MEXICO

En el país persiste un patrón de ataques y crímenes contra periodistas llevados a cabo especialmente por el crimen organizado, en particular el narcotráfico. Ello ocurre en una zona muy específica, la frontera norte del país, vecina a Estados Unidos donde la tarea periodística sigue siendo un oficio de alto riesgo.
La violencia ocurre en un entorno geográfico, económico y cultural complejo, donde la presencia del narcotráfico ejerce un deterioro grave, a veces brutal, en la vida de las comunidades. Con recursos económicos sin límite, los capos de la droga logran la subordinación de múltiples actores sociales, desde autoridades hasta padres de familia, pasando por casos aislados de periodistas. Es posible concebir el dilema que enfrentan muchos periodistas en la zona: o aceptan la sumisión o ponen en riesgo su vida. O para citar un comentario común en la región: deben escoger entre dos metales: oro o plomo.
Los riesgos no son menores incluso para los que aceptan tratos con el narcotráfico. Pueden ser víctimas de una banda contraria o ejecutados si se les atribuye una infidencia o una deslealtad, como en el caso del periodista Félix Fernández, asesinado el 18 de enero pasado en la población de Ciudad Miguel Alemán, Tamaulipas, fronteriza con el estado de Texas. El periodista viajaba en su vehículo cuando fue alcanzado por ráfagas de metralleta disparadas desde otro automóvil en marcha. Fernández fue director de la revista Nueva Opción, propiedad de un ex alcalde local que ha sido vinculado al narcotráfico por autoridades federales. Dos personas fueron detenidas en relación con los hechos.
En el año 2001 tres periodistas fueron asesinados en la región fronteriza, sin que las autoridades hayan informado de avances en el esclarecimiento de los hechos. Se trató de José Luis Ortega Mata, muerto el 19 de febrero en Ojinaga, Chihuahua; Valentín Dávila Martínez, muerto en agosto en Ciudad Juárez, Chihuahua, y Saúl Antonio Martínez, el 24 de marzo en Matamoros, Tamaulipas.
Todavía sigue impune la muerte de los periodistas Héctor Félix Miranda, del 29 de abril de 1988, y de Víctor Manuel Oropeza, del 3 de julio de 1991, casos investigados por la SIP que han motivado recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, que ha definido responsabilidad internacional del Estado mexicano por las violaciones cometidas.
Igualmente persisten deplorables retrocesos en materia judicial. Así ocurre con el caso del periodista norteamericano Philip True, muerto en diciembre de 1998 en una zona indígena del estado centro-occidental de Jalisco. Los presuntos victimarios, que estaban en prisión en espera de sentencia, fueron liberados en agosto de 2001, presumiblemente por desvanecimiento de pruebas.
Una apelación presentada por la señora Martha True, esposa del periodista, conjuntamente con el fiscal (procurador) estatal, no ha tenido aún resolución alguna por parte del Poder Judicial del estado.
El 2 de febrero de este 2002 fue encontrado en su oficina de la ciudad de México el cuerpo sin vida del periodista cultural, escritor y director teatral Julio Samuel Morales Ferrón, conocido como Severo Mirón, a punto de cumplir 80 años de edad. Las autoridades no han esclarecido los hechos.
El 15 de enero el periodista Jesús Blancornelas, codirector del semanario Zeta, de Tijuana, publicó en su columna haber recibido amenazas de muerte cinco días antes por medio de un mensaje que le fue hecho llegar vía correo electrónico. El 27 de noviembre de 1997 Blancornelas sufrió un atentado en el que resultó gravemente herido y uno de sus acompañantes perdió la vida.
En noviembre del 2001, el coordinador de la Policía Federal Preventiva en México, el general Francisco Arellano Noblecía, presentó ante un juez federal de la Ciudad de México una demanda por difamación contra el periódico El Imparcial de Hermosillo, luego de que en julio anterior ese diario publicara que Arellano Noblecía era el mismo personaje que 25 años antes, en octubre de 1975, coordinó un operativo policial para desalojar tierras en Sonora, con resultado de varios campesinos muertos. Inicialmente, Arellano Noblecía hizo publicar en un diario de la Ciudad de México copias de cheques presuntamente apócrifos, con los que acusó a El Imparcial de recibir dinero del narcotráfico, lo que llevó a esa casa editora a presentar una denuncia penal.
Informes en diarios nacionales y agencias de noticias como Associated Press, indican que periodistas de Ciudad Juárez, Chihuahua, denunciaron hostigamiento por parte de autoridades estatales, en respuesta a investigaciones periodísticas a que dan cuenta de incapacidad oficial ante la inseguridad pública en la zona, especialmente en el caso de la muerte de decenas de mujeres trabajadoras de maquiladoras en la región.

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