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R e s o l
u c i o n e s y C o n c l u s i o n e s
GUATEMALA
CONSIDERANDO
que la credibilidad de los
medios de prensa y de los periodistas constituye un factor importante en el
ejercicio de su valor informativa, que siempre debe estar al servicio de la
opinión pública
CONSIDERANDO
que es deber del Estado
velar porque se respete la libertad de expresión en toda su dimensión
de acuerdo a lo que establece la Constitución de la República,
con el fin de garantizar -además- el derecho de la población a
recibir información
CONSIDERANDO
que la denuncia de hechos
de corrupción, impunidad, y la manipulación política del
monopolio de televisión en canales VHF, provocó que los medios
de prensa independientes y determinados periodistas, en particular los directores
de los diarios Prensa Libre y El Periódico, hayan sido objeto de una
campaña de desprestigio por parte de dos telenoticieros y una radio que
responden a los intereses del ministro de Comunicaciones, Luis Rabbé,
vinculado con el mencionado monopolio
CONSIDERANDO
que ha sido pública
la actitud del Gobierno del presidente Alfonso Portillo, de tolerar las acciones
de su ministro de Estado, sin intervenir para evitar el eventual daño
que se podría evitar a la prensa independiente, de la misma manera que
se conoce la actitud de varios funcionarios que niegan información a
la prensa, a pesar de existir garantías constitucionales de libre acceso
a las fuentes de información
CONSIDERANDO
que han existido veladas
amenazas de muerte contra periodistas y que la campaña de desprestigio
incluye acciones de desinformación e intimidación que ponen en
peligro la seguridad de quienes trabajan en periodismo en un país con
triste pasado de violencia contra la prensa
LA JUNTA DE DIRECTORES DE
LA SIP RESUELVE
condenar toda acción
que se lleve a cabo con el fin de desprestigiar a periodistas y periódicos
demandar al gobierno del
presidente Alfonso Portillo, el claro y determinado respeto a la libertad de
expresión y de prensa, así como la aplicación de sanciones
legales a los funcionarios que no respeten plenamente las garantías constitucionales
en la materia
pedir al Relator de la OEA
para la Libertad de Expresión, Santiago Cantón, que siga de cerca
los acontecimientos y que intervenga en el caso, de acuerdo a sus posibilidades
enviar una delegación
especial a Guatemala para que compruebe in loco lo que está sucediendo
y transmita de manera directa al mandatario guatemalteco la preocupación
de la prensa hemisférica por este tipo de acciones en contra de la credibilidad
de la prensa.
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