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La Comisión de lo Jurídico del Senado de Puerto Rico informó en diciembre de 2005 la radicación del Proyecto del Senado 1019 que propone la “Ley de Protección de Fuentes Periodísticas del Estado Libre Asociado de Puerto Rico”. El 10 de enero del 2006, la Comisión inició la celebración de audiencias públicas sobre el mismo. Ese día compareció la Asociación de Periodistas de Puerto Rico (Asppro) y su presidente, Oscar Serrano, reportero de Primera Hora, informó el apoyo de la organización a la medida, y recomendó varias enmiendas. El Nuevo Día declinó la invitación a participar en las vistas públicas, aunque en carta enviada a la Comisión, el director Luis A. Ferré Rangel, reconoció “la iniciativa de brindar mayor protección al periodista en búsqueda de la noticia”. Por su parte, El Vocero señaló, mediante carta de su director, Gaspar Roca, que apoyaba el proyecto por encontrarlo adecuado. El Centro para la Libertad de Prensa (CLP) está atento y le da seguimiento al proyecto, aunque no participó en el inicio de las vistas públicas por decisión unánime de su Junta Asesora y de sus copresidentes. El 15 de diciembre del 2005, el secretario de Justicia de Puerto Rico, Roberto J. Sánchez Ramos, tras la pesquisa que duró casi un año sobre el arresto del fotoperiodista Xavier Araújo, de El Nuevo Día, mientras éste cubría el secuestro de una mujer en un centro comercial del área metropolitana de San Juan, en diciembre de 2004, no presentó cargos contra los policías involucrados en las agresiones y arresto. Araújo fue señalado como el provocador del arresto, ya que de acuerdo con la investigación de Justicia, violó un perímetro de la Policía. De acuerdo con Araújo, este perímetro nunca existió. Tanto Araújo como El Nuevo Día radicaron demandas en el Tribunal de Primera Instancia de Bayamón, para impugnar la decisión, detener la prescripción de los cargos, resarcir daños y proteger los derechos garantizados por la libertad de prensa. El viernes 10 de febrero de 2006, 10 periodistas que cubrían un allanamiento llevado a cabo por el FBI en el apartamento de una independentista y activista de derechos civiles, fueron agredidos mediante golpes, empujones y uso de gas pimienta por los agentes del FBI a cargo del operativo. Dos de los periodistas, Normando Valentín, de Radio Isla, y Joel Lagos, de Radio Puerto Rico, tuvieron que ser atendidos de emergencia en un hospital cercano. Otros tres, André Kang, fotoperiodista de Primera Hora, Annette Alvarez, reportera de TUTV, emisora del Gobierno, y el camarógrafo de Univisión, Víctor Fernández, fueron auxiliados por paramédicos que se personaron a la escena. Los periodistas fueron agredidos en el momento en que caminaban por un estrecho corredor, tras penetrar el portón principal del edificio, ubicado en Río Piedras, cuando los agentes del FBI ya habían terminado de cargar sus vehículos con las pertenencias confiscadas. Cinco de los periodistas agredidos radicaron querellas ante el Departamento de Justicia de Puerto Rico. El 15 de octubre, en la audiencia sobre la demanda por difamación que el empresario Adolfo Krans, ex esposo de la ex gobernadora Sila M. Calderón, lleva contra el titiritero Antulio “Kobbo” Santorrosa, quien lo acusó de mantener una relación adúltera mientras estaba casado con la señora Calderón, la defensa del demandado pidió que se elimine de la demanda las alegaciones de Krans de que sufrió pérdidas económicas por dichas acusaciones. El programa de Santarrosa, “La Comay”, es el de mayor audiencia en Puerto Rico. La demanda, por $5.5 millones fue radicada en agosto de 2002. El 8 de noviembre la organización religiosa Concilio Fuente de Agua Viva dio a conocer una declaración jurada en la que sostiene que no está involucrada en unas transacciones con una corporación que se dedica a desarrollar viviendas, propiedad del fundador y padre del actual ministro de dicha iglesia, Rodolfo Font. Luego de una semana de silencio tras la publicación de reportajes investigativos de El Nuevo Día sobre estas transacciones, el Concilio exigió al periódico dejar de publicar historias relacionadas a la organización. En la edición del 8 de noviembre, donde se reseña la declaración jurada, aparece un listado de preguntas que el diario ha intentado hacer al reverendo Rodolfo Font, y que éste no ha contestado. El 10 de noviembre un equipo de noticias de Telemundo denunció los intentos de intimidación tras la publicación de reportajes investigativos tanto en El Nuevo Día como a través de Telemundo. El 9 de febrero la Asppro, el OPC, la Asociación de Fotoperiodistas y el Centro para la Libertad de Prensa (CLP) sostuvieron una reunión abierta con la participación de todos los periodistas y el Superintendente de la Policía, Pedro Toledo, para discutir las situaciones de enfrentamientos y agresiones que se han suscitado entre reporteros y fotoperiodistas con agentes de la Policía durante la cobertura de eventos noticiosos. El 16 de febrero el periódico Primera Hora fue demandado por libelo y calumnia por señalar que Rafael Yamil y Miriam Ronda golpearon a su hijo menor. Ellos reclaman $300 mil dólares en daños y perjuicios.
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