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R e s o l
u c i o n e s y C o n c l u s i o n e s
CONCLUSIONES
El asesinato sigue siendo utilizado como recurso para acallar al periodismo
en el continente. En los últimos seis meses, seis periodistas fueron
muertos en el ejercicio de sus funciones. Tres de ellos en Colombia, uno en
Haití, Paraguay y México, respectivamente. Al mismo tiempo, y
sin que esto mitigue la pérdida de vidas humanas, se dieron procesos
sociales positivos por lo menos en tres países.
En Guatemala, el gobierno aceptó reiniciar las investigaciones por la
desaparición en 1980 de la periodista Irma Flaquer. Los esfuerzos de
la SIP para terminar con la impunidad en los homicidios y desapariciones de
periodistas logran así otro paso adelante y demuestran la importancia
de perseverar en esta tarea.
En el Perú, las verdaderas batallas del periodismo y las investigaciones
de los reporteros sobre los abusos de la administración del presidente
Fujimori produjeron una saludable renovación en la sociedad peruana y
la consecuente reapertura democrática.
La Declaración sobre Libertad de Expresión elaborada por la Relatoría
y recientemente adoptada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
de la Organización de Estados Americanos significa un paso positivo en
la lucha para reafirmar los principios fundamentales de la democracia en el
sistema legal interamericano. La promulgación de esta Declaración
demuestra la trascendencia de la conferencia continental a la que convocara
la SIP en México en 1994 en la que surgió la Declaración
de Chapultepec.
En México se inició la alternancia en el poder después
de 71 años de gobierno de un sólo partido, despejando así
el camino hacia una democracia plena en la que se practica la libertad de expresión.
En este sentido, es alentador que el nuevo gobierno haya decidido enviar al
Congreso un anteproyecto de ley que permitiría el libre acceso a la información
pública. Además de su disposición a definir como crimen
de jurisdicción federal el asesinato de periodistas.
El acoso judicial al periodismo en Costa Rica, Jamaica, Argentina, Brasil, Uruguay
y Chile adquiere características alarmantes por cuanto ese poder del
estado se convierte en instrumento utilizado contra la libertad de prensa y
para promover la autocensura. En este sentido, el caso del Perú de Fujimori
debe resultar aleccionador.
También merece especial atención el caso de Costa Rica, donde
un tribunal condenó al diario La Nación y a uno de sus periodistas
por reproducir informaciones provenientes de reconocidas publicaciones europeas
sobre corrupción de un funcionario público local en el exterior.
La sentencia fue ratificada por la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia.
En Argentina, se iniciaron algunos de los 4.000 juicios anunciados contra el
diario El Liberal de Santiago del Estero, que sigue sometido a constantes ataques
del gobernador de esa provincia. En Jamaica, el diario The Gleaner está
apelando una sentencia que fijó una millonaria indemnización en
un caso de difamación. En Brasil, varios diarios sufrieron un fuerte
impacto financiero por el pago de indemnizaciones desproporcionadas por aparentes
daños morales. En Chile, la ley de seguridad interior y dos artículos
del Código Penal están siendo utilizados para proteger a 300 funcionarios
y ex funcionarios en pleitos con medios de comunicación. En Uruguay,
un fiscal pidió sanciones contra un reportero gráfico que fotografió
a un personaje público. En opinión del magistrado, esa fotografía
no fue sino un acto de provocación.
Algunas de las ideas impulsadas desde la España corporativa en la era
franquista han reaparecido en países como Nicaragua, donde fue sancionada
recientemente la ley de colegiación obligatoria. En Honduras y Venezuela,
siguen vigentes las exigencias de una licencia previa para ejercer el periodismo.
En la provincia de Mendoza en Argentina, y en el Ecuador se promueven proyectos
de ley que exigen la colegiación o la posesión de un título
universitario habilitante para ejercer el derecho humano de buscar y difundir
informaciones u opiniones. En este sentido, la Declaración de Principios
sobre la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos establece, en su sexto principio que: "Toda persona tiene
derecho a comunicar sus opiniones por cualquier medio y forma. La colegiación
obligatoria o la exigencia de títulos para el ejercicio de la actividad
periodística constituyen una restricción ilegítima a la
libertad de expresión. La actividad periodística debe regirse
por conductas éticas, las cuales en ningún caso pueden ser impuestas
por los estados".
En Cuba, al asedio, la persecución y la cárcel que enfrentan los
periodistas independientes se suma ahora una férrea incomunicación
con el exterior.
Preocupa la aparición de ataques que buscan minar la credibilidad de
la prensa en Venezuela, Guatemala, Bolivia, Paraguay, Ecuador y Nicaragua. Como
antes ocurrió en Perú, los ataques intentan desacreditar a periódicos
y periodistas que denuncian la corrupción en los gobiernos y la impunidad.
Las agrupaciones periodísticas de Venezuela y de todo el continente se
muestran cada día más preocupadas por la escalada de agresiones
verbales directas a la prensa hechas desde el gobierno, sobre todo por el presidente
Hugo Chávez. La finalidad de esa política no puede ser otra que
intentar ejercer el control absoluto en la divulgación de informaciones
y opiniones propia de los regímenes autoritarios.
Aparte de la eliminación física de periodistas, la falta de independencia
de los poderes judiciales de muchas de las naciones de América Latina
y el Caribe se convierte en una amenaza grave para el libre flujo de la información
en el continente. Por otra parte, se desarrolla un proceso, como ya se describió
anteriormente, de hostigamiento judicial a periódicos y periodistas.
Estos hechos limitan el goce pleno de las garantías propias de la democracia
en esos países. De aquí la especial trascendencia de los principios
enumerados en la Declaración de Chapultepec y en la Declaración
Interamericana de la Libertad de Expresión y la necesidad que esta última
sea ratificada en la asamblea de la Organización de Estados Americanos.
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