BRASIL

La libertad de prensa se vio afectada particularmente por numerosas disposiciones y condenas judiciales contra medios de comunicación y periodistas que debieron enfrentar multas, medidas de censura, así como agresiones físicas.
La mayoría de las agresiones, en este caso, se presentan en forma de actos de censura por parte de las autoridades judiciales, tal como ocurrió con los diarios Zero Hora y Diário Gaúcho, del estado Rio Grande do Sul, impedidos de publicar el diálogo contenido en una cinta de grabación a través de una medida cautelar dictada por un juez. La misma medida fue usada para impedir que los medios de comunicación difundieran la noticia sobre un juez de São Paulo, acusado de prácticas delictivas.
Por otro lado, la 16ª. Sala Civil del Tribunal Federal de São Paulo, suspendió en todo el país, la obligatoriedad de contar con un diploma de periodismo para la obtención del registro profesional en el ministerio de Trabajo. La jueza provisional Carla Abrantkoski Rister afirmó en su dictamen que el decreto ley 972/69, expedido durante el régimen militar, que exige dicho diploma, viola la Constitución Federal de 1988, que dice, en su artículo 5º, párrafo 9º, que "las manifestaciones de actividades intelectuales, artísticas, científicas y de comunicación, son libres e independientes de censura o licencia".
Dicho dictamen fue emitido el 30 de octubre del 2001, en una acción civil pública interpuesta por el procurador de la República, André de Carvalho Ramos, procurador regional de derechos ciudadanos, cuyo objetivo es garantizar la protección de los derechos constitucionales y los intereses sociales y colectivos. La solicitud de tutela anticipada hace que un dictamen tenga validez inmediata hasta que se emita una opinión posterior. Según la jueza, la obligatoriedad del diploma podría causar un daño irreparable o de difícil reparación a quienes ejercen el periodismo sin estar registrados en el Ministerio de Trabajo, ya que correrían el riesgo de ser demandados y sufrirían limitaciones.
La Cámara de Diputados aprobó, el pasado 26 de febrero, en una segunda vuelta, la propuesta de enmienda a la Constitución (PEC) que permite que capitales extranjeros puedan tener una participación de hasta el 30 por ciento del capital total y con derecho a voto en las empresas de comunicación. Se registraron 402 votos a favor, 23 en contra y 3 abstenciones. La victoria en primera vuelta se dio el 11 de diciembre, con el apoyo de las bancadas de oposición, donde se registraron 406 votos a favor y 23 abstenciones.
Para que una enmienda constitucional entre en vigencia, ésta debe ser aprobada en dos vueltas, tanto en la Cámara de Diputados, como en la de Senadores. Por consiguiente, la propuesta pasará al Senado, donde también tendrá que ser evaluada en dos turnos. El relator de la PEC en la Cámara, diputado Enrique Alves, del PMDB de Rio Grande do Norte, considera que la votación podría concluir en abril. Además de permitir la participación de capitales extranjeros, la propuesta autoriza a las empresas periodísticas y de radiodifusión a constituirse como personas jurídicas. En la actualidad, sólo pueden ser controladas por personas naturales.
Finalmente, se informa que la situación de los periodistas asesinados en el Brasil se mantiene igual y la SIP sigue con atención los procesos a través de la Vicepresidencia de la Comisión de Libertad de Prensa e Información para Brasil y de su Unidad de Respuesta Rápida.
3 de octubre del 2001 - Siete periodistas fueron mantenidos como rehenes durante 48 horas por los indios terenas, en Rondonópolis, a 250 kilómetros de la capital del estado de Mato Grosso. Según la periodista Justina Fiori, que integra una comisión de editores de televisión y diarios del municipio, los terenas usaron a los periodistas para atraer la atención de los dirigentes del Incra - Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria, sobre la definición de la concesión de tierras para asentarlos en una de las haciendas de Rondonópolis.
5 de octubre del 2001 - Un carro de TV Liberal, afiliada a "Rede Globo" en el estado de Pará, recibió dos disparos por parte de los guardias de seguridad del ex senador Jader Bárbalo (PMBD/PA). Esto sucedió en las inmediaciones de la hacienda Rio Branco, de propiedad de Jader, en el municipio de São Miguel do Guamá, a 150 kilómetros de Belém, capital del estado. Los disparos dieron en los neumáticos delanteros del carro donde iban el cineasta Júlio Augusto Noroña de Souza, el reportero Jonás Campos y el conductor Jairos Lopes.
31 de enero del 2002 - Los reporteros gráficos Daniel Barreto y Mastrangelo de Paula Reino, de Tribuna Impressa, de Araraquara, estado de São Paulo, fueron agredidos en pleno ejercicio de su profesión. Resultaron con lesiones corporales, recibieron amenazas de muerte, y sus materiales y equipos fotográficos quedaron dañados.
El hecho sucedió en un restaurante a donde fueron a fotografiar un almuerzo del presidente de la Comisión de Licitaciones de la alcaldía con representantes de las empresas que participaban en una licitación para el recojo de basura.
31 de octubre del 2001 - La reportera Luciana Vieira de Sousa fue impedida de participar en el lanzamiento de la campaña Ciudadano Consumidor, "el Procon y usted", que se realizó en la residencia oficial del gobernador del Distrito Federal, un local público. A pesar de haber sido invitada personalmente por la directora del Procon, Maria Dagmar de Freitas, el jefe del gabinete de la Secretaría de Comunicación Social del gobierno del Distrito Federal, André Duda, impidió el ingreso de la reportera por estar al servicio de Correio Braziliense.
13 de noviembre del 2001 - El juez Régis de Oliveira Montenegro Barbosa, del tribunal municipal de Porto Alegre, estado de Rio Grande do Sul, postergó la medida cautelar por la cual los diarios Zero Hora y Diario Gaúcho, ambos del grupo RBS, se debían abstener de publicar el contenido de una grabación del diálogo entre los periodistas del Diario Gaúcho y Jairo Carneiro, ex tesorero del Partido de los Trabajadores. Una copia de la cinta está en poder de la Comisión Investigadora de Seguridad Pública del Congreso.
La medida cautelar fue solicitada por Diógenes de Oliveira y Daniel Verçosa Gonçalves, presidente y director del Club de Protección Ciudadana, respectivamente, contra Zero Hora y Diario Gaúcho. Los referidos diarios conocieron de la acción cautelar a las 0h8min. de la madrugada del 13 de noviembre, cuando parte de sus ediciones ya estaban imprimiéndose. Ninguno de los dos diarios estaba publicando la transcripción de la cinta ni ningún otro reportaje sobre su contenido.
23 de enero del 2002 - La jueza Adriana Borges de Carvalho, de la 4ª. Sala Civil del Foro Regional XI - Pinheiros - São Paulo, aprobó una medida cautelar que impide a los medios de comunicación social informar sobre el proceso administrativo que se le sigue al juez Renato Mehanna Khamis, en un órgano especial del TRT de la 2ª Región, instaurado para investigar su participación en supuestas prácticas delictivas.
El juez Renato Siquiera de Pretto, de la 1ª Sala Civil de Campinas, condenó en primera instancia a la empresa Folha da Manhã Ltda., que edita el diario Folha de S.Paulo, a pagar 2.000 salarios mínimos de indemnización por daños morales al juez Luiz Beethoven Giffoni Ferreira. El 15 de noviembre del 2001, el diario anunció que presentaría un recurso de apelación. La sentencia se refiere a un reportaje de 1998 y 1999 sobre la investigación de una supuesta relación de Ferreira con adopciones irregulares de niños y con tráfico de armas y drogas.
Otra acción de reparación civil por daños morales impuesta por el juez Luiz Beethoven Giffoni Ferreira resultó en la hipoteca de las oficinas de Rede Globo, en la región de Marginal Pinheiros, en la ciudad de São Paulo. El 16 de noviembre del 2001, el juez de la 6ª Sala Civil de Jundiaí, Antonio Carlos Soares de Moura e Sedeh, ordenó al notario de la 15ª Notaría de Registro de Bienes Inmuebles de São Paulo, registrar la hipoteca del local, atendiendo a la solicitud del abogado Laerte de França Silveira Ribeiro, a favor del juez Giffoni Ferreira.
El 25 de noviembre de 1999, el diario Jornal Nacional publicó un reportaje en el que se acusaba al ex juez para la Niñez y la Juventud de Jundiaí de enviar niños al extranjero a cambio de dinero. Sin embargo, las acusaciones nunca fueron probadas ni por la Comisión Investigadora del Senado. La defensa de Giffoni Ferreira estima que Globo deberá pagar al juez R$5 millones.
20 de diciembre del 2001 - El tribunal de Justicia de Espiritu Santo aprobó una medida cautelar que acabó con las restricciones de libertad impuestas a la periodista Maura Fraga, demandada por injuria, calumnia y difamación por el diputado federal Max Mauro (PTB/ES), ex gobernador del estado. La periodista fue procesada a raíz de la publicación de siete notas en la columna que escribe en A Gazeta, de Vitória, capital del estado, en el año 2000. Debido a un acuerdo que tuvo que suscribir para suspender la acción penal, Maura quedó prohibida de abandonar la capital del estado sin autorización judicial, frecuentar bares o ingerir bebidas alcohólicas durante dos años, debiendo presentarse mensualmente ante el juez durante dicho período.
Continúa impune el asesinato de Marcos Borges Ribeiro, propietario del diario O Independente, de Rio Verde, estado de Goiás, ocurrido el 1º de mayo de 1995 en su residencia. Ribeiro había publicado denuncias de violación de derechos humanos por parte de la policía de Rio Verde y de irregularidades en la administración pública. Su muerte ocurrió luego de que éste anunciara que estaba siendo amenazado por la policía para que se abstuviera de hacer nuevas denuncias.
El 31 de octubre de 1996, los policías civiles Gláucio dos Reis Santana y Joana D'Arc de Souza fueron denunciados por el Ministerio Público como autores del mencionado asesinato. D'Arc es esposa del delegado regional de la ciudad. Gláucio dos Reis Santana asumió la autoría del crimen, alegando legítima defensa.
Aristeu Guida da Silva, propietario del diario São Fidélis, al noroeste del estado de Rio de Janeiro, fue asesinado el 12 de mayo de 1995. Dos hombres en motocicleta ingresaron a su casa y lo mataron disparándole siete tiros, llevándose varios documentos relacionados con las denuncias que el periodista venía haciendo contra el Concejo Municipal, el poder legislativo local.
Los reos son Carlos Marques de Pinho, Israel dos Santos Rosa y Vladimir Rainieri Pereira Sobrosa. El reo Juarez Carlos Rodrigues Silva fue asesinado en agosto de 1998. Era concejal y principal acusado de haber mandado matar al periodista Aristeu Guida da Silva. Fue apresado el 30 de abril de 1997, pero un mes y medio más tarde fue liberado mediante habeas corpus, continuando su proceso en libertad.
El 29 de agosto de 1995, Reinaldo Coutinho da Silva, propietario de Cachoeiras Jornal, de Cachoeiras de Macacu, estado de Rio de Janeiro, fue asesinado de 14 tiros en una señal de tránsito en el municipio de São Gonzalo. Las investigaciones avalaron las hipótesis de venganza de los agentes policiales, a quienes el diario acusaba de cometer irregularidades; atentado para impedir que el diario divulgase las denuncias contra el ex alcalde, y crimen cometido por un antiguo adversario, dueño del diario de la competencia. El periodista había divulgado denuncias que llevaron al encarcelamiento de los agentes de la policía militar, se disponía a divulgar noticias que comprometían a la administración de un ex alcalde, y tenía entre sus enemigos a un empresario de Cachoeiras de Macacu.
El 28 de agosto del 2001, la policía anunció que se reanudarían las investigaciones que habían estado detenidas durante un año y medio. El delegado titular de la División de Homicidios de Rio de Janeiro, Paulo Passos, manifestó que la muerte podría estar ligada a intereses de diarios de la competencia que perdieron una licitación para publicar avisos sobre actos oficiales de la alcaldía.
El 29 de octubre de 1997, Edgar Lopes de Faria, presentador de un programa de Radio FM Capital, en Campo Grande, estado de Mato Grosso do Sul, fue asesinado en dicha ciudad. Le dieron siete tiros de pistola 7.65 y seis tiros de escopeta calibre 12. El hecho ocurrió poco antes de la presentación del programa "En la Boca del Pueblo", donde anunció que revelaría los nombres de quienes ordenaron unos crímenes que estaba investigando, en la región de Dourados, estado de Mato Grosso do Sul.
Fueron sindicados como posibles autores Francisco Augusto Tavela y João Batista Guedes, quienes fueron muertos en noviembre de 1997 en Cuiabá, estado de Mato Grosso, luego de que intentaran asesinar al agente policial Roberto Gil de Almeida. El caso fue interpuesto por la Secretaría de Seguridad Pública del referido estado.
Ronaldo Santana de Araujo, presentador de un programa en Rádio Jornal, de Eunápolis, estado de Bahía, fue asesinado el 9 de octubre de 1997. En su programa denunciaba a traficantes y grupos de exterminio de la región. Dos desconocidos le dispararon a quemarropa en el centro de la ciudad. El crimen fue presenciado por uno de los tres hijos del periodista, quien temprano esa mañana acompañaba a su padre a la radio, cuando fueron interceptados por dos hombres en motocicleta. Uno de ellos, descrito como calvo y de baja estatura, que iba en el asiento de atrás, le disparó tres tiros al pecho y el cuello.
El juez Otaviano Andrade de Souza Sobrinho, de la Sala Penal de Eunápolis, estado de Bahía, aceptó la denuncia interpuesta por el fiscal João Alves da Silva Neto contra el ex alcalde Paulo Ernesto Ribeiro da Silva, conocido como "Paulo Dapé" y sospechoso de ser el autor intelectual del crimen. La denuncia también incluyó a Paulo Sérgio Mendes Lima, Maria José Ferreira de Souza, conocida como "Maria Sindoiá", Waldemir Batista de Oliveira ("Dudu"), y Antonio Oliveira Santos ("Toninho da Caixa").
Manoel Leal de Oliveira, propietario del diario A Região, de Itabuna, estado de Bahía, fue asesinado de seis tiros en dicha ciudad el 14 de enero de 1998. Leal había venido denunciando sistemáticamente a personas influyentes de la región, incluyendo al alcalde de la ciudad, por supuestas irregularidades. Se sospecha que el crimen tenga motivaciones políticas. El 20 de setiembre del 2001, el juez Marcos Antonio Bandeira ordenó la prisión preventiva de tres acusados: Marcone Sarmento, Monzar Castro Brasil y Tomás Iraci Moisés Guedes.
El 9 de marzo de 1998, José Carlos Mesquita, locutor de radio y presentador de televisión del canal Ouro Verde, de Ouro Preto do Oeste, a 350 km de Porto Velho, capital de Rondõnia, fue muerto de tres tiros frente a la emisora de su propiedad. Desde 1993, Mesquita venía presentando el programa "Espacio Abierto", en el que hacía una serie de denuncias. En los tres últimos programas, hizo denuncias sobre el servicio de transporte urbano de pasajeros (taxis) del municipio. Fueron denunciados Eurico Rodrigues Chaves y Nivaldo "de tal". Los reos Valdivino Martins da Silva y Claudiomiro Chaves no fueron hallados culpables, mientras que el reo Gerim Ferreira Lacerda murió.
El 16 de agosto del 2001, Mário Coello de Almeida, hijo, director administrativo del diario A Verdade, del municipio de Magé, Baixada Fluminense, a 60 km de Rio de Janeiro, fue muerto a tiros cuando llegaba a su casa cerca de las 6 de la tarde, un día antes de que rindiera su testimonio en el juicio abierto contra él por la pareja formada por José Camilo Zito dos Santos y Narriman Zito, alcaldes de los distritos de Duque de Caxias y de Magé, respectivamente.
El 14 de febrero del 2001, Manoel Daniel de Abreu, hijo, ex sargento de la Policía Militar, fue arrestado bajo sospecha del asesinato de Mário Coelho, hijo. El juez de Magé ordenó la prisión preventiva del sargento, a solicitud del oficial Ricardo Hallax, de la 65ª Delegación Policial de Magé, a raíz de una denuncia anónima en su contra, presentada el 13 de setiembre del 2001.
El mencionado sargento trabaja como seguridad de la familia del alcalde de Duque de Caxias, José Camilo Zito dos Santos. Hasta 1999 trabajaba para la diputada estatal Andréia Zito, hija del alcalde, y ahora era responsable de la protección de la primera dama de la municipalidad de Belford Roxo, Maristela Corrêa Nazario, esposa del alcalde Waldir Zito.
El diario era conocido por sus denuncias de supuestas irregularidades cometidas por políticos locales. En los últimos meses, el principal blanco de dichas denuncias venía siendo la alcaldesa Narriman Zito. Entre las supuestas irregularidades publicadas en A Verdade, figuraban el crimen electoral, corrupción y sobrefacturación de obras públicas.

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