58 Asamblea General Lima, Octubre 26-29, Perú

PUERTO RICO

Existieron en este período varios intentos legales y judiciales para entorpecer la labor de la prensa.
La policía intentó frenar la divulgación pública de las fichas de arrestados argumentando que dicha divulgación podía violarles el derecho a su intimidad y a la presunción de inocencia. El error de la Policía consistió en tomar la decisión con cuatro figuras de la política que protagonizaron un agrio incidente en una oficina pública. Un tribunal, acogiendo el reclamo de los periodistas, ordenó al Superintendente a entregar las fichas. Pero en otra decisión relacionada al referido incidente, el Tribunal ha obligado a tres canales de televisión –Telemundo Canal 2, Televicentro Canal 4 y Univisión Puerto Rico Canal 1 - a rendir al Estado las cintas sin editar del incidente. Es concebible que tales cintas se utilicen como parte de la prueba que desfilará fiscalía en el juicio por el delito de motín contra los cuatro acusados.
Cabe mencionar que fue el Estado -por vía del Departamento de Justicia- quien exigió los vídeos crudos y fue el Tribunal quien falló a favor de este pedido.
Esta decisión es un serio precedente para que el Estado intente en un futuro requerir las notas de los periodistas de la prensa escrita o las grabaciones de la prensa radial. Los canales de televisión decidieron no apelar la orden para tratar de evitar una decisión del Tribunal Supremo que pudiera estar matizada por intereses ideológicos pero que sirviera para establecer un claro y definitivo precedente judicial. Optaron por transmitir al aire los videos crudos antes de entregarlos.
Esto coloca a la prensa en una situación comprometedora puesto que viola su independencia y la compromete ante los intereses del Estado. Además, la decisión tendrá un efecto de mordaza sobre las fuentes que pudieran contactar a periodistas para denunciar todo tipo de situaciones, tales como casos de corrupción pública.
Por otro lado, resulta irónico que el Superintendente de la Policía, Miguel Pereira, invocara el derecho a la intimidad de figuras públicas que habían sido detenidas en el mismo incidente y se negara a hacer públicas las fotos del fichaje. Sin embargo, el Tribunal reconoció el valor noticioso y público de esas fotos y ordenó su entrega.
Continúa la falta de acceso a la prensa a los terrenos de la Marina de los Estados Unidos en Vieques. Los fotoperiodistas Rafael Enrique Pesquera Morales y Juan Manuel López Mari de la publicación cibernética redbetances del Congreso Nacional Hostoniano (CNH), fueron arrestados por la Policía de Puerto Rico en terrenos estatales y entregados a la policía militar. Los cargos de obstrucción a la justicia fueron desestimados por el tribunal estatal. En un asunto relacionado el juez federal José A. Fusté desestimó un pleito de obstrucción a la libertad de expresión en contra de la Marina de los Estados Unidos por el uso de gas pimienta contra los desobedientes civiles y periodistas. (El Vocero, 13 de septiembre, 1 de octubre 2002).
La Comisión de lo Jurídico del Senado de Puerto Rico no ha dado ningún paso para derogar la ley que tipifica como crimen la difamación.
Siguen bajo consideración de la Legislatura los siguientes proyectos que de convertirse en ley podrían afectar la libertad de prensa y el acceso a la información:
Proyecto de Ley del Senado 1599 – Ley de Acceso a la Información Publica (FOIA criollo) presentado por el Senador del PPD José Ortiz Daliot, pendiente a vistas públicas en la Comisión de Gobierno. Las organizaciones de prensa se oponen al proyecto que tiene unas secciones que pudieran permitir a las agencias de gobierno entorpecer la labor de la prensa.
Proyecto de Ley de la Cámara Baja 878 – Declara como política pública que todos los documentos preparados por la División de Inteligencia de la Policía de Puerto Rico, única y exclusivamente por creencias o tendencias políticas e ideológicas, no reclamados tienen valor histórico, prohibir su destrucción y crear una Comisión para determinar el destino final de dichos documentos. Comisión de Gobierno de la Cámara de Representantes.
Proyecto de Ley del Senado 1483 – Para enmendar una regla de Procedimiento civil a fines de eliminar el requisito de que la publicación de edictos sea en un periódico de circulación diaria general, sea mensual, bisemanal, quincenal, semanal o diario.
Sigue estancado en el Senado de Puerto Rico un proyecto de ley para devolver el acceso a la prensa a expedientes judiciales de divorcios y otros asuntos de familia.
La gobernadora Sila Calderón firmó cinco medidas propuestas por el Senado de Puerto Rico en contra del contenido sexual gráfico en los programas de televisión y los porno videos o bailes llamados “perreo”. La legislación ha sido criticada por la industria del cine, la radio y la televisión invocando el derecho constitucional a la libre expresión.
El presidente del Senado Antonio Fas Alzamora se negó y luego tuvo que entregar la nómina del personal de ese cuerpo legislativo al serle recordado que es un documento público.
El Tribunal de Circuito de Apelaciones dejó sin efecto una orden de censura obtenida por el Departamento de la Familia para impedir la transmisión de un programa de televisión de Al grano con Zervigón relacionado con el caso de una menor fugitiva de un hogar de crianza. La corte reafirmó el derecho a la libre expresión, palabra y prensa que cobija el trabajo del periodista.
El ex gobernador Pedro Rosselló arremetió contra la prensa por la cobertura relacionada con la compra de una lujosa residencia en el estado de Virginia que perteneció a un abogado socio de un bufete estadounidense que rindió servicios a su administración. También acusó al fiscal federal Guillermo Gil, al gobierno de Puerto Rico y al Grupo Ferré-Rangel, la empresa familiar dueña de El Nuevo Día y Primera Hora, de tener una conspiración para imputarle actos ilegales. Estas imputaciones fueron hechas mientras se están viendo en las cortes varios casos de corrupción relacionados con miembros de su administración.
La periodista de Primera Hora, Rosita Marrero fue amenazada por una persona que se identificó como el padre de un acusado durante el receso en un caso en corte federal sobre el asalto a la Editorial Fernández.
El grupo Nuevo Movimiento Estadista (NME) declaró estar carpeteando a la prensa “para revelar lo que esconden”, pero las declaraciones fueron desautorizadas por un líder del grupo Renacer Estadista. Todas las asociaciones de prensa criticaron esta acción.
El titiritero, Antulio “Kobbo” Santa Rosa, que maneja una muñeca llamada La Comay, es protagonista de una demanda por difamación radicada en su contra por el ex esposo de la gobernadora. El manejador del programa farandulero, donde se ventilan chismes y rumores y Televicentro Canal 4 sostienen que lo cobija el derecho a la libertad de prensa y a la libre expresión.
Alexis Morales, corresponsal independiente y editor de un periódico regional lareño, fue arrestado y encarcelado durante un fin de semana feriado en el verano mientras hacía una labor de investigación relacionada con actos de vandalismo en una escuela pública del área.