VENEZUELA

1. La libertad de expresión, los medios de comunicación y los periodistas enfrentan un marco legal y situaciones de hecho cada vez más restrictivos para el ejercicio del periodismo, así como amenazas y agresiones por parte del oficialismo.

2. En este período causó alarma la violencia contra los periodistas, y se registraron tres asesinatos sin que hasta el momento se haya hecho justicia.

3. La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA expresó el 8 de julio del 2006 preocupación por los asesinatos de los periodistas venezolanos Jorge Aguirre, reportero gráfico del diario El Mundo, y José Joaquín Tovar, director del semanario Ahora, ocurridos el 6 de abril y el 17 de junio, respectivamente.

4. La UNESCO condenó el asesinato del periodista Jesús Flores Rojas, del periódico La Región, acontecido el 25 de agosto pasado. Fue asesinado por un sicario en la ciudad de El Tigre, en el estado de Anzoátegui.

5. El 30 de marzo se encontró el cadáver de Filippo Sindoni, editor del diario El Aragueño, quien había sido secuestrado el día anterior, presuntamente por causas ajenas a la profesión.

6. El derecho ciudadano a expresarse libremente sin ser molestado a causa de sus opiniones, recibir informaciones y difundirlas por cualquier medio de expresión —proclamado en el Artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y garantizado en los artículos 57 y 58 de la Constitución Venezolana— está siendo sistemáticamente vulnerado por el gobierno.

7. La subordinación de los poderes públicos a la voluntad del presidente Hugo Chávez se manifiesta en actuaciones cada vez más flagrantes, en perjuicio de la realización de la justicia y los fines del Estado democrático. La reforma, creación de leyes y reglamentos adecuados al interés del proyecto totalitario, los procedimientos y pronunciamientos de la Fiscalía General y del Poder Judicial, caracterizan la situación.

8. Es un ejemplo el caso del asesinato hace más de dos años, de un Fiscal del Ministerio Público, en el cual se pretende —con testimonios que han resultado públicamente falsos— involucrar por autoría intelectual a la periodista Patricia Poleo, hoy en el exilio, y al editor Nelson Mezerhane. Asimismo, el Tribunal Supremo de Justicia negó la solicitud de amparo constitucional interpuesta por el editor del diario Tal Cual contra la censura previa decretada por un juez de control, a solicitud del Fiscal General de la República en enero del 2006, cuando acusó a los medios de una supuesta “obstrucción de la justicia”. En otra sentencia de la Sala Civil se abre la posibilidad de sanción a los medios, al establecer que los diarios deben pagar eventuales daños morales que puedan derivarse de las opiniones de los periodistas.

9. Las amenazas contra la libertad de expresión y los medios independientes se incrementan porque, a pocas semanas de la elección presidencial, las noticias reflejan la realidad del país:

10. El Presidente de la República amenaza con revocar las concesiones a las televisoras privadas; el Ministerio de Comunicación e Información acusa a los medios de “terrorismo psicológico” por cobertura de manifestaciones; el Ministro del Interior y Justicia culpa a los medios por reseñar su polémica con el Fiscal; el Gobierno acusa a la Sociedad Interamericana de Prensa de “desinformar para atentar contra Venezuela”; el Gobernador y el Consejo Legislativo del Estado Bolívar disponen el desalojo de periodistas y trabajadores más la demolición del edificio, que es propiedad del diario Independiente, de esa región, con 30 años de tradición periodística.

11. El gobierno que rige en Venezuela ha creado, con dineros públicos, gran cantidad de medios impresos, televisoras y emisoras de radio, que cuentan con presupuestos ilimitados, cuantiosas inversiones publicitarias del Estado, exclusividad para la cobertura informativa de eventos gubernamentales en los cuales no se permite la presencia de periodistas y medios independientes. Todo ello con el fin de establecer uniformidad de mensajes e informaciones mediatizadas para imponer la ideología y los criterios del régimen.

12. El 29 de marzo fueron agredidos física y verbalmente los periodistas Rafael Fuenmayor y Yanitza León durante un acto con el presidente del Consejo Nacional Electoral.

13. El gobernador del Estado Guárico demandó el 30 de marzo al periodista Henry Crespo por supuesto delito de difamación.

14. El 7 de abril el Ministerio de Comunicación e Información amenazó con aplicar la Ley Resorte, que controla a los medios radioeléctricos, calificando como “terrorismo psicológico” la cobertura informativa de los medios audiovisuales sobre las manifestaciones pacíficas contra la inseguridad y la delincuencia, ocurridas en Caracas con motivo del asesinato de los hermanos Faddoul. El organismo gubernamental CONATEL amenazó al canal de televisión Globovisión con suspensión de trasmisiones por 72 horas.

15. El Juez Segundo de Juicio del Estado Aragua condenó el 11 de abril a la periodista Mireya Zurita, directora del diario El Siglo, a 18 meses de prisión por no revelar la fuente de una información en el juicio por “difamación en agravio directo” que le sigue un jefe policial.
16. El 28 de abril el Ministro del Interior y Justicia culpa a los medios por las informaciones sobre su polémica con el Ministerio Público surgida de las actuaciones y contradicciones en la investigación del asesinato del Padre Jorge Piñango.

17. El 3 de mayo –Día Mundial de la Libertad de Prensa– la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA exigió al gobierno el cese del acoso judicial a periodistas y expresó su preocupación por el uso de un registro de millones de ciudadanos que votaron para revocar el mandato del Presidente Chávez en el referéndum constitucional del año 2004, cuyos nombres están contenidos en la llamada “Lista de Tascón” y que se viene aplicando como herramienta discriminatoria para cargos públicos, contrataciones con el Estado, solicitudes de servicios, e identificar opositores, críticos y disidentes de la política oficial.

18. El 17 de mayo un Juez de Primera Instancia sentenció el sobreseimiento de la causa en el juicio contra el periodista Napoleón Bravo surgida de la acusación en su contra por parte de la Fiscalía del Ministerio Público por supuesto “vilipendio contra el Tribunal Supremo de Justicia”, pero tal sobreseimiento fue anulado el 14 de julio por la Sala 10 de la Corte de Apelaciones y abrirán un nuevo juicio contra el comunicador social en un tribunal diferente.

19. El 18 de mayo el Consejo Legislativo del Estado Bolívar emitió una Decisión mediante la cual exhorta y solicita a la Alcaldía del Municipio Caroní para que ordene “el desalojo y cese de la actividad comercial realizada por la empresa Editorial Roderick y proceda a demoler el edificio” que es propiedad y sede de esta compañía editora, donde funciona desde hace 30 años el diario Correo del Caroní.

20. La SIP manifestó, el 21 de mayo, su preocupación y calificó de ridícula la medida que pide el desalojo y demolición de la sede del diario Correo del Caroní. El gobierno respondió el mismo día, a través de un comunicado del Ministro de Comunicación e Información, acusando a la SIP de “desinformar para atentar contra Venezuela”.

21. El 13 de junio el Bloque de Prensa Venezolano se declaró en sesión permanente expresando “el más enérgico rechazo ante el atropello que se está cometiendo contra el diario Correo del Caroní.

22. El 15 de junio el Presidente Chávez amenazó con revocar las concesiones a las televisoras privadas en el 2007.

23. El periodista Hugo Díaz Milano denunció el 30 de junio que “el gobierno quiere intervenir gremios de los periodistas no permitiendo elecciones en el Colegio Nacional de Periodistas”. Acusó al régimen de propiciar una “constituyente gremial” para sustituir ilegalmente a las directivas de los gremios que tienen que ver con el periodismo, como son también el Sindicato de la Prensa y el Sindicato de Radio y Televisión.

24. A mediados de julio una misión de la SIP se destacó en Caracas y Puerto Ordaz tras una invitación de un diputado en la reunión de Quito en marzo. El ministro de Comunicación e Información, en nombre del gobierno, se negó a recibir a la delegación de la SIP y así igualmente todos los funcionarios, legisladores, alcalde y representantes municipales con quienes se habían acordado audiencias y reuniones mediante las cuales la SIP buscaba “escuchar de viva voz los puntos de vista oficiales”.

25. La delegación, luego de numerosas reuniones efectuadas con editores, periodistas, gremios profesionales, sindicatos, representantes de los medios radioeléctricos, y una visita al diario Correo del Caroní, en Puerto Ordaz, concluyó declarando que “hay un deterioro constante de la libertad de prensa”.

26. El Vicepresidente Vicente Rangel rechazó el 21 julio, en nombre del gobierno, el informe de la SIP diciendo que “ya estaba pre-elaborado”.

27. Los periodistas Leopoldo Castillo, del programa “Aló Ciudadano”, de Globovisión, y Miguel Angel Rodríguez, del espacio “La Entrevista” por Radio Caracas Televisión, confirmaron el hostigamiento por parte de organizaciones oficialistas, periódicos, televisoras del Estado y otros medios controlados por el gobierno, con la intención de justificar que tales programas de amplia sintonía y participación ciudadana sean eliminados.

28. Julio Balza, columnista del diario El Nuevo País, fue condenado el 26 de julio a 2 años y 11 meses de prisión, más una multa de 800 unidades tributarias, por “difamación agraviada continua” contra el ministro de Vivienda y Hábitat.

29. Directivos y periodistas del diario El Caroreño fueron agredidos por funcionarios oficiales municipales durante un programa radial con motivo del aniversario del periódico el día 26 de julio. Anteriormente otros periodistas del diario habían sido atacados.

30. En la acusación presentada por el Ministerio Público contra la periodista Marianella Salazar por supuesta calumnia al vicepresidente de la República y al Gobernador del Estado Miranda, se cumplió la audiencia preliminar en el Tribunal 40 de Control, cuyo Juez ordenó pase a juicio omitiendo pronunciamiento sobre pruebas. La defensa de la periodista apeló la decisión y el caso se encuentra en el Tribunal Segundo de juicio esperando la decisión en la Sala 9 de la Corte de Apelaciones. La periodista también enfrenta una querella por injuria, que cursa en el Tribunal Primero de Juicio en Caracas.

31. Periodistas del diario Los Andes fueron agredidos el 28 de julio por la policía política, que trató de despojarlos de sus equipos de trabajo.

32. Dirigentes sindicales ligados al oficialismo en el estado Barinas causaron daños materiales en la sede del Diario de los Llanos el 2 de agosto.

33. Una propuesta del gobierno de Chávez para incluir el tema de control de contenido para los medios de comunicación en la agenda de Derechos Humanos del Mercosur, fue rechazada el 30 de julio por Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay. El modelo propuesto era el de la cuestionada Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión vigente en el país, que contempla sanciones que inducen a la autocensura.

34. El Presidente Chávez, el 21 de septiembre, agredió verbalmente a la periodista Luisana Ríos, de Radio Caracas Televisión, cuando ésta le hizo una pregunta durante una rueda de prensa en Nueva York, Estados Unidos.

35. El 22 de septiembre la Fiscalía General de la República citó al director del canal informativo Globovisión, Alberto Federico Ravell, y debe comparecer el próximo 3 de octubre para una “investigación” de la cual no se informa en la solicitud de comparecencia. Globovisión, sus ejecutivos y periodistas han sufrido toda clase de acciones de hostigamiento y agresiones en los últimos años por su periodismo de denuncia.

36. El 26 de septiembre el editor Nelson Mezerhane presentó ante el Tribunal Supremo de Justicia lo que con sus asesores jurídicos calificó como "pruebas claras del fraude procesal" en relación con el caso del asesinato de un Fiscal del Ministerio del Ministerio Público, en el cual la Fiscalía General de la República lo ha señalado como presunto "autor intelectual" junto a la periodista Patricia Poleo, quien se encuentra exiliada por tal causa.

37. En septiembre el presidente del diario El Impulso, de Barquisimeto, fue notificado de un proceso penal en su contra por la publicación de una denuncia en las páginas de Cartas al Director de una ciudadana que se quejaba de la mala atención recibida en un organismo público dependiente del Ejecutivo Nacional. Se trata de una agresión más dentro de otras de las que ha sido víctima el periódico y sus periodistas, por su línea editorial e informativa independiente, y sobre las que ya conoce la SIP.

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