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R e s o l u c i o n e s y C o n c l u s i o n e s COSTA RICA
que la legislación penal costarricense sobre los llamados "delitos contra el honor" y el desacato crea un marco restrictivo para el ejercicio de la libertad de expresión y prensa y que varias de sus disposiciones contradicen las normas de tratados internacionales de derechos humanos de los que el país es signatario CONSIDERANDO que la jurisprudencia emanada de recientes sentencias condenatorias de periodistas y medios, muchas de ellas ratificadas y hasta inspiradas por la Sala Tercera (Penal) de la Corte Suprema de Justicia, ha venido estrechando de forma creciente y peligrosa el ámbito de ejercicio de la libertad de expresión y prensa CONSIDERANDO que la última de estas sentencias, contra el periodista Mauricio Herrera Ulloa y, solidariamente en lo civil, el diario La Nación, por sus excesos, sesgo autoritario y arbitrario y desconocimiento del ejercicio periodístico, sienta funestos precedentes contra el periodismo libre CONSIDERANDO que esos precedentes ya se han convertido en un elemento atemorizante contra la prensa costarricense y pueden ser usados por funcionarios públicos para eludir la crítica y amenazar a quienes la ejerzan, con graves perjuicios para la democracia costarricense CONSIDERANDO que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a solicitud del Relator Especial sobre Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos, ha pedido la suspensión de la sentencia comentada mientras tramita la denuncia del caso interpuesta por el periodista Herrera y sus representantes CONSIDERANDO que el Principio 5 de la Declaración de Chapultepec rechaza la creación de obstáculos al libre flujo informativo, y que el Principio 10 de la citada Declaración establece que ningún medio o periodista debe ser sancionado por publicar la verdad o criticar a los gobiernos
urgir a las autoridades gubernamentales y legislativas de Costa Rica a tramitar de forma expedita una reforma a su legislación sobre "delitos contra el honor" y desacato, que elimine sus restricciones contra la libertad de expresión y prensa, y adecúe sus normas a las disposiciones emanadas de los tratados y principios internacionales de derecho instar a los tribunales penales costarricenses y, sobre todo, a la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, a resolver los casos contra periodistas y medios de forma compatible con los principios de los tratados internacionales de derechos humanos, con el más puro principo de presunción de inocencia y con el valor de la libertad de expresión como derecho individual primario y necesidad social de la democracia hacer público su estupor e indignación ante la sentencia impuesta y ratificada contra el periodista Mauricio Herrera y el diario La Nación, por su desproporción, autoritarismo y funestos precedentes para el ejercicio del periodismo libre e independiente en Costa Rica y el resto del hemisferio celebrar la rápida intervención en este caso del Relator sobre Libertad de Expresión y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, y formular votos porque su intervención conduzca a frenar la arbitrariedad, a evitar daños irreparables al periodista Herrera, el diario La Nación y la democracia costarricense, y a lograr una solución del caso favorable para la libertad de expresión en Costa Rica.
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