 |
 |
 |
 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 |
 |
|
 |
Un periodista fue secuestrado y torturado por desconocidos que se mantienen impunes; tres periodistas recibieron amenazas de muerte por el ejercicio de su profesión; otros tres reporteros fueron llevados ante los tribunales de justicia acusados de haber incurrido en los delitos de “difamación” e “injurias” —que, en Uruguay, siguen siendo castigados con prisión, según las leyes vigentes— por noticias que publicaron u opiniones que formularon; dos ministros del gabinete del presidente Tabaré Vázquez y el director de uno de los organismos recaudadores del Estado emitieron amenazas, sembraron sospechas y atacaron a medios y periodistas, molestos porque no comulgan con el discurso oficial; y un programa radial fue levantado del aire por “presiones” recibidas por los propietarios de la emisora. El ministro de Educación y Cultura, Jorge Brovetto, admitió en febrero ante una comisión parlamentaria en febrero que Uruguay “no integra Telesur”, el emprendimiento multiestatal impulsado y financiado por el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, ante preguntas de diputados de la oposición. Pero el 10 de marzo, poco antes de una visita oficial del presidente Vázquez a Chávez, el Poder Ejecutivo envió al Parlamento un proyecto de ley para que Uruguay ingrese, como accionista y miembro pleno, a Telesur.
El caso más grave del período ocurrió entre la noche del 17 y la madrugada del 18 de octubre, cuando el periodista Marcelo Borrat fue secuestrado por tres encapuchados que, a punta de pistola, lo torturaron, lo amenazaron de muerte reiteradamente y le obligaron a arrojarse al mar. Los delincuentes exigieron a Borrat que hiciera desaparecer unas grabaciones que posee, aunque no especificaron cuáles. El periodista, que denunció el atentado ante las autoridades policiales y judiciales, declaró que las grabaciones que sus secuestrados quieren que desaparezcan pueden ser dos: 1) unos videos que difundió para el canal de televisión donde trabajaba, obtenidos por el método de “cámara oculta”, denunciando a una mafia de “traficantes” de afiliaciones a hospitales privados; 2) unas grabaciones de audio que prueban que el empresario Federico Fasano, propietario del diario La República, la radio AM Libre y el canal de televisión para abonados TV Libre, fue el responsable de censurar un programa que el reportero conducía en esa emisora radial. Luego de la censura, Fasano echó al periodista, que también trabajaba para “TV Libre”, lugar donde había difundido las denuncias contra la mafia de “traficantes”. El caso sigue abierto y sin resolución. Otros dos periodistas fueron
amenazados de muerte en el período. Diego Muñoz, un reportero
que se desempeña en el programa “Deporte Total” de televisión,
recibió una advertencia en ese sentido del empresario futbolístico
Nelson Gutiérrez y radicó una denuncia judicial. Ya en el juzgado,
Gutiérrez, directivo de la empresa Tenfield que controla los derechos
de televisión y de publicidad del fútbol uruguayo, reconoció
la existencia de las llamadas, afirmó que habían sido hechas en
un contexto de “bronca” y “enojo”, pero negó
que haya tenido la intención de poner en riesgo la integridad física
de Muñoz. El periodista aceptó esa declaración como “un
pedido de excusas” y el juez archivó la causa. Además, los periodistas Marcelo Gallardo, del diario Correo de Punta del Este (140 km al este de Montevideo), y Roberto Tatto y Gonzalo Baztarrica, del programa “Hablando Claro” de la radio FM Río de Nueva Palmira (273 km al noroeste de Montevideo), fueron acusados ante tribunales diferentes de haber cometido los delitos de “difamación” e “injurias” —penados con cárcel según las leyes uruguayas— por haber transcrito declaraciones de un tercero el primero y por haber hecho una entrevista al intendente (gobernador) del departamento de Colonia los segundos. Los magistrados actuantes absolvieron a los tres periodistas al no hallar mérito para someterlos a juicio. Durante el período, dos ministros de Estado se lanzaron a atacar a los medios y periodistas que no se limitan a transcribir los comunicados oficiales, en una escalada que ya tiene varios adeptos en filas de la administración. Esta vez, el ministro del Interior, José Díaz, declaró públicamente que el “poder mediático” en Uruguay es “más fuerte que otros poderes democráticos”. Luego, deslegitimó el papel de la prensa con el argumento de que a los medios “nadie los eligió”, a diferencia de los gobernantes que pasaron por la prueba de las urnas. El ministro recibió críticas de medios y periodistas independientes y de la oposición. El único que salió en su defensa fue el diario oficialista La República”. A su vez, en diciembre, la ministra de Salud Pública, María Julia Muñoz, muy allegada al presidente Vázquez, dijo saber que hay un grupo de periodistas, al que denominó “el eje del mal”, que se reúnen semanalmente para conspirar contra el gobierno. La ministra nunca identificó a los presuntos complotados, aunque dijo con toda claridad: “conocemos la existencia de esas reuniones”. Las afirmaciones de la ministra fueron cuestionadas por la prensa. El diputado Javier García (Partido Nacional, oposición) formuló algunas preguntas, que nunca fueron respondidas: “¿existe un seguimiento de inteligencia sobre la actividad de algunos periodistas? ¿Cómo obtiene la jerarca los detalles?”. El presidente del estatal Banco de Previsión Social (BPS), Ernesto Murro, lanzó veladas amenazas contra periodistas que discrepan con decisiones adoptadas a lo largo de su gestión. Murro atribuyó “intenciones” ocultas a quienes lo critican desde la prensa, pero, enigmáticamente, anunció que “ya lo vamos a averiguar”. El semanario Búsqueda advirtió en un editorial de que “en democracia” no caben “ese tipo de amenazas desde el poder contra la prensa y contra los periodistas” y alertó de que “lamentablemente, en ese aspecto vemos que el sistema está mostrando algunas flojedades”. En enero, el programa radial “Doble Vía”, que se emitía en Radio Centro de Cardona (182 km al noroeste de Montevideo), fue sacado del aire luego de que la propietaria de la emisora adujera ante sus conductores, los periodistas Dostin Armand Pilón y Rubén Cabrera, que había recibido “presiones” para adoptar esa decisión. En febrero del 2005, el domicilio de Armand Pilón fue allanado por policías por orden del juez de paz de la zona, Ulises García, con el objetivo de obtener una cinta grabada de un programa en el que se denunciaban graves casos de prostitución infantil, alcoholismo y drogas en la localidad cercana de José Enrique Rodó. La propietaria de la radio comunicó a los periodistas que el episodio del allanamiento de la casa del reportero fue uno de los “problemas” que le llevó a tomar la decisión de sacar al programa de su emisora. En la segunda semana de marzo, durante una visita oficial a Caracas, el presidente Vázquez, sentado junto a su homólogo Hugo Chávez, pareció burlarse de la prensa, luego de una pregunta de un periodista del diario uruguayo El Observador sobre la posibilidad de que Uruguay suscribiera el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Vázquez sepultó sorpresivamente cualquier posibilidad de que el país firmara un acuerdo de ese tipo y, en tono burlón, atribuyó las ´´versiones´´ al respecto a ´´tergiversaciones´´ de la prensa la cual, según él, le inventa al gobierno planes que no tiene. Sin embargo, durante los últimos meses, fueron el propio Vázquez y, por lo menos, cuatro de sus ministros, entre ellos el de Economía, Danilo Astori, quienes aludieron pública y abiertamente a la idea de suscribir el tratado. Como notas alentadoras ocurridas en el período, cabe destacar la renuncia definitiva de Oscar Peri Valdez al cargo de fiscal de Corte y procurador general de la Nación, a dos años de haber sido apartado de su puesto por “abuso de poder” y “violaciones a los derechos humanos”, y a tres años de haber distribuido entre todos los fiscales un instructivo con doctrinas retrógradas en materia de libertad de expresión y libertad de prensa. Por otra parte, los tribunales de justicia continúan aplicando jurisprudencia avanzada para juzgar casos en los que la libertad de expresión está en juego, luego de un relativamente breve período de hostigamiento judicial hacia la actividad de la prensa y de los periodistas, que finalizó hace ya un año. Una coalición de ONG y gremiales del Uruguay presenta un anteproyecto de ley de “acceso a la información, amparo informativo y acción de habeas data contra el Estado”. El anteproyecto establece que todos los organismos de la administración pública, nacionales y departamentales, las empresas privadas a las que se haya otorgado “la explotación de un bien o un servicio público” y aquellas que “reciban subsidios, fondos o aportes por cualquier concepto” por parte del Estado, “deberán prever la adecuada organización, sistematización y disponibilidad de la información en su poder, asegurando un amplio y fácil acceso a los interesados”. El anteproyecto aún no comenzó a ser considerado por el Congreso. La Asociación de la Prensa Uruguaya (APU) reclamó al Poder Legislativo derogar los delitos de “desacato”, “atentado contra el honor de un jefe de Estado extranjero”, “difamación” e “injurias” —todos los cuales se castigan con penas de cárcel—, así como sancionar leyes sobre acceso a la información pública. La gremial dijo que esos cambios son “un imperativo del Estado para alinear la legislación interna con la Convención Americana de Derechos Humanos que el país homologó en 1985. En noviembre el semanario Búsqueda informó de que la jueza penal de noveno turno Gabriela Merialdo solicitó a la ministra de Salud Pública, María Julia Muñoz, que inicie investigaciones administrativas en esa Secretaría de Estado y luego le remita los resultados, a propósito de cómo se distribuyó la publicidad oficial durante gobiernos anteriores. A cuatro meses del pedido, la jueza aún no recibió ninguna información del Ministerio de Salud Pública. Por su parte en diciembre la Asociación Uruguaya de Agencias de Publicidad (AUDAP) entregó a ministros y directivos de empresas públicas una propuesta para que los “llamados estatales” se realicen con mayor transparencia y equidad en los procesos de contratación de agencias para campañas oficiales de publicidad.
|
Preguntas ó Comentarios? |
Informes y Resoluciones |
||||||
|
|
||||||
|
