ESTADOS UNIDOS

Tras los ataques terroristas del 11 de septiembre se han planteado serias amenazas y preocupaciones en torno a la imposición de restricciones a la prensa en Estados Unidos.
Se ha planteado una siniestra y nueva amenaza de bíoterrorismo por parte de individuos o grupos todavía desconocidos en contra de organizaciones de prensa. Un empleado murió y otros tres -posiblemente ocho- resultaron infectados con ántrax en American Media Inc. En NBC, una empleada y posiblemente una segunda, han sido infectadas. Y tal parece que otro caso de infección se registró en las oficinas de ABC. La mortal bacteria fue enviada, en forma de polvo, en cartas manipuladas por los empleados afectados, según las autoridades.
Poco después de los atentados contra el World Trade Center de Nueva York y el Pentágono, en Washington, funcionarios del Departamento de Estado intentaron presionar a la Voz de América (VOA), un organismo de radiodifusión del gobierno, para que no transmitiese una entrevista con el mulá Mohammed Omar, el líder del movimiento Talibán de Afganistán, interfiriendo de esa forma en su independencia editorial. A pesar de las presiones, la VOA transmitió extractos de la entrevista.
Luego, la Casa Blanca pidió a ejecutivos de noticias de las principales cadenas de televisión no transmitir, en su totalidad, los mensajes pregrabados del terrorista Osama bin Laden y sus secuaces, a fin de no atemorizar a los estadounidenses y difundir, sin proponérselo, posibles mensajes en clave a otros terroristas. Las cadenas de TV accedieron, en conjunto, a limitar tal cobertura. Esta autocensura envía un mensaje equivocado a los países musulmanes respecto de los valores de la apertura y la libertad de prensa que defienden Estados Unidos y sus aliados y niega al pueblo estadounidense el derecho a estar plenamente informado.
Un fotógrafo independiente estadounidense, William Biggart, figura entre los muertos confirmados en el World Trade Center. También se informó de que varios trabajadores más de medios de comunicación desaparecieron o resultaron heridos. El cadáver de Biggart fue encontrado el 15 de septiembre entre los escombros del desastre, cerca de los de varios bomberos. Había acudido al lugar con su cámara tras enterarse de los ataques.
En iniciativas legales posteriores a los ataques terroristas, las organizaciones de prensa manifestaron su temor de que el Congreso pudiese imponer severas restricciones a la intimidad personal en Internet con la aprobación de la Ley de Combate al Terrorismo, que permitiría a las autoridades policiales instalar sistemas capaces de vigilar subrepticiamente los mensajes de correo electrónico. Las organizaciones de medios de información también previnieron de los peligros de un proyecto de ley para prohibir el uso de mensajes electrónicos codificados, aduciendo la necesidad de proteger la defensa y la seguridad nacionales. Quienes defienden la libertad de prensa y las garantías ciudadanas temen que un proyecto de este tipo coarte el derecho de los usuarios de Internet a la privacidad y la confidencialidad.
Todavía no está claro si las autoridades aplicarán un conjunto de normas utilizadas durante la Guerra del Golfo, que limitaron la cobertura del conflicto y crearon grupos de reporteros para recopilación conjunta de informaciones que, en algunas ocasiones, impidió que muchos grupos de medios pudieran informar sobre la guerra. Aunque existe la sensación de que esas normas no se impondrían de manera estricta, las autoridades de Defensa han advertido a los empleados del gobierno que podrían verse sujetos a consecuencias severas si filtran información confidencial que ponga en peligro la vida de hombres y mujeres uniformados.
Las organizaciones de prensa han admitido que los medios de información deben equilibrar las consideraciones de seguridad nacional con su deber de informar al público de manera integral y precisa.
Las autoridades también han implementado otras medidas de seguridad, tales como la restricción al sobrevuelo de helicópteros y avionetas dentro de límites urbanos, lo que perjudica la cobertura noticiosa; clausurado el acceso ciudadano a algunos materiales de uso público y establecido nuevas excepciones estatutarias; e impedido a la vez el acceso del público a otros materiales, tales como mapas o planos de bases e instalaciones militares estadounidenses y de otros edificios públicos en Estados Unidos.
En una carta fechada el 20 de agosto, la fiscal federal Mary Jo White informó al periodista de The Associated Press, John Solomon, de que la fiscalía de distrito había conseguido los registros de sus llamadas telefónicas hechas y recibidas entre el 2 y el 7 de mayo. La decisión de confiscar los registros telefónicos del periodista, sin que se informa siquiera al periodista o a AP y se les permitiera ponerla en tela de juicio, estuvo vinculada a un artículo escrito por Solomon el 4 de mayo, en el que citó declaraciones de funcionarios de seguridad, a quienes no identificó, según las cuales el gobierno había interceptado electrónicamente las conversaciones de un senador que en esos momentos estaba bajo investigación. Según la ley federal, es ilegal que las autoridades del orden revelen información conseguida mediante una intervención de las comunicaciones. Muchos grupos periodísticos protestaron por la medida, que consideraron como una violación de la libertad de prensa.
En una carta dirigida al Secretario de Justicia, John Ashcroft, el presidente de AP, Louis Boccardi, manifestó:
"No se notificó anticipadamente al periodista o a su empresa, privándonos del derecho legal a oponernos a su intrusión antes de ocurrir.
"El Departamento de Justicia no ha presentado prueba de que se hubieran tratado o agotado otros métodos para conseguir la información.
"Las pautas establecen que, excepto en el caso de la más grave amenaza contra una investigación, no debería permitirse una violación de este tipo contra la confidencialidad del periodista".
La periodista y escritora independiente Vanesa Leggett ha estado confinada casi tres meses en un centro federal de detención de Texas, por negarse a entregar información confidencial solicitada por un gran jurado convocado por la fiscalía de distrito. Esa información está vinculada a material que recogía para la publicación de un libro acerca de un asesinato que tuvo gran publicidad en Houston. Varias organizaciones periodísticas enviaron una petición a la corte federal que la sancionó por desacato a raíz de su negativa, así como cartas a las autoridades en las que solicitaron su excarcelación, invocando privilegios calificados bajo la Primera Enmienda a la Constitución estadounidense. Leggett, detenida el 20 de julio, podría seguir hasta 18 meses en prisión si persiste en su negativa de entregar las notas. Recientemente, un panel de tres jueces del Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito federal, con sede en Texas, rechazó, con diversos fundamentos, incluso el de que no estaba claro si cumplía los requisitos legales para ejercer el periodismo, su solicitud de revocar el fallo de desacato emitido por la corte federal. Los medios de información han indicado su temor de que el caso pueda sentar un precedente negativo.
En septiembre, un panel de jueces de apelaciones de Louisiana rechazó peticiones de varios organismos de prensa para que se revoque la orden de un juez federal que limita los contactos con los miembros de un jurado en una querella entablada contra la fabricante de neumáticos Bridgestone/Firestone, Inc. El juez federal Filemon Vera prohibió que una persona se ponga en contacto con los miembros del jurado en el caso, sin solicitarlo antes por escrito y recibir aprobación específica de la corte. Los medios de prensa indicaron que la orden constituye una violación de la libertad de prensa y el acceso irrestricto a la información garantizados por la Primera Enmienda.
Otras decisiones judiciales que restringen las actividades periodísticas incluyeron la de un tribunal de Florida por la que se impidió que el Sun-Sentinel, de Fort Lauderdale, obtuviera las fotografías de la autopsia de Dale Earnhardt, el piloto automovilista que murió durante una competencia en febrero. La legislatura de Florida aprobó una ley por la que se penó la divulgación de ese tipo de materiales. Los medios de prensa afirmaron que el proyecto se excedió en la protección del derecho de una familia a que se respete su intimidad, al obligar a cualquier persona a obtener autorización judicial para ver fotografías de una autopsia.
El editor, David Carson, y el director, Ed Powers, de The New Observer, un periódico mensual de Kansas City, fueron acusados de injuria criminal en marzo de este año de conformidad con el código penal de Kansas que tipifica este delito, y se enfrentan a varios años de prisión en caso de que se les condene. Expertos en la Primera Enmienda señalaron, sin embargo, que un veredicto de ese tipo no pasaría el tamiz constitucional. El caso se refiere a la publicación por el periódico de información inexacta sobre el alcalde que postulaba a la reelección en noviembre del 2000. El diario se disculpó por su error, pero el cargo por injuria se mantuvo.