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ESTADOS
UNIDOS Los tribunales han adoptado una línea dura con los reporteros que se niegan a proporcionar información sobre sus fuentes confidenciales. El 29 de junio del 2006, la Casa de Representantes del Congreso aprobó una resolución en apoyo al programa de vigilancia de transacciones bancarias internacionales implementado por la administración Bush en su lucha contra el terrorismo. El programa fue dado a conocer por The New York Times, periódico objeto de fuertes críticas expresadas por el Ejecutivo y la mayoría del Congreso. Algunos representantes republicanos están ahora exigiendo que se prohíba el ingreso al Congreso a los periodistas acreditados. Otros inclusive van más lejos, y exigen que se juzgue a los periodistas por traición a la patria. El 20 de setiembre, la administración Bush demostró su rechazo frente a un proyecto de ley escudo federal con el fin de proteger a aquellos periodistas que son obligados a identificar sus fuentes confidenciales o a dar información sobre ellos. Más del 50 por cientode los estados de la Unión han aprobado estas leyes escudo, mientras que los reporteros están haciendo lobby para obtener protección a escala federal. Ellos sostienen que el gobierno ha restringido el uso de métodos consuetudinarios, tales como los pedidos de acogerse a la Ley de Libertad de Información, aduciendo motivos de seguridad nacional. En la cuarta Audiencia Judicial sobre la ley escudo, realizada en el Senado, el senador Patrick Leahy observó que durante los últimos 12 meses, a seis periodistas se les ha impuesto multas o penas de cárcel por proteger a sus fuentes. Sin embargo, un grupo de senadores republicanos bloquearon la aprobación del referido proyecto de ley. El Fiscal Adjunto Paul McNully respondió en nombre de la Administración, señalando que “no existe ni una pizca de evidencia que sustente la noción de que el Departamento de Justicia está persiguiendo a los medios”. En cuanto al tema de seguridad nacional, McNully manifestó que el proyecto de ley “pondría un peso sobre la balanza, moviéndola a favor del privilegio de los reporteros”. En marzo, oficiales del ejército norteamericano en Bagdad y Washington D.C., esbozaron una nueva política que según ellos evitaría que los periodistas siguieran detenidos por mucho tiempo sin que existan cargos contra ellos. El 23 de marzo, el General de División John Gardner declaró a Reuters en Bagdad que el ejército norteamericano se había fijado como nueva meta revisar los casos de los periodistas detenidos en un plazo máximo de 36 horas. El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) documentó siete casos solamente en el 2005, en los que las fuerzas norteamericanas detuvieron a periodistas iraquíes durante varias semanas o meses sin que existieran cargos en su contra ni el debido proceso. Finalmente, seis de los siete periodistas fueron puestos en libertad por no existir cargos en su contra. En abril, un panel de tres jueces de la Corte Criminal Central de Irak ordenó la liberación del sétimo periodista, Abdul Ameer Younis Hussein, camarógrafo de CBS News, quien estuvo detenido durante un año antes de que se hicieran públicos los cargos en su contra. Finalmente, el ejército norteamericano lo acusó de colaborar con los insurgentes, pero un tribunal iraquí desestimó los cargos por falta de pruebas. El camarógrafo sudanés Sami Al-Haj, del canal de televisión pan-árabe Al-Jazeera, continúa detenido sin cargos en su contra, según su abogado en Londres, Clive Stafford-Smith. Al-Haj fue arrestado por el ejército pakistaní en la frontera con Afganistán en diciembre del 2001. Al-Haj ha permanecido bajo arresto en el centro de detención que tiene Estados Unidos en la Bahía de Guantánamo, Cuba, desde el 13 de junio del 2002. Su abogado manifiesta que padece de cáncer a la garganta y que no se le está dando el tratamiento adecuado. El Tribunal encargado de la Revisión del Estado del Combate dictaminó en marzo del 2005 que Al-Haj era un "combatiente enemigo" aduciendo que habría estado operando un sitio web que apoyaba al terrorismo, que habría traficado con armas, que habría ingresado a Afganistán en forma ilegal en octubre del 2001 mientras Estados Unidos realizaba ataques aéreos, y que habría entrevistado a Osama bin Laden. Todas estas acusaciones han sido rechazadas por Al-Jazeera. El 18 de setiembre, el Pentágono reveló que un fotógrafo iraquí que trabajaba para The Associated Press y que ha estado detenido por el ejército norteamericano desde abril, ha sido considerado amenaza a la seguridad por tener “fuertes vínculos con insurgentes conocidos”. El vocero del Pentágono, Bryan Whitman, ha dicho que existen suficientes evidencias que justifican el hecho que Bilal Hussein, de 35 años, permanezca detenido, mientras que AP sostiene que éste fue detenido por el ejército norteamericano el 12 de abril en la ciudad iraquí de Ramadi y permanece detenido sin que se hayan formulado cargos en su contra. El Pentágono se ha negado a explicar qué evidencias existen y solamente ha dicho que considera que las actividades de Hussein “iban más allá de lo que se podría esperar que hiciera un periodista en dicho país”. En una carta dirigida a AP, un alto oficial del ejército norteamericano escribió que Hussein tenía “relaciones estrechas con personas que se sabe son responsables de secuestros, contrabando, ataques con explosivos de fabricación casera (IED), y otros tipos de ataques contra las fuerzas de la coalición”. Según el Pentágono, en tres revisiones “independientes” se determinó que Hussein era una amenaza contra la seguridad y se recomendó que continuara detenido. El Asesor Legal de AP, David Tomlin, ha dicho que los comentarios del Pentágono no abordan la principal preocupación de la agencia de noticias con sede en Estados Unidos, referida al hecho que a Hussein se le ha negado el derecho al debido proceso. Joshua Wolf, un blogger independiente de videos, fue encarcelado al perder un recurso de apelación ante un tribunal federal de los Estados Unidos en San Francisco, en setiembre. Wolf fue arrestado el 1 de agosto después de haber sido declarado en desacato por negarse a entregar a un gran jurado federal un video sobre una protesta realizada por grupos anarquistas en el 2005 contra la conferencia económica del Grupo de los Ocho. Un panel de dos jueces del Noveno Circuito de la Corte de Apelaciones ordenó su liberación bajo fianza el 31 de agosto, mientras se resolvía su apelación. Sin embargo, el 11 de setiembre, un panel de tres jueces de la misma corte de apelaciones dictaminó en su contra. El mismo panel aceptó el pedido del fiscal y revocó la libertad bajo fianza otorgada a Wolf, por lo que éste tuvo que volver a la cárcel el 20 de setiembre. Wolf grabó los choques entre los manifestantes y la policía de San Francisco durante una protesta realizada por grupos anarquistas contra una conferencia económica del Grupo de los Ocho en junio del 2005. En el choque, un carro de la policía resultó dañado. El gran jurado está investigando para determinar si hubo actividades criminales, como un supuesto intento de los manifestantes por quemar un carro de la policía. Wolf, de 24 años, vendió el vídeo de la protesta a los canales de televisión de San Francisco y lo colocó en su página web. Los investigadores están buscando las partes del vídeo que no fueron propaladas. Si bien Wolf siempre ha negado tener la grabación del carro dañado, un juez federal le ordenó entregar al gran jurado a cargo de las investigaciones todo su material fílmico no editado. El 26 de mayo del 2006, una corte de apelaciones de California dictaminó que los periodistas que trabajan en línea y los bloggers tienen el mismo derecho de proteger a sus fuentes que otros tipos de periodistas. La sentencia se dio en un caso entre la compañía norteamericana fabricante de productos electrónicos Apple y las páginas web que proporcionaban información confidencial sobre algunos de los productos de ésta. En su dictamen, el juez de la corte de apelaciones se abstuvo de establecer una diferencia entre informes noticiosos “legítimos e ilegítimos”, advirtiendo que cualquier intento por seguir este camino pondría en peligro las metas de la Primera Enmienda. Desestimó el pedido de Apple basándose en la llamada ley escudo de California, la cual protege la confidencialidad de las fuentes periodísticas. Apple expresó su preocupación porque en dos sitios web, Powerpage y Appleinsider, se estaba colocando información confidencial sobre sus productos, y estaba tratando de identificar a los empleados responsables de filtrar tal información. El 21 de setiembre se ordenó el encarcelamiento de dos periodistas de California, Lance Williams y Mark Fainaru-Wada, del San Francisco Chronicle, por negarse a revelar sus fuentes para una serie de artículos en el 2004 sobre el uso de esteroides por parte de algunos jugadores de béisbol de la Liga Mayor. El 15 de agosto se ordenó a ambos reporteros a revelar quién les había proporcionado información sobre el testimonio dado a puerta cerrada ante el gran jurado por Barry Bonds y otros atletas de renombre acerca de las investigaciones de dopaje. Un juez los sentenció a una pena de carcelería de máximo 18 meses. El recurso de apelación está en trámite. Williams y Fainaru-Wada publicaron una serie de artículos y un libro basado en parte en las transcripciones de los testimonios de Bonds, Jason Giambi y de otros atletas ante un gran jurado que estaba investigando a la compañía de suplementos vitamínicos Bay Area Laboratory Co-Operative (BALCO), que se había visto involucrada en una argolla de esteroides hace dos años. La Fiscalía Federal solicitó al Juez Distrital norteamericano Jeffrey White que enviara a los reporteros a prisión durante todo el tiempo que duren las investigaciones del gran jurado o hasta que ellos acepten rendir su testimonio. Ambas partes acordaron suspender la sentencia hasta que la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito resolviera la apelación. En junio, la Sociedad Interamericana de Prensa protestó por la expulsión de tres reporteros de la base naval de Estados Unidos en la Bahía de Guantánamo, Cuba, y lo equiparó a un acto de censura. Carol Rosenberg de The Miami Herald, Miami, Florida, Michael Gordon de The Charlotte Observer, Charlotte, Carolina del Norte, y Carol Williams de Los Angeles Times, Los Angeles, California, visitaron la prisión para verificar informaciones que daban cuenta de que los tres hombres que se encontraban allí detenidos se habían suicidado el sábado pasado. El miércoles, el Departamento de Defensa de los Estados Unidos les ordenó abandonar la base antes de que pudieran concluir sus investigaciones. Una asociación de policías de Florida colocó el nombre del reportero del canal de televisión WFOS TV-CBS 4, Mike Kirsch, en la sección "Be On the Look-Out" (BOLO) (A mantenerse alertas) de su sitio web, la cual suele estar reservada para fugitivos de la justicia y personas desaparecidas. Esto se hizo a raíz de que Kirsch usara una cámara escondida para preparar un informe sobre lo difícil que es presentar una queja contra un oficial de la policía en las comisarías del sur de Florida. Kirsch elaboró su informe a principios del 2006, con la ayuda del Centro de Quejas de la Policía, un organismo de control de la policía. Equipados con una cámara escondida, los voluntarios trataron de presentar quejas en 38 comisarías de Miami-Dade y Broward, dos condados colindantes del sur de Florida. En la mayoría de los casos recibieron un trato hostil. Según el canal CBS 4, solamente tres estaciones de policía cooperaron. La Asociación Gremial de la Policía del Condado de Broward reaccionó colocando detalles de la persona de Kirsch en la sección BOLO de su sitio web, que luego retiraron temporalmente cuando los abogados del canal CBS 4 protestaron. Pero el 17 de marzo, el nombre y la foto de Kirsch fueron colocados nuevamente en la referida sección, junto con la dirección y el número de teléfono celular de Gregory Slate, uno de los voluntarios del Centro de Quejas. Se incluía una nota advirtiendo que ambos hombres podrían hacer caer en una trampa a los efectivos policiales y que se estarían movilizando en un auto Ford Mustang rojo y negro, dando inclusive su número de licencia.
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