58 Asamblea General Lima, Octubre 26-29, Perú

Presentación de Rafael Molina Morillo
Presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información
de la Sociedad Interamericana de Prensa
Domingo 27 de octubre de 2002
58ª. Asamblea General de la SIP, Lima, Perú

La socorrida frase que reza: “El precio de la libertad es la eterna vigilancia”, cobra renovada vigencia al examinar los meses transcurridos desde nuestra reunión de medio año en Casa de Campo, período salpicado de inquietantes acontecimientos que nos han obligado a realizar no pocas misiones especiales en distintas latitudes y a mantenernos en estado de alerta extrema en defensa de los derechos de expresión y de información en las Américas.
Las acciones terroristas, la falta de independencia del Poder Judicial en algunos países, la impunidad, la existencia de leyes restrictivas al libre ejercicio periodístico, los asesinatos o agresiones físicas, la censura y la autocensura, la falta de mecanismos para garantizar el libre acceso a la información pública, la aplicación de políticas fiscales contra los medios impresos y la discriminación oficial contra los órganos de comunicación que no son complacientes con los gobiernos, son sólo algunas de las adversidades que hemos tenido que afrontar en esta etapa.
Estamos en guerra declarada contra cada una de esas formas de agresión a la libertad de prensa, guerra que no cesará hasta lograr la plena vigencia de los derechos de todos los ciudadanos de las Américas a expresarse y a ser informados sin condiciones.
En todos los casos en que ha sido necesario, hemos continuado reclamando a las autoridades que cumplan su deber de investigar y castigar los crímenes contra periodistas y reparar sus consecuencias. Colombia es, quizás, el país con más casos de impunidad por la pobre capacidad del gobierno para enfrentar al narcotráfico y a la guerrilla, requisito indispensable para asegurar el ejercicio libre y sin temor del periodismo. Los casos de Carlos Pulgarín y Carlos Lajud, conocidos periodistas que tuvieron que abandonar su país por razones de seguridad, son muestras recientes de los riesgos que corren los periodistas en Colombia.
Brasil no es la excepción en este tema. Si bien las autoridades han hecho esfuerzos considerables sobre el caso de Tim Lopes, de TV Globo, asesinado en julio pasado, no hubo resolución alguna sobre el caso de Sávio Brandão, del diario Folha de Estado, de Mato Grosso, asesinado en este período como tampoco en la decena de casos ocurridos en las últimas dos décadas que la SIP investigó y sobre los que viene reclamando por justicia.
Una excepción a esta tendencia creciente de impunidad la brindó una corte mexicana, que después de tres años de seguimiento por parte de la SIP, condenó finalmente a 13 años de prisión a los asesinos del periodista estadounidense Philip True, muerto en 1998.
Debemos consignar que tenemos montada una campaña para que en las legislaciones de los países del continente se establezca la no prescripción de los crímenes contra periodistas, así como se considere una circunstancia agravante el hecho de que un delito sea cometido contra los que ejercen el periodismo. Abogamos igualmente porque los asesinatos de periodistas, por tratarse de un crimen dirigido a coartar los derechos y libertades básicos de la sociedad, sean considerados como delitos de jurisdicción federal o sean tratados en jurisdicciones especiales en aquellos países en que los estados o provincias gozan de autonomía judicial. También dirigimos nuestros esfuerzos a que los organismos internacionales de financiamiento limiten la cooperación económica o técnica a los gobiernos que no respeten la libertad de prensa.
Pero si bien es nociva la incapacidad de algunos Estados para contener y sancionar las agresiones contra la prensa, peor es la situación cuando los abusos y atropellos contra periodistas y medios de comunicación provienen directamente de los gobiernos, como ha ocurrido en Chiapas, México, con los ataques del gobernador contra el periódico Cuarto Poder, y como ya sistemáticamente ocurre en Cuba con Castro, en Venezuela con Chávez, o en Haití con Aristide y la Familia Lavalás. Cuba sigue siendo el país con menos de libertad de expresión del continente, como lo han venido reafirmando los hechos en los últimos cuarenta años, en los cuales no han cesado un instante el hostigamiento y las agresiones contra los periodistas independientes. Tal ha sido el caso, a manera de ejemplo, en agosto de este año, del periodista Angel Pablo Polanco Torrejón, director de la agencia independiente de noticias Noticuba, detenido y atropellado durante cinco días de encierro y tortura sicológica, a pesar de tratarse de un minusválido y enfermo de glaucoma. En Haití, la ausencia de garantías y la impunidad señorean por todo su territorio, sin visos de mejoría, mientras el gobierno auspicia la aprobación por el Congreso de un código de ética que seguramente servirá de plataforma para imponer nuevas limitaciones y restricciones a la prensa. Y Venezuela nos presenta un cuadro, conocido por todos, donde los medios de comunicación y los periodistas son agredidos en acciones promovidas por el Gobierno, poniendo en grave riesgo el derecho de las personas a ser libremente informadas.
En aquellos países donde existen o se discuten leyes que podrían implicar peligro para la libertad de prensa, como Guatemala, Nicaragua, Ecuador, Panamá, República Dominicana y Venezuela, la Comisión de Libertad de Prensa e Información se mantiene vigilante, así como en los Estados Unidos, donde ciertamente existen iniciativas tendentes a desinformar y subordinar a la prensa para promover campañas gubernamentales. Por otro lado, un proyecto de ley en la Argentina fijaría, de ser aprobado definitivamente, en un 30% el tope de la participación foránea en los medios de comunicación, lo que constituye sin duda una inaceptable limitación al libre flujo de las informaciones. Nos preocupa también que todavía quedan muchos países en el continente donde están vigentes disposiciones legales que instituyen el desacato. En ese sentido negativo podemos citar a Bolivia, Brasil, Chile, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicaragua Panamá, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela. Es de justicia señalar que la figura del desacato ha sido descartada en Argentina, Costa Rica y Paraguay.
Otras modalidades de limitaciones a la libertad de prensa a las que nos hemos enfrentado en este semestre han sido las cargas impositivas excesivas aprobadas, como sucede en la Argentina, o en vías de aprobación, como en Colombia; y la autocensura, admitida por los propios periodistas que sienten amenazadas su seguridad y la de sus familias, especialmente en Colombia, Brasil y Venezuela, así como en algunas naciones centroamericanas. Del mismo modo, conspiran contra la libertad de prensa ciertas medidas de carácter judicial que vulneran derechos fundamentales del individuo, como la pretensión de un juez argentino para que un periodista, corresponsal de un diario británico, revelara sus fuentes informativas sobre denuncias por corrupción, so pena de ordenar la entrega de un listado de las llamadas telefónicas del periodista.
En lo que respecta al libre acceso a la información pública, sólo tres países latinoamericanos han legislado en su favor: México, Panamá y Perú. Existen auspiciosos proyectos de ley en esta materia, incluso uno aprobado parcialmente en Uruguay, y otros en discusión en Guatemala, Nicaragua y Brasil. Penosamente, el avance que significaba este paso para Panamá se ha visto opacado porque, en la práctica, los mecanismos establecidos en la ley no han sido efectivos.
Un importante objetivo que se ha impuesto nuestra Sociedad y por el cual trabaja la Comisión de Libertad de Prensa e Información, es la despenalización de los delitos de calumnias e injurias. Precisamente, un editor norteamericano del estado de Kansas, David Carson, fue penalizado en julio por la supuesta comisión de ese delito, por lo cual la SIP ha tratado de motivar a la Corte Suprema de los Estados Unidos para que decida sobre la inconstitucionalidad de esta norma penal. El periódico Reforma, de Ciudad de México, también ha sido víctima, por segunda vez, de una acción legal por supuesta difamación a un diputado mencionado en un reportaje sobre pagos irregulares a congresistas. Lamentablemente, en Colombia está en discusión un proyecto que amplía las penas a los periodistas por los delitos de injuria y calumnia.
Un punto neurálgico en el cual debemos redoblar nuestros esfuerzos para evitar que tome fuerza nuevamente, es la tendencia observada en varios países para volver sobre el tema de la colegiación obligatoria o el requisito de poseer grado universitario para ejercer el periodismo. En ese sentido debemos fijar nuestra mirada en Nicaragua, República Dominicana y en Panamá donde surgió un nuevo proyecto de ley sobre idoneidad periodística, tema que fue descartado de la ley hace unos pocos años atrás.
Para concluir este reporte sobre los últimos seis meses, cúmplenos consignar que a mediados de junio participamos en la Cumbre Hemisférica sobre Justicia y Libertad de Prensa en las Américas celebrada en Washington, D.C., junto a otras comisiones de la SIP y con la participación de magistrados de las cortes supremas de Justicia de 23 países del hemisferio occidental, así como directores de periódicos, editores, periodistas, académicos y otros expertos. También participamos en seminarios y encuentros sobre la libertad de información, organizados por la UNESCO en República Dominicana y en Panamá; así como en los paneles sobre el mismo tema celebrados en Ponce y San Juan de Puerto Rico por el Centro Para la Libertad de Prensa en esa isla. Asistimos también, a finales de agosto, a la conferencia “Narcotráfico: Periodistas bajo Riesgo” con los auspicios de los colegas mexicanos y la presencia del zar anti drogas de los Estados Unidos en la ciudad de Tijuana, Baja California. Finalmente, hace apenas un mes, nos trasladamos junto al presidente y otros ejecutivos de la SIP a Caracas, Venezuela, en interés de mediar para lograr garantías del gobierno al ejercicio periodístico, para lo cual sostuvimos provechosos encuentros con los sectores oficiales, de oposición, gremiales, empresariales y de la prensa. Lamentablemente, no encontramos un clima propicio de parte del Gobierno para limar las aristas entre éste y los medios independientes. Incluso ahora un nuevo proyecto de ley oficial sobre Participación Ciudadana, que continúa con el legado de la Sentencia 1013, permite que organismos del Estado y foros ciudadanos “vigilen” a los medios de comunicación privados y puedan disponer de medidas de censura sobre informaciones, opiniones y periodistas y pueden dictar hasta medidas de suspensión de actividades en caso de que el medio no cambie su política editorial.
Estos proyectos de ley y los hechos graves que ocurren en muchos de los países nos revelan cuán alertas y preparados debemos mantenernos.
No podemos descuidarnos ni un solo instante. El mantenimiento y fortalecimiento de la libertad de prensa es un compromiso de todos nosotros, dondequiera que estemos. Un compromiso que día tras día asumimos sin vacilaciones, con decisión, con convencimiento y con responsabilidad.
Muchas gracias.