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ESTADOS UNIDOS La guerra contra Irak, encabezada por Estados Unidos, y el incremento de los niveles de seguridad dentro de Estados Unidos y la presión para identificar fuentes confidenciales siguen dominando los temas de libertad de prensa tanto dentro como fuera del país. Según el último conteo efectuado por el Comité para la Protección de Periodistas, 26 periodistas y empleados de medios tanto iraquíes como extranjeros han sido asesinados durante el conflicto iraquí, ya sea por tropas norteamericanas, milicianos armados, o bombas terroristas. En el último escándalo relacionado con abusos de prisioneros, cuatro empleados iraquíes de organizaciones noticiosas de occidente declararon que fueron víctimas de maltratos en enero del 2004 en una base norteamericana en Irak. Tres de ellos trabajan para Reuters y uno para NBC News. Las acusaciones fueron desde un inicio desestimadas por el Pentágono, inclusive antes de ordenar la investigación correspondiente. Reuters y NBC han expresado su frustración por lo que describen como una investigación incompleta y falta de respuesta por parte del Pentágono. Las acusaciones incluyen informes de abusos similares a las realizadas en Abu Ghraib. Los cuatro hombres fueron arrestados el 2 de enero, luego de que trataran de informar sobre el helicóptero norteamericano caído cerca de Faluya. Fueron retenidos por tres días, a pesar de que el ejército recibió notificación inmediata que indicaba que se trataba de empleados de medios. Los tres empleados de Reuters han sido identificados como Salem Ureibi, de 54 años, camarógrafo, Ahmad Mohammed Hussein, de 26 años, y el chofer de éstos, Sattar Jabar, de 26 años. Los cuatro hombres manifiestan que sufrieron abusos físicos mientras estuvieron detenidos en la Base Operativa de Avanzada de Volturno. Aducen que se les privó del sueño, fueron golpeados por soldados norteamericanos, amenazados con violación sexual y fotografiados mientras los obligaban a simular actos sexuales. En el caso Valerie Plame, en curso, relacionado con fuentes confidenciales, la Corte de Apelaciones del Circuito de Washington DC dictaminó el 15 de febrero que los reporteros de The New York Times y de la revista Times podrían ser encarcelados si persisten en negarse a responder preguntas sobre sus fuentes ante un gran jurado. El abogado de los dos reporteros, Judith Miller y Matt Cooper, declaró que pediría a la corte de apelaciones que revierta el dictamen o, de lo contrario, elevaría el caso a la Corte Suprema, de ser necesario. En este caso, el gran jurado está investigando si un funcionario administrativo reveló, a sabiendas, la identidad de un agente secreto de la CIA. La investigación se inicia porque en una columna de Robert Novak se menciona el nombre de Plame, cuyo esposo es el ex embajador Joseph C. Wilson IV, crítico de la política de Bush en Irak. La revelación de la identidad de un oficial secreto de inteligencia puede constituir un delito federal, si es que la fiscalía demuestra que tal revelación fue intencional. El 7 de octubre, el juez federal de Washington DC, Thomas F. Hogan, declaró a la reportera norteamericana Judith Miller, de The New York Times, en desacato por negarse a revelar sus fuentes confidenciales a los procuradores que investigan la filtración oficial. Hogan ordenó a Miller a permanecer en la cárcel hasta que acepte declarar sobre sus fuentes ante un gran jurado. Sin embargo, se le permitió permanecer en libertad mientras su abogado apela el dictamen de la Corte. El 13 de octubre, el mismo juez dictó pena de prisión de hasta 18 meses para el reportero Matthew Cooper, de la revista Time, y una multa de $1,000 diarios para la revista mientras éste se rehúse a testificar. El juez también suspendió la sentencia hasta conocer el resultado de la apelación. Antes de ello, Cooper había aceptado declarar ante el gran jurado con ciertas limitaciones, luego de que una de sus fuentes, el asistente vicepresidencial Lewis “Scooter” Libby, lo eximiera de su compromiso de confidencialidad. Sin embargo, posteriormente, un procurador ad hoc le emitió una segunda citación más amplia exigiendo los nombres de las otras fuentes. Tanto Miller como el director ejecutivo del The New York Times, Bill Keller, han manifestado que no aceptarán declarar bajo tales circunstancias. En otro caso similar, el juez federal de Nueva York Robert Sweet dictaminó que bajo la ley federal The New York Times sí tenía derecho de proteger la identidad de sus fuentes, por lo que podía negarse a revelar sus registros telefónicos al procurador Patrick J. Fitzgerald, quien ha sostenido que necesitaba dichos registros para una investigación del gran jurado sobre mala conducta gubernamental al revelar a dos reporteros, Judith Miller y Philip Shenon, acciones inminentes del gobierno contra dos organizaciones benéficas islámicas. El procurador sostiene que los reporteros alertaron a dichas organizaciones sobre unas incursiones inminentes. Los reporteros aducen, por su parte, que ellos realizaban sus tareas de obtención de información como de costumbre. Es probable que el dictamen de la corte de apelaciones acelere las acciones del Congreso con miras a aprobar una ley “escudo” que permita a los reporteros proteger la identidad de sus fuentes. Un creciente número de periodistas vienen enfrentando órdenes judiciales y amenazas de cárcel en una gran variedad de casos. En diciembre de 2004, un juez federal sentenció a Jim Taricani, reportero de Providence TV, a seis meses de arresto domiciliario por desacato, luego de que se rehusara a revelar quién le había proporcionado una copia de un vídeo en el que se veía a un funcionario municipal aceptando un soborno de un informante secreto de la FBI. En agosto de 2004, un juez declaró a cinco reporteros en desacato y los multó con $500 diarios por negarse a decir quién les dio información sobre Wen Ho Lee, el ex físico nuclear del Laboratorio Nacional de Los Alamos, Nuevo México. Lee, de quien se sospecha haber sido espía aunque nunca fue acusado de ello, ha demandado al gobierno por haber revelado información confidencial sobre su persona. El verano pasado, la procuraduría federal exigió a tres reporteros del San Francisco Chronicle y a otros dos del San Jose Mercury News revelar quién había filtrado información sobre una investigación que realizaba el gran jurado acerca de la distribución ilegal de esteroides por parte de BALCO, Bay Area Laboratory Corp. Un gran jurado de Chicago está investigando una filtración de información sobre un allanamiento que el FBI planeaba hacer a la fundación Global Relief, una organización caritativa islámica sospechosa de financiar el terrorismo. Los representantes de dicha institución han dicho que unos reporteros que los habían llamado para entrevistarlos les pasaron el dato un día antes del 14 de diciembre del 2001. El fiscal Patrick J. Fitzgerald, quien también está actuando como procurador ad hoc en la investigación de Valerie Plame, no fue autorizado por el Departamento de Justicia (DOJ) en 2003 para requerir la presentación de los registros telefónicos de los reporteros. El DOJ exige que “se debe hacer todo intento razonable por obtener información de otras fuentes antes de considerar la emisión de una citación a un miembro de un medio de prensa”, o de “exigirle la presentación del registro de sus llamadas telefónicas”. El 1 de diciembre de 2004, la Corte de Apelaciones de Chicago desestimó una demanda por difamación interpuesta por Global Relief contra The New York Times y otras organizaciones de prensa por sus informes acerca de la investigación del gobierno. El 24 de febrero de 2005, Robert W. Sweet, juez del distrito federal de la ciudad de Nueva York, sostuvo que el Times tenía el derecho de mantener la confidencialidad de sus registros telefónicos, ya que éstos están protegidos por un privilegio calificado bajo la Primera Enmienda y bajo el derecho consuetudinario y porque la procuraduría no había logrado superar dicho privilegio. Varios comentaristas conservadores han sido sometidos a escrutinio por el tema de conflicto de intereses relacionado con contratos con la administración de Bush en los que se incluía pagos bajo la mesa. El gobierno de Bush ha reconocido que pagó a por lo menos tres comentaristas conservadores por promocionar su agenda política. El presidente Bush ha expresado públicamente que desaprueba dichos contratos y ha ordenado a los jefes de su gabinete a poner fin a pagos de esta naturaleza. Estos arreglos no solamente se consideran una violación de la ética profesional sino que también pueden ser un intento ilegal por distorsionar la opinión pública. Los tres casos reportados hasta la fecha son el de Michael MacManus, a quien el Departamento de Salud y Servicios Sociales le pagó $10,000 por capacitar a asesores sobre temas de matrimonio; el de Armstrong Williams, quien suscribió un contrato por $240,000 con el Departamento de Educación; y el de Maggie Gallagher, quien ha admitido que recibió $21,500 del Departamento de Salud y Servicios Sociales. En enero,
la administración Bush decidió no continuar con su recusación
de un dictamen de la corte que bloqueaba la flexibilización de las reglas
sobre la propiedad de los medios. La decisión podría afectar el
futuro de los diarios y canales de televisión de propiedad de The Tribune
Company y de Media General, las cuales efectuaron adquisiciones anticipándose
a una mayor desregulación. La flexibilización de las reglas ha
sido apoyada por las redes de radiodifusión, pero ha sido acremente criticada
por otros que sostienen que ésta permite que los medios se concentren
en muy pocas manos.
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