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R e s o l u c i o n e s y C o n c l u s i o n e s ARGENTINA II
que en la provincia de Santiago del Estero lo que comenzó como una serie de ataques contra el diario El Liberal se ha convertido en un verdadero acoso por parte de quienes gobiernan esa provincia, que continúa y pone en serio riesgo la continuidad del mismo CONSIDERANDO que dicho acoso consiste en el cierre de las fuentes oficiales de información para los periodistas del diario; la suspensión de la publicidad oficial, con una actitud claramente discriminatoria; la presentación de una serie de querellas que el diario considera como una forma de presión para acallar sus críticas o, incluso, lograr su cierre, cuando existen serias presunciones acerca de la falta de independencia de la Justicia respecto del poder político CONSIDERANDO que tras las comunicaciones enviadas por la Sociedad Interamericana de Prensa y la visita realizada por la misión encabezada por su presidente, en noviembre pasado, no se logró disminuir la virulencia de este hostigamiento CONSIDERANDO que el Principio 3 de la Declaración de Chapultepec establece el deber de los gobiernos de procurar la entrega oportuna y equitativa de la información generada por el sector publico CONSIDERANDO que el Principio 6 de la citada Declaración expresa que ningún medio o periodista debe ser castigado o premiado por su línea editorial CONSIDERANDO que el Principio 7 de la Declaración en mención rechaza el uso de la publicidad oficial o cualquier otra medida económica para afectar la libertad de prensa
dirigirse al gobernador de Santiago del Estero, Carlos Juárez, al Presidente de la República Fernando de la Rua, a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, al Congreso de la Nación y a la Organización de los Estados Americanos (OEA) para expresarles una vez más la seria preocupación que esta grave situación genera en la prensa continental reiterar el pedido de que se resuelvan estos hechos y solicitar una pronta normalización de las condiciones que deben acompañar al libre ejercicio de la libertad de prensa en esa provincia dirigirse nuevamente al Poder Judicial local para que se otorguen las garantías que la Constitución nacional establece y se proteja el derecho a la información.
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