampas, en la ciudad de Huaraz, Ancash, y agredió físicamente a los periodistas Robin Ipanaqué Hidalgo y Walter Maldonado Maguiña, de Radio Melodía, mientras comentaban un partido de fútbol. El 28 de junio, el periodista Elías Navarro, de la revista Línea Roja, de Ayacucho, declaró haber recibido amenazas telefónicas, las que atribuye a las denuncias periodísticas sobre irregularidades en el manejo de fondos de una cooperativa local en el departamento de Ayacucho. El 28 de junio, camarógrafos y reporteros de diversos medios de comunicación que cubrían una marcha de protesta en contra la firma del Tratado de Libre Comercio entre el Perú y los Estados Unidos, fueron agredidos mientras intentaban entrevistar a las congresistas electas y dirigentes cocaleras, Nancy Obregón y Elsa Malpartida. El 22 de julio, el juez Omar Ahumed, del Octavo Juzgado Penal de Lima, archivó de forma definitiva el proceso penal por difamación interpuesto por el congresista oficialista Jorge Mufarech Nemy contra la periodista Cecilia Valenzuela, directora del programa “La Ventana Indiscreta”, de Frecuencia Latina. El 24 de julio, Juan Alberto Silva Litano, corresponsal de Radio Cutivalú y conductor del programa periodístico “Contacto Informativo”, de Radio Turbo Mix de Paita, en el departamento de Piura, fue agredido físicamente por un desconocido, quien le increpó las críticas realizadas en su programa contra autoridades de la localidad. Silva Litano solicitó garantías para su vida luego de recibir un mensaje amenazante enviado a su celular el 25 de julio. Ese el mismo día, Fidel Arturo Quintana Quezada, conductor del informativo “Punto de Vista”, de Radio W de Paita, recibió una amenaza similar. El 28 de julio, los reporteros Armando Ávalos, de Frecuencia Latina, y Maribel Toledo, de América Televisión, fueron agredidos físicamente por la seguridad del saliente presidente Alejandro Toledo, cuando cubrían la ceremonia de cambio de mando en Lima. El 2 de agosto, los periodistas Oscar Vílchez, Edwin Orrillo y José Luis Gonzáles, del programa “En la Mira”, del Canal 39, y Jaime Herrera Atalaya, del Canal Cuatro Red Global de Cajamarca, fueron liberados, luego de que campesinos de la zona los detuvieran durante algunas horas, cuando cubrían las protestas de comuneros contra la minera Yanacocha. El 7 de agosto, la Procuraduría Anticorrupción anunció que solicitará a la justicia suiza que juzgue al ex propietario de Panamericana Televisión, Ernesto Schütz, quien reside en ese país desde el 2004. El empresario tiene un juicio pendiente en el Perú por recibir 10 millones de dólares, del ex asesor presidencial Vladimiro Montesinos, a cambio de apoyar al ex Presidente. El 8 de agosto, la Segunda Sala Penal Anticorrupción de la Corte Superior de Justicia de Lima sentenció a 8 años de prisión al empresario de televisión José Enrique Crousillat, por complicidad de peculado, al haber recibido 69 millones de soles del ex asesor presidencial Vladimiro Montesinos, por comprometer la línea editorial de América Televisión para favorecer al ex Presidente. Además, José Enrique Crousillat deberá pagar solidariamente una reparación civil de 160 millones de soles y devolver el monto ilegalmente percibido. Aunque Crousillat se acogió a la figura de confesión sincera, cumpliría condena hasta enero de 2013. Asimismo, el canal América Televisión fue declarado tercero civilmente responsable, por lo que deberá pagar solidariamente, junto a José Enrique Crousillat y su hijo José Francisco, la reparación civil impuesta; por lo que la defensa legal del canal 4, presentó el recurso de nulidad ante la Corte Suprema de Justicia. El 24 de agosto, el titular de la Cuarta Fiscalía Superior Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, doctor Pedro Angulo Arana, solicitó la pena de 4 años de prisión y el pago de una reparación civil de S/.10 000, por Delito contra la Administración de Justicia – Encubrimiento Real, en agravio del Estado, contra el periodista Humberto Ortiz Pajuelo. Luego que en el 2004, el columnista citó la existencia de un audio en la que el entonces jefe del Consejo Nacional de Inteligencia, César Almeyda Tasayco, pretende extorsionar al general Oscar Villanueva en torno a sus vínculos con el ex asesor Vladimiro Montesinos, la fiscalía acusa al periodista de mantener y pretender vender dicha grabación Ortiz Pajuelo no ha asistido a las citaciones en el proceso, al encontrarse como asilado político en Estados Unidos, por lo que ha sido declarado reo contumaz. El 29 de agosto, el periodista José Luis Yomona Yjuma, del diario Ahora de Pucallpa, departamento de Ucayali, denunció que es víctima de una campaña de hostigamiento a raiz de la publicación de sus investigaciones periodísticas sobre las propiedades del alcalde provincial de Coronel Portillo, Luis Valdez Villacorta, publicadas en el diario Ahora. Haciendo referencia al informe de marzo pasado, el señor Iván García, representante de Canal 2 Frecuencia Latina, aclaró que el alejamiento del periodista César Hildebrandt no se debió a presiones internas para favorecer una candidatura presidencial. También señaló que Canal 2 ha mantenido y mantiene un irrestricto respeto a la libertad de prensa y de expresión con relación a todos sus programas periodísticos –incluido el que dirigió el señor Hildebrandt- dentro de una atmósfera de pluralidad y tolerancia. Según Canal 2, la salida del periodista se debió a los constantes ataques y críticas que lanzó desde su programa en contra de directivos y periodistas de esa estación televisiva. Explicó, asimismo, que la relación contractual entre Canal 2 y César Hildebrandt se resolvió respetando el contrato que los vinculaba; y que ambas partes firmaron un acuerdo de mutuo disenso que satisfizo las expectativas económicas del periodista. Igualmente, Canal 2 precisó
que el pago del Estado peruano a Baruch Ivcher por concepto de reparación
en cumplimiento de una sentencia de la Corte Interamericana y de un arbitraje
acorde con las leyes peruanas, no comprometió la libertad de prensa y
de información en ningún sentido.
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