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El 10 de noviembre del 2005, varias asociaciones periodísticas y grupos defensores de los derechos civiles se unieron para interponer una demanda judicial contra los Departamentos de Estado, Justicia y Seguridad Interna, así como contra la CIA, con el fin de obligarlos a divulgar documentos que podrían aclarar si Estados Unidos está impidiendo el ingreso al país de prominentes figuras internacionales debido a sus convicciones políticas. La querella se formuló luego de que las mencionadas agencias se negaran a responder a una solicitud presentada por ACLU en marzo en virtud de la Ley de Libertad de Información (FOIA) para tener acceso a los registros relacionados con la expulsión de los Estados Unidos de académicos e intelectuales extranjeros, según la Sección 411 de la Ley Patriota. La intención es obligar a las agencias a divulgar la información de acuerdo a ley. El 17 de noviembre del 2005,
Walter Pincus, de The Washington Post, se convirtió en el quinto periodista
acusado de desacato por negarse a revelar la fuente confidencial que le dio
información sobre una investigación que estaba realizando el gobierno
con respecto al científico nuclear Wen Ho Lee. En su dictamen en el que
ordena a Pincus que revele su fuente o que pague una multa de $500 diarios,
la Jueza de Distrito, Rosemary M. Collyer, estipuló que “el privilegio
calificado que tienen los reporteros de recurrir a la Primera Enmienda no exime
al señor Pincus de la obligación de revelar sus fuentes y que
el privilegio de reportero en el que insiste el señor Pincus no tiene
sustento en el derecho consuetudinario”. La citación por desacato
cursada a Pincus se da un año después de que cinco reporteros
fueron declarados en desacato al tribunal por rehusarse a revelar sus fuentes
confidenciales en el caso de Lee contra el gobierno bajo la Ley de Privacidad.
La citación por desacato contra uno de los reporteros fue desechada por
la Corte de Apelaciones de Washington a principios de este año. Pincus
sostuvo que la Primera Enmienda otorga un privilegio calificado a los reporteros
y que, en todo caso, los dictámenes de la corte que comprenden el derecho
consuetudinario otorgan dicho privilegio al reportero. Peter Turnley, fotógrafo
de la revista Harper’s Magazine, haciendo uso de sus derechos bajo la
Primera Enmienda, tomó fotos de un féretro abierto durante el
funeral de un miembro de la Guardia Nacional de Oklahoma muerto en Irak. El
4 de enero de este año, un juez federal ordenó un juicio sumario
contra el fotógrafo y la revista. Al desestimar el caso, el Juez Frank
H. Seay, del distrito oriental de Oklahoma en Muskogee, Oklahoma, sentenció
el 22 de diciembre que la Primera Enmienda protegía a Turnley porque
sus fotos mostraban un evento público de interés periodístico,
quebrando los intereses de la familia de Kyle Brinlee por mantener la privacidad
del funeral. La querella se interpuso después del funeral de Brinlee,
quien es considerado el primer miembro de la Guardia Nacional de Oklahoma muerto
en acción desde la guerra con Corea. Cerca de 1,200 personas asistieron
a su funeral el 19 de mayo del 2004, entre ellas el gobernador de Oklahoma,
Brad Henry, y Turnley, quien fotografió el féretro expuesto. Una
de sus fotos apareció en un ensayo fotográfico titulado “Los
Afligidos” en la edición de agosto de la revista Harper’s.
El gobierno norteamericano continúa enfrentando críticas por negarse a responder a llamados exigiendo una investigación independiente de casos de muertes de periodistas y personal de empresas mediáticas perpetradas por soldados norteamericanos. Según los críticos, la actitud de los Estados Unidos está fomentando una cultura de impunidad en lo que respecta a la matanza de personal de medios periodísticos alrededor del mundo.
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