58 Asamblea General Lima, Octubre 26-29, Perú

VENEZUELA

El ejercicio de la libertad de expresión está expuesto a una serie de riesgos que no se circunscriben a las simples amenazas, veladas o no, a violaciones que comprometan su vigencia, sino a serias medidas y venganzas por haberla ejercido. Los gobernantes de turno afirman que la prensa, radio y televisión mienten al hablar de limitación de ese derecho, porque informan y opinan sin censura previa, pero jamás se refieren a cómo lo hacen y a cuánto se exponen.

El estado de derecho está severamente cuestionado. Para ejercer la función de periodista o editor, es necesario revestirse de valor y coraje, puesto que, frecuentemente, se hace imprescindible el uso de chaleco antibalas, máscara antigases y la debida protección contra robo o destrucción de los instrumentos de trabajo, incluso vehículos.
El presidente Hugo Chávez no cesa de proferir, a través de sus permanentes peroratas –muchas de ellas transmitidas en cadena por radio y televisoras – denuestos de toda índole e instigaciones reiteradas contra medios y comunicadores, a los que tilde de “basura”. Una misión conjunta de la SIP e IPI, en septiembre, determinó la inexistencia de libertad de prensa, y destacó la impunidad que protege y cobija a las agresiones contra periodistas y medios.

Ante esta situación, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha tenido que ratificar y prorrogar las medidas cautelares dictadas a favor de periodistas y medios a comienzos del año, decisiones que el gobierno no respetó, contraviniendo principios constitucionales, leyes y convenios internacionales suscritos por el país.
Merecen atención particular los decretos oficiales que establecen zonas de seguridad indiscriminada en áreas cercanas o aledañas a lo que estimen instalación o dependencia militar, ubicadas o no en ciudades. Esta medida, además de restringir el derecho a la propiedad y someterlo al capricho del Ejecutivo o a la voluntad castrense, limita la libre circulación, el derecho a manifestar y el de informar, violando normas constitucionales.
Un aspecto relevante y de gravedad es el proyecto de Ley Orgánica de Participación Ciudadana, distribuido y en circulación entre diputados, próximo a ser presentado a discusión en la Asamblea Nacional, en el cual, y de manera subrepticia, se incluyó un articulado destinado a constreñir, menoscabar y liquidar la libertad de expresión, a través de un Consejo Nacional de Vigilancia de los Medios de Comunicación Social, adscrita al Ministerio de Comunicaciones. Dicho Consejo, integrado por organizaciones vecinales, someterá a permanente escrutinio a los medios de comunicación y les aplicará las sanciones que recomiende una comisión de vecinos, de corte netamente marxista-comunista, la cual tendrá facultades para imponer cuantiosas multas o decretar el cierre de cualquier medio de comunicación que, a juicio de esos “tribunales populares”, infrinja sus presuntas disposiciones o directrices.
Entre otros incidentes de gravedad, se registraron:
El 11 de abril, fue asesinado el periodista Jorge Tortoza, fotógrafo del diario 2001, durante las manifestaciones políticas que desencadenaron la salida temporal del presidente Chávez del gobierno. El crimen permanece impune.
Los periodistas trabajan bajo constantes amenazas físicas y emocionales. A la fecha, son 51 los trabajadores de los medios agredidos: 12 lesionados, 22 amenazados, seis apedreados, cinco asaltados, cuatro baleados, un carro incendiado, granadas, bombas incendiarias y dos equipos perdidos en plena cobertura de eventos, así como destrozos a edificios sede de los medios.
El 16 de octubre, grupos oficialistas asaltaron y destrozaron la sede de un tribunal del estado Lara, poco después que éste admitiera una acción de amparo a favor del periodista José Ángel Ocanto, quien fue demandado por difamación e injuria por el Jefe de Seguridad de la Gobernación del Estado.
En Caracas, el 19 de octubre, fue lanzado un artefacto explosivo en la sede de Unión Radio.