PUERTO RICO
Informe ante la 62ª Asamblea General
Ciudad de México, México
29 de Septiembre - 3 de Octubre, 2006

Durante este período se destaca el seguimiento a las agresiones contra periodistas de parte de agentes del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) durante un allanamiento en el apartamento de una independentista.

A mediados de septiembre el secretario de Gobernación, Jorge Silva Puras, dio a conocer nuevas directrices sobre la diseminación de información a la prensa, que incluyen que los jefes de agencias no podrán hacer expresiones públicas sin la autorización de la Oficina Central de Comunicaciones, adscrita a la Gobernación. Aunque las directrices sólo buscan responder adecuadamente a las necesidades informativas del gobierno, según Silva Puras, las mismas fueron fuertemente rechazadas por las asociaciones de prensa locales. Estas coincidieron en señalar que cualquier asomo o intento de controlar y limitar el flujo de información es perjudicial para la prensa y para el público.

En un aspecto positivo, el 22 de junio el Senado aprobó el Proyecto 1019, que establece la protección de las fuentes periodísticas. La Ley de fuentes periodísticas del Estado Libre Asociado, tiene como propósito que los periodistas no puedan ser obligados a revelar sus fuentes confidenciales, ni ser penalizados por negarse a revelarlas.

El 22 de septiembre, la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), la Asociación de Periodistas de Puerto Rico (ASPPRO), el Overseas Press Club (OPC) y seis periodistas dieron a conocer la radicación de una demanda de carácter civil contra el FBI en el Tribunal Federal de San Juan, “por violación de los derechos civiles de más de 20 reporteros que fueron golpeados, rociados con gas pimienta y obstaculizados de cubrir un evento noticioso de importancia, a pesar de que éstos no estaban violando la ley”. Dicha demanda, sin precedentes, busca resarcir los agravios sufridos por los periodistas y que se ordene al FBI establecer un procedimiento que garantice que los periodistas puedan cumplir con sus tareas informativas. Organizaciones de prensa de Estados Unidos y Puerto Rico, informaron que se unirán al pleito como amigos de la corte.

El hecho se produjo cuando agentes federales rociaron con gas pimienta y agredieron a patadas a periodistas que cubrían un allanamiento que hacían los oficiales del FBI a la residencia de una independentista el pasado 10 de febrero.

Otros hechos de consideración en este período son lo siguientes:

El 9 de marzo la jueza superior Awilda Mejías impuso el pago de $260 mil al titiritero Antulio “Kobbo” Santarosa, personaje popular de la televisión y a Televicentro de Puerto Rico, que transmite su programa, ante una demanda por libelo y difamación presentada por el empresario Adolfo Krans. La jueza ordenó el pago de $10.000 en honorarios a los abogados de los perjudicados, quienes radicaron el pleito en el 2002. Krans y sus hijos demandaron a Santarosa luego de que éste dijera en su programa de televisión que el empresario tenía una amante, en momentos en que todavía estaba casado con la entonces gobernadora de Puerto Rico, Sila M. Calderón. Durante el juicio salió a relucir que a sabiendas de que la información era falsa, ésta fue difundida.

El 29 de junio el presidente del Tribunal Supremo, Federico Hernández Denton, puso en vigor un protocolo para la prensa que cubre los tribunales. Este tiene como objetivo informar y garantizar el acceso equitativo de los medios de comunicación a los procesos judiciales y a la información de carácter público que allí se genera. Aplica tanto a los tribunales de primera instancia como al Tribunal de Apelaciones y el Supremo.

El 27 de agosto durante una conferencia de prensa del Partido Nuevo Progresista (PNP), su secretario, Thomas Rivera Schatz, lanzó fuertes improperios y frases soeces contra los periodistas Irene Garzón, Oscar Serrano y Leonardo Aldridge, del diario Primera Hora, a quienes acusó de estar vinculados con el gobierno.

El 1 de septiembre un grupo de simpatizantes del PNP atacó a representantes de los medios de comunicación durante una manifestación partidaria frente al Departamento de Justicia. El grupo lanzó insultos y emitió amenazas de agresiones físicas contra el grupo de reporteros, camarógrafos y fotoperiodistas que cubrían la actividad.