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PUERTO
RICO El 4 de septiembre El Vocero publicó que el Tribunal de Circuito de Apelaciones de Boston había ordenado al Tribunal Federal, Distrito de Puerto Rico, atender un caso sobre la ley de libelo criminal, que este diario ha estado litigando durante años, luego de que uno de sus reporteros fuera acusado bajo ese estatuto, y otros dos fueran amenazados. De acuerdo con la información, el Circuito revocó una decisión del juez federal Jay García Gregory, que ordenaba el archivo de un recurso radicado por el reportero Tomás de Jesús Mangual, en el que intervinieron Caribbean International News Corp., compañía matriz de El Vocero, los periodistas Jorge Luis Medina (de El Vocero), Manny Suárez, de The San Juan Star, y el Overseas Press Club. En esta determinación, se devolvió el caso al juez Gregory para que lo atienda y decida si el estatuto es válido aún en los casos en el que el querellante es una figura privada. De igual forma, se ordenó al Departamento de Justicia informar si va a defender el estatuto. Este caso se remonta a una serie de reportajes que publicó El Vocero en 1998, sobre corrupción en la División de Drogas de la Policía, en Caguas. Una de los implicados, la agente Elsa Rivera Colón, demandó por libelo al reportero Obed Betancourt y, además, logró que éste fuera acusado de libelo criminal, acusación que no progresó en una vista preliminar. El Vocero procedió entonces al Tribunal Federal, a “reivindicar los derechos de la prensa”. En enero pasado el Circuito había determinado que los cuatro artículos de la ley de libelo criminal de Puerto Rico son inconstitucionales. En su edición del 9 de septiembre, El Nuevo Día hizo referencia al reglamento interno de conducta y medidas disciplinarias aprobado por el Departamento de Salud. Señala que éste es un tapaboca para evitar que los oficiales den a conocer informaciones sobre la agencia. Una de sus disposiciones dice que se puede destituir o suspender a un empleado que divulgue información confidencial de la agencia a los periodistas. El gobierno de Sila Calderón inició una serie de encuentros con los periodistas el jueves 9 de septiembre. Estas reuniones, programadas para los martes y jueves con el Secretario de Gobernación, César Miranda, tienen como objetivo mejorar la comunicación entre la prensa y el gobierno. El juicio contra El Vocero en la demanda por libelo de la Gobernadora Sila Calderón fue señalado para los días 22, 23 y 24 de febrero de 2005. Según se informó, el diario había intentado transar por una cantidad no revelada, pero no hubo acuerdo al respecto. Los abogados de Calderón, sus hijas y su entonces esposo Adolfo Krans, solicitaron en la demanda determinar como libelo la publicación de un artículo en ese diario en el que se denunciaban malos tratos por parte de la gobernadora a una supuesta mucama bajo su empleo. Esta denuncia apareció el día del primer debate en el que participaron los candidatos a la gobernación, semanas antes de las elecciones de 2000. Los demandantes reclaman $2 millones en daños y perjuicios. El 7 de octubre, la publicación semanal Claridad denunció que supermercados Amigo, propiedad de Walmart, prohibió la venta de ese periódico en sus establecimientos, luego de la publicación de reportajes denunciando las alegadas prácticas antiobreras en esa compañía. El juez
presidente del Tribunal Supremo, Federico Hernández Denton, se comprometió
con los reporteros gráficos a discutir el uso de cámaras fotográficas
y de televisión en las salas de los tribunales. El 14 de octubre indicó
que si los fotoperiodistas le llevan una propuesta sobre el uso de medios gráficos
en la sala de los jueces, que está prohibido en el canon 17 de ética
judicial, se comprometía a elevar el asunto a la consideración
de un comité que actualmente revisa los cánones judiciales de
ética. Desde hace años, los fotógrafos han pedido acceso,
sin éxito, a las salas de los tribunales.
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