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Subordinados a la voluntad
del Presidente de la República, los poderes públicos coadyuvan Miembros del Poder Judicial, de todas las posiciones, han realizado manifestaciones públicas de subordinación al proyecto político del régimen, caracterizando dramáticamente una situación de inseguridad jurídica que impera en el país. El Bloque de Prensa Venezolano, el Colegio Nacional de Periodistas, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, la Cámara de Radio, la Sociedad Interamericana de Prensa, Reporteros Sin Fronteras, Human Rights Watch, el Instituto de Defensa de los periodistas, la Asociación Internacional de Radiodifusión, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA y otras instituciones han emitido pronunciamientos puntuales acerca de los reiterados ataques contra los periodistas y la libertad de expresión e información en Venezuela. Con el deliberado propósito de amedrentar a los medios independientes, el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT) declaró “clausurado” al diario El Impulso, centenario periódico de la ciudad de Barquisimeto. Funcionarios del Seniat con apoyo militar, cerraron la sede del diario, también sus oficinas y corresponsalía en Caracas el 25 de octubre del año 2005, desalojaron a periodistas y personal administrativo y confiscaron sus espacios de trabajo. El diario no circuló el 26 de octubre. La arbitraria medida que impidió el día 26 la edición de El Impulso fue repudiada en todo el país. Con la imposición de nuevos tributos, requisitos, providencias administrativas a los medios radioeléctricos ?con sus respectivas sanciones pecuniarias, confiscación de espacios y cierre? el régimen presiona a las emisoras independientes. La asignación de las cuantiosas pautas publicitarias de organismos y empresas del Estado a favor de los cada vez más numerosos medios escritos y radioeléctricos de propiedad oficial, contrasta con una mínima o ausente inversión en medios independientes. El 2 de diciembre del 2005 los representantes de las televisoras Globovisión y Radio Caracas Televisión fueron citados por el Directorio de Responsabilidad Social en Radio y Televisión, para prevenirles de que “tomarán las medidas necesarias para que no cometan errores en las trasmisiones de las elecciones” para elegir diputados a la Asamblea Nacional, que se celebraron dos días después. Las torres y transmisores de estos canales fueron ocupadas por fuerzas del régimen, impidiendo el acceso a los técnicos hasta después de cumplido el proceso electoral. El Fiscal General de la República, Isaías Rodríguez anunció el 19 de enero de 2006 la medida contra periódicos, televisoras y emisoras de radio por supuesta “obstrucción de la justicia” y luego solicitó a un juez ordenar la prohibición de publicar o divulgar informaciones sobre el testigo en el caso del asesinato de un Fiscal del Ministerio Público. El juez Sexto de Control prohibió mediante sentencia del 23 de enero de 2006 la publicación o divulgación de informaciones conforme a la solicitud del Fiscal General, concretando así la censura previa en contravención del Art. 57 de la Constitución Nacional que garantiza la libertad de expresión “Sin que pueda establecerse censura”. Los canales de Televisión Globovisión y Radio Caracas TV, el director del diario Tal Cual, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa y la Asociación Civil “Expresión Libre” interpusieron recursos de amparo, los cuales fueron negados por los jueces. El ministro de Información hizo pública advertencia al diario El Nacional señalando un supuesto “encubrimiento, simulación de hecho punible o difamación” por haber publicado un editorial el 21 de febrero de 2006 en el que alude la posibilidad anunciada por el Presidente de la República de un “referéndum consultivo” para su reelección indefinida y se critica al cuestionado Consejo Nacional Electoral. La Fiscalía del Ministerio Público acusó y solicitó el 4 de noviembre de 2005 la privación de libertad contra la periodista Patricia Poleo y el editor Nelson Mezerhane relacionándolos como “presuntos autores intelectuales” del asesinato de un fiscal del Ministerio Público. Ambos negaron vinculación alguna con el delito por el cual se les imputa. El editor Mezerhane, luego de haber sido detenido por la policía política durante 46 días al presentarse voluntariamente ante el Tribunal de la Causa, está sometido a libertad condicional y presentación ante el Juez cada 15 días. La periodista Patricia Poleo decidió salir de país por el temor a ser objeto de vejaciones y torturas por parte de la policía política. El miércoles 8 de marzo del 2006 fue atacado con bombas incendiarias el diario La Región del Estado Miranda. El jefe de redacción del mencionado diario afirmó que el atentado podría ser el resultado de la publicación de numerosas denuncias que realiza. Otras agresiones contra periodistas: El 28 de octubre de 2005 reporteros gráficos del diario Notitarde fueron secuestrados, agredidos y amenazados de muerte por un grupo de presuntos estudiantes luego de tomar fotos de la explosión de una bomba en la Universidad de Carabobo. David Ludovic, reportero de El Nacional , fue agredido el día primero de noviembre del 2005 frente al Palacio Presidencial, en Caracas, mientras tomaba declaraciones a dos damnificadas. Fue recluido en una oficina de seguridad donde finalmente se le hizo firmar una declaración afirmando que no había sido agredido. Los periodistas José Trovat y Francia Malavé resultaron heridos cuando una persona trató de incendiar la corresponsalía del diario Notitarde en la ciudad de Puerto Cabello. El 7 de enero de 2006 la periodista de Globovisión, Gabriela Matute, sufrió vejaciones e insultos degradantes de parte del Alcalde Mayor de la ciudad de Caracas, cuando lo entrevistaba sobre las invasiones de inmuebles de propiedad privada. El 31 de enero de 2006 un Fiscal del Ministerio Público en Maracaibo confiscó el material fotográfico y equipo al reportero gráfico del diario La Verdad. El 9 de febrero la Fiscalía del Ministerio Público acusó al periodista Napoleón Bravo de haber incurrido en el delito de vilipendio en contra del Tribunal Supremo de Justicia. El 6 de marzo de 2006 fue detenido por fuerzas policiales en el Estado Táchira el periodista Gustavo Azócar Alcalá, por solicitud de un Fiscal del Ministerio Público. Un juez ratificó la medida de privación de libertad contra el comunicador social y fue recluido en una cárcel. En fecha 13 de marzo de 2.006 el Tribunal 45 de Control inició juicio a la periodista Marianella Salazar por supuesta calumnia que aludiría al vicepresidente de la República y el gobernador del estado Miranda. El 13 de marzo del 2006
el Tribunal 11 de Ejecución libró orden de captura contra la periodista
Ibéyise Pacheco, acusada por la Fiscalía por el supuesto delito
de "falso testimonio". El 15 de marzo del 2006 la periodista se puso
a derecho y la juez acordó medida de casa por cárcel, además
le prohibió escribir su columna, y no trasmitir su programa de radio,
debe presentarse cada quince días al tribunal.
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