VENEZUELA

El ejercicio de la libertad de expresión estuvo expuesto a muy graves peligros en este período. Padeció violaciones que comprometen la vigencia de la democracia y del Estado de Derecho. Los medios, editores y periodistas siguen expresándonos con el producto de la valentía y de la conciencia cívica, pues la tarea de la prensa ya no se puede ejercer sin consecuencias dañosas.
De sus conocidos insultos, agravios e intimidaciones contra los editores y los comunicadores sociales y hechos públicos en cadenas semanales de radio y de televisión, el presidente Hugo Chávez, ha transitado hacia una fase de incitación sistemática al odio e instigación directa a la violencia popular contra los periodistas. Ahora convoca o anima a sus seguidores, miembros de los Círculos Bolivarianos, organizados con apoyo y dineros gubernamentales para que, por la vía de los hechos, cumplan actos de linchamiento moral y material contra los periodistas y sus bienes, en circunstancias nunca antes conocidas.
En las semanas más recientes se han constituido "tribunales populares", dirigidos por seguidores de la llamada Revolución Bolivariana, quienes, prevalidos de la solidaridad presidencial, se han dado a la tarea de reunirse en las plazas públicas para "ajusticiar" a quienes consideran contrarrevolucionarios, en particular a los dueños de los medios y a los periodistas que no han hecho causa común con las prédicas y actuaciones disolventes del "chavismo": el periodista José Domingo Blanco es una de sus víctimas inmediatas.
La institucionalidad formal no ha sido capaz de reaccionar de manera clara y eficiente para proscribir y sancionar estos hechos delictivos, contrarios a la Constitución y a las libertades, ya que es evidente que los poderes públicos se encuentran bajo control de personas de confianza del presidente y sometidos a sus dictados autocráticos.
El Tribunal Supremo de Justicia dictó su Sentencia 1013 para proteger las incitaciones presidenciales. Hoy es considerada como base ideológica y normativa del proyecto para amordazar a la prensa por parte del Estado. Asimismo, adoptó otra decisión, en Sala Constitucional, eliminando el principio de intangibilidad de la cosa juzgada, para hacer posible la reapertura, por supuestas razones de interés público y de mero Derecho (ipso iure), de las causas civiles, administrativas, comerciales, fiscales y de otro orden que ya estuviesen judicialmente clausuradas; con lo que se deja en un limbo jurídico a todos los ciudadanos, entre éstos los editores y los periodistas, haciéndoles víctimas fáciles y potenciales de los chantajes del poder.
En la audiencia pública celebrada recientemente ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con motivo de la denuncia que hiciera de la Sentencia 1013 el Bloque de Prensa Venezolano, el Gobierno declaró que, para poner orden en el debate creado por los medios, se dictaría una Ley de Contenidos: suerte de código que recogerá las prescripciones restrictivas de la libertad de expresión contenidas en esa sentencia y a la cual se refirió el presidente en sus alocuciones del 10 de diciembre, ante las Fuerzas Armadas, y del 9 de enero, ante la Asamblea Nacional.
La Asamblea Nacional, a su vez, sancionó una Ley de Telecomunicaciones que, desde ahora y en espera de la citada Ley de Contenidos, permite al Gobierno, a su libre arbitrio, cerrar los programas de radio y de televisión que considere contrarios al interés nacional: que no es otro que el interés de la revolución. Entre tanto, bajo la amenaza coloquial de que estaría estudiando una Ley de Prensa, la Asamblea decidió el 17 de enero, "exhortar a los propietarios de los medios de comunicación para que discutan y aprueben, libre y autónomamente, un Código de Ética que norme su conducta".
El Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo mantienen una conducta indiferente ante todos estos hechos. El Ministerio Público, que tiene su bajo su responsabilidad el ejercicio de las acusaciones penales para impedir la violencia creciente contra periodistas y editores, es ocupado por quien fuera hombre de confianza y vicepresidente del actual mandatario. Y, si se trata del Poder Judicial en general, más del 80 por ciento de sus jueces son provisorios. Su futura estabilidad está en manos del Tribunal Supremo, que no les otorga la estabilidad para impedirles que ejerzan con autonomía e independencia su ministerio y así sujetarlos a las manipulaciones y requerimientos del Gobierno.
El Gobierno del presidente Chávez tiene en su haber 49 decretos ley dictados en el 2001, en un solo día, al amparo de una Ley Habilitante que desbordó tanto el principio constitucional de la "reserva legal" como las competencias naturales del parlamento, en un claro ejemplo de la degeneración política. Esos decretos han sido impugnados por múltiples acciones ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia por ser, además, violatorios de derechos fundamentales como el de propiedad, el de contratación colectiva, el de asamblea, sin que exista respuesta por parte de tal instancia judicial hasta el presente.
Una misión de la SIP y anteriormente el Secretario Ejecutivo de la CIDH visitaron el país en febrero y coincidieron que en el país no existe libertad de prensa.
En marzo, los editores, propietarios de estaciones de televisión y algunos periodistas venezolanos fueron recibidos por el plenario de la CIDH, en Washington, para un encuentro de trabajo; luego del cual se anunció la visita de dicha institución a Venezuela para realizar en mayo una investigación in loco. También tuvo lugar una audiencia pública sobre la Sentencia 1013, en la que el representante del Estado, amén de confirmar la iniciativa del Gobierno en cuanto a la Ley de Contenidos, hizo expresa su inconformidad con la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la OEA -coincidentes con los de la Declaración de Chapultepec- y señaló que la materia relacionada con la libertad de expresión estaba reservada a la soberanía interna.
La CIDH adoptó este año medidas cautelares en favor de los Diarios El Nacional y El Universal y de las estaciones de televisión Radio Caracas, Globovisión y VeneVisión, para preservar el derecho a la vida, la integridad personal y la seguridad de los bienes de sus periodistas, directivos y propietarios. Más allá de las expresiones formales, el Gobierno poco ha hecho para su cumplimiento.
En el caso del diario La Razón, cuyo director fue víctima de una medida de privación de libertad y quien, por lo mismo, se encuentra exiliado en Costa Rica, la Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Poder Judicial finalmente suspendió al juez de la causa. Seguidamente, fue eliminada la mencionada orden de encarcelamiento. Sin embargo, no se le acordó a Pablo López Ulacio su libertad plena, exigiéndosele presentarse ante el juez cada 30 días y prohibiéndosele declarar públicamente acerca del proceso criminal que se le sigue por ejercicio de su libertad de expresión. Dado el contexto nacional mencionado al principio, es evidente que no podrá contar con un juez imparcial para su juzgamiento debido.
Las persecuciones gubernamentales y las ofensas presidenciales repetidas contra la Iglesia Católica, el cardenal Arzobispo de Caracas y contra el Arzobispo de Mérida, presidente de la Conferencia Episcopal Venezolana, entre otros, no han cesado; antes bien, se han incrementado. Los juicios contra tales arzobispos y el expediente administrativo contra la estación de televisión del episcopado VALE TV, a objeto de revocarles la concesión, siguen en vigencia. Y merece mencionarse, dentro de este renglón, el agravio inferido en enero al Nuncio Apostólico de Su Santidad, por parte del presidente de Venezuela, luego de que aquél hiciese votos para que las políticas del régimen pudiesen avanzar dentro de un ambiente de tolerancia y de respeto.
En octubre, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones abrió un procedimiento administrativo, por orden del Presidente contra Globovisión, a objeto de sancionar a la dicha planta televisora, por haber informado, según una fuente en vivo y directa, que habían sido asesinados nueve taxistas, como parte de la violencia criminal creciente que afecta a toda Venezuela.
Luego, en noviembre, fueron víctimas de amenazas e intimidación militares las periodistas Patricia Poleo, del diario El Nuevo País; Ibéyise Pacheco, del diario Así es La Noticia; Martha Colomina, del diario El Universal, y Marianela Salazar, del vespertino Tal Cual, quienes publicaron documentos e informaciones que involucraban a generales del ejército en hechos graves de corrupción.
La periodista Ibéyise Pacheco, directora del diario Así es la Noticia, asociado a El Nacional, fue objeto de la apertura de una investigación penal por iniciativa del Comandante de la Guardia Nacional; dándose la circunstancia, muy grave, de que cinco días después, el 31 de enero, estalló una bomba en la puerta principal del rotativo y un día después de haber hecho público, junto a sus citadas colegas, un vídeo que registraba un encuentro no oficial entre efectivos de la Fuerza Armada venezolana y miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia.
El 7 de enero, luego de la cadena nacional realizada el día anterior por el presidente Chávez y en la que ofendía públicamente al editor Miguel Henrique Otero e instigaba a sus seguidores a que lo reprendieran, había tenido lugar la violenta manifestación de los Círculos Bolivarianos en las puertas de El Nacional, que dio lugar a las medidas cautelares de la OEA. Más tarde, el 20 de enero, fueron agredidos por manifestantes del Movimiento V República, partido de gobierno, un grupo de periodistas de Radio Caracas Televisión y de Globovisión.
La aprobación el 24 de enero de medidas cautelares por la OEA en favor de El Universal para proteger la vida y la integridad personal de sus trabajadores no inhibió a las turbas gubernamentales para hacerse presentes de nuevo y días después en las puertas de este diario. Tres de sus periodistas: Roberto Giusti, Alicia La Rotta y Eugenio Martínez, habían sido víctimas de agresiones días antes.
El 4 de marzo le fue necesario al editor del diario Correo del Caroní y de TV Guayana, quien además es presidente del Bloque de Prensa Venezolano, denunciar ante el Fiscal General de la República las serias agresiones y amenazas que han recibido él y sus familiares por parte del Gobierno nacional y regional; haciendo constar que grupos de activistas seguidores de Hugo Chávez, entrenados por los llamados "tupamaros" que dirige la denominada Comandante Lina Ron, preparaban nuevas acciones de violencia contra dichos medios, similares a las ocurridas frente a la televisora el 5 de febrero y que incluirían la destrucción y el incendio de todas sus instalaciones.
La mayoría de los medios televisivos y de la prensa escrita de Caracas, o de la provincia, están siendo invadidos rutinariamente por los ejércitos gubernamentales (nacionales y municipales) de cobradores de impuestos y contribuciones, más con un propósito de represalia que de ordenación en las cuentas fiscales del Estado.
Reporteros de El Impulso y El Informador de esa ciudad también sufrieron lesiones y daños a sus equipos el 19 de enero por parte de funcionarios de la alcaldía del Municipio Iribarren, mientras cubrían un acto convocado por las autoridades educativas del estado Lara.
El establecimiento de los Círculos Bolivarianos responde a la estrategia de neutralización dirigida por el presidente contra sus adversarios y que se inició con los ataques que, de manera sostenida, les infirió en sus cadenas semanales durante los últimos dos años.
El mismo juramentó a estos grupos dedicados a la violencia durante un acto público el 17 de diciembre en el que dijo: "El año 2002 va a ser el gran año de la ofensiva…marcado por una serie de eventos que van ocurrir".
"Es el Movimiento Revolucionario 2000 que va a garantizar por encima de todos los riesgos y peligros la consolidación revolucionaria a partir de hoy mismo. Y uno de los principales deberes de todo revolucionario es defender la revolución de las amenazas de los adversarios contrarrevolucionarios. Allí está el gran reto de esta revolución y nosotros, o lo logramos o morimos en el intento. Aquí el que retroceda es un traidor, definitivamente".
La retórica revolucionaria se hizo así ofensa popular enardecida, maltrato físico y hasta sangre. Las turbas de la señora Lina Ron se dirigieron contra la humanidad, los equipos y los vehículos de los reporteros y de los camarógrafos de VeneVisión el 3 y el 7 de febrero en la ciudad de Maracay; de Radio Caracas Televisión, el 20 de enero, el 19 de febrero, el 21 de febrero y el 27 de febrero en Caracas; de Televen, el 21 febrero, también en Caracas; y de Globovisión, el 21 de enero, igualmente en esta ciudad.
El 21 de febrero la señora Ron se presentó en la plaza del Rectorado de la Universidad Central para impedir con la violencia una marcha estudiantil pacífica y organizada contra el Gobierno. Allí, luego de amenazar con el linchamiento a los trabajadores de Radio Caracas Televisión, procedió con sus turbas a maltratar al periodista y lesionar de gravedad a uno de los camarógrafos de la Corporación Televen.
Detenida, posteriormente, por orden de un juez y a instancias del Rector de esa universidad, la Comandante Ron fue homenajeada públicamente por el presidente Chávez: "Es una luchadora social y una patriota que merece respeto", dijo en su programa radial del 10 de marzo; en el que atacó duramente a los diarios de España y de Colombia, por falsos y mentirosos.
Este 13 de marzo, la Agencia oficial del Estado, no contenta con todo el daño que le ha hecho el Presidente a la prensa y a los periodistas y a la libertad de expresión, ha enviado a los medios una información delicada en la que se especifica que el Gobierno, de ahora en adelante, llamará narcoperiodistas a todos aquellos contrarrevolucionarios que trabajan en los medios.
Luego de observar que "Noriega habría caído por haber roto acuerdos con personajes del entorno de Bush, padre", apunta hacia el propio país para decir que "los carteles de la droga no pueden mirar al actual gobierno…como miraban a los anteriores, que les permitían hacer y obrar como en su casa". Y ajusta, previamente, que nada restringe tanto al movimiento corruptor de las drogas que una "opinión pública alerta, informada, oportuna y verazmente, apoyando un gobierno honesto" como el de Chávez.
Acto seguido, la información gubernamental precisa que la feroz y actual embestida de los periodistas -Ibéyise Pacheco, Patricia Poleo y José Domingo Blanco- contra el alto mando militar y contra el alto gobierno representa "un fenómeno de narco-periodismo que debería ser investigado".
Y las palabras del redactor desconocido -un tal J. Valverde- al servicio de la agencia noticiosa del régimen- alertan sobre los premios honoríficos que "algunos personajes e instituciones extranjeras, en alguna medida influidos y controlados por los carteles de la droga" otorgarían "para la lavar la honorabilidad de nuestros narco-periodistas". Son muy pocos los días transcurridos, paradójicamente, desde cuando la periodista Poleo fuera premiada por su labor de manos de Su Majestad Juan Carlos, Rey de España.

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