PANAMA

Desde la reunión anual que la Sociedad Interamericana de Prensa efectuó en Washington en el pasado mes de octubre, los acontecimientos más importantes sobre la libertad de prensa y el derecho a la información en Panamá son los siguientes:
El gobierno no ha cumplido con sus promesas de derogar las leyes restrictivas de la libertad de prensa. Las comisiones que fueron designadas por el ministro de Gobierno y Justicia en ese tiempo, Winston Spadafora, se convirtieron en inoperantes, en parte por su composición y, sobre todo, por la falta de voluntad para alcanzar resultados concretos. El antiguo ministro es ahora magistrado en la Corte Suprema de Justicia, y se encuentra bajo investigación por un escándalo de supuestos sobornos a ciertos legisladores cuyo voto era indispensable para que la Asamblea Legislativa aprobara su nombramiento.
El pasado 22 de enero entró en vigencia la ley 6, sobre normas de libre acceso a la información pública, lo que fue celebrado como un gran triunfo para el periodismo nacional. Sin embargo, del dicho al hecho hay mucho trecho, como suele decirse. Ocurre que Lorenzo Abrego, uno de los reporteros de La Prensa, solicitó formalmente a la Contraloría General de la Nación una lista actualizada de todos los automóviles exonerados a los legisladores, con especificación de marca, modelo, año de fabricación, precio CIF y el monto de la exoneración conseguida. Transcurridos los 30 días calendario que señala la ley, el periodista preguntó por qué no tenía respuesta. La Contraloría dijo que no podía darla, porque la ley todavía no estaba reglamentada. Es una burla a la ley, a la Asamblea que la aprobó, a la presidenta de la República que la sancionó, y a todos los periodistas y ciudadanos del país. Como cualquier estudiante de derecho sabe, las leyes sólo deben ser reglamentadas cuando la propia ley lo establece, lo cual no ocurre en este caso. El periodista interpondrá un recurso de habeas data para que un juez determine la validez de las razones que impiden que funcione la ley de transparencia sobre la información pública.
Continúan los casos de hostigamiento judicial contra los periodistas, víctimas de arbitrarias denuncias por supuestas calumnias o injurias, y raramente se resuelven, pero sirven de pretexto para continuas citaciones a rendir indagatoria, ampliarla, efectuar careos y, en general, hacerles más difícil el ejercicio normal de sus actividades periodísticas.
El Departamento de Estado de Estados Unidos, en su informe anual sobre la situación de los derechos humanos en Panamá, censuró, en general, la administración de justicia por considerar que sufre de corrupción, ineficiencia y manipulación política, pero fue especialmente crítico de la actitud gubernamental hacia los periodistas, porque tanto "el gobierno como las figuras públicas hacen uso frecuente de las leyes de calumnia y desacato para confrontar e intentar la intimidación de periodistas".
El periodista Marcos Castillo, nuevo presidente del Colegio Nacional de Periodistas, propuso en su discurso de toma de posesión, la creación de un comité nacional para derogar las leyes restrictivas de la libertad de expresión, la eliminación de las llamadas leyes de desacato y la despenalización de la calumnia y la injuria. "¿Cómo es posible que políticos y ciudadanos que antes rechazaban estos instrumentos, hoy los utilicen y hasta defiendan su vigencia?", preguntó.
En la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tres periodistas denunciaron que de 200 personas que ejercen el periodismo en Panamá, 90 tienen denuncias penales por El periodista Marcos Castillo, nuevo presidente del Colegio Nacional de Periodistas, propuso, en su discurso de toma de posesión, la creación de un comité nacional para derogar las leyes restrictivas de la libertad de expresión, la eliminación de las llamadas leyes de desacato y la despenalización de la calumnia y la injuria. "¿Cómo es posible que políticos y ciudadanos que antes rechazaban estos instrumentos, hoy los utilicen y hasta defiendan su vigencia?", preguntó.calumnia, injuria, o ambas, en las cuales el denunciante, en más de una tercera parte de los casos, es un servidor público o influyente personaje político. "Hay una política de persecución y represión judicial contra los medios de comunicación y los periodistas críticos", concluyeron.
Lamentablemente ese es el panorama de la libertad de expresión y el derecho a la información en Panamá.

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