GUATEMALA

La prensa independiente mantiene una actitud de constante defensa de la Libertad de Prensa y de Expresión, como resultado de las actitudes de un gobierno que no tolera las críticas y mucho menos los señalamientos de corrupción que se publican en los periódicos.
En este período, lo más relevante ha sido el intento de controlar a la prensa por medio de un proyecto de ley de colegiación obligatoria para todos los profesionales, incluyendo a los periodistas, el cual ha sido impugnado ante la Corte de Constitucionalidad (CC) por la Asociación de Periodistas de Guatemala (APG) y abogados de los propios periódicos.
Los recursos de inconstitucionalidad presentados ante la CC destacan que la ley aprobada por una amplia mayoría del partido oficial, FRG, contradice el Art. 35 de la Constitución de la República, el cual garantiza el ejercicio del periodismo "sin permiso ni licencia previa".
La CC resolvió provisionalmente a favor de los periodistas, pero aún falta el fallo definitivo. La prensa independiente ha dicho que no aceptará la colegiación obligatoria de los periodistas y que está dispuesta a librar la batalla legal a nivel nacional y en el campo internacional.
Este intento de controlar a la prensa se suma a una actitud constante de limitación de información en las fuentes gubernativas, principalmente en todo lo relacionado a los casos de corrupción en los que se ven involucrados funcionarios públicos del más alto rango, incluyendo al presidente Alfonso Portillo y el vicepresidente Francisco Reyes López.
Otro tema legislativo que preocupa es un proyecto de la bancada oficial de reformar el Código Penal, introduciendo castigo y sanción para las publicaciones, periódicos, libros y medios radioeléctricos, que incluyan "contenido obsceno", lo que no sólo es contrario al Art. 35 de la Constitución, sino que es un claro intento por empezar a intervenir en el contenido de los medios.
Un caso emblemático de los crímenes contra periodistas, es el de Jorge Mynor Alegría Armendáriz, asesinado a tiros el 6 de septiembre del 2001 en Puerto Barrios, 300 km. al norte de Ciudad de Guatemala. El Procurador de los Derechos Humanos, Julio Arango, emitió una resolución en la que concluye que el asesinato tuvo un móvil político para acallar al periodista.
Las versiones oficiales intentan desviar el caso hacia la delincuencia común, a pesar de lo cual se ha sabido de presiones y amenazas en contra de testigos clave, todo lo cual confirma que Alegría fue asesinado por las denuncias de corrupción que hacía por medio de su programa radial "Línea Directa", el cual desapareció después del crimen.
La APG denunció también que han existido agresiones e intimidaciones en contra de varios periodistas, entre ellos, el reportero gráfico José Pelicó Pérez, de la agencia de noticias Cerigua, Deccio Serrano, de Nuestro Diario y Nery de la Cruz, de radio Sonora. Todos ellos fueron agredidos en la vía pública.
En el caso de Prensa Libre, el columnista Enrique Sam Colop, quien defiende los derechos de los indígenas, ha recibido amenazas con fuerte carga racista por medio de correos electrónicos, en su residencia y por teléfono.
El gobierno del presidente Alfonso Portillo se comprometió en septiembre ante una misión de la SIP, a terminar con el monopolio de la TV que tanto atacó a la prensa escrita el año pasado.
Portillo anunció que en diciembre saldrían a licitación los dos canales que están en poder del Estado, aunque uno de ellos debería ser dedicado a temas culturales.
Hasta la fecha no se ha cumplido con este compromiso y ha trascendido que se pretende dar en concesión únicamente el Canal 5, pero no para que funcione como canal comercial y pueda competir con los cuatro que forman el monopolio, sino para ser entregado a una ONG.
Como aspecto positivo, otra misión de la SIP se entrevistó el 7 de diciembre con el Fiscal General de la Nación, Adolfo Rodas, quien a solicitud de la SIP y después de más de 20 años, reabrió el caso de la periodista Irma Flaquer, nombrando a un fiscal especial.

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