62ª
Asamblea General
Sociedad Interamericana de Prensa
Ciudad de México,
29 de septiembre al 3 de octubre del 2006
Hotel Camino Real
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IMPUNIDAD-BRASIL
Resolución de la 62a Asamblea General
Ciudad México, México
29 de septiembre al 3 de octubre del 2006
CONSIDERANDO
que Marcone Sarmento, acusado de participar en el asesinato de Manoel Leal de
Oliveira, el 14 de enero de 1998 en Itabuna, Bahía, fue absuelto en diciembre
de 2005; que el Ministerio Público apeló la sentencia, la cual
aún no ha sido resuelta; que Mozart Brasil, otro acusado del crimen,
fue condenado a 18 años de prisión pero obtuvo un habeas corpus
y aguarda en libertad el dictamen sobre su apelación; que no fue identificado
el autor intelectual del crimen y el Ministerio Público considera que
las investigaciones policiales no proporcionan suficientes pruebas para dar
con el nombre del mismo; que la investigación del caso a nivel estatal
es difícil, debido al posible involucramiento de los supuestos autores
intelectuales con miembros de la policía y de la política
CONSIDERANDO
que el juez debe pronunciarse si decide o no acoger la denuncia y elevarla al
tribunal para juzgar al ex alcalde de Eunápolis, Paulo Dapé, y
sus funcionarios Maria José Ferreira Souza (Maria Sindoiá), Waldemir
Batista de Oliveira (Dudu) y Antônio Oliveira Santos (Toninho da Caixa),
acusados de dar muerte al periodista radial Ronaldo Santana de Araújo,
ocurrida el 9 de octubre de 1997 en Eunápolis, Bahía; que ya hubo
varias tentativas de postergar el proceso y que los acusados todavía
pueden apelar el dictamen del juez; que Paulo Sérgio Mendes Lima, otro
acusado de co-autoría, fue condenado a 19 años de prisión
el 23 de noviembroe de 2002 y que éste acusó a Paulo Dapé
de ser el autor intelectual del crimen
CONSIDERANDO
que las investigaciones sobre la muerte de Nivanildo Barbosa Lima, hallado muerto
en la represa de Paulo Afonso el 22 de julio de 1995, fueron reabiertas y que
luego de pasar por nuevas diligencias y por el Ministerio Público se
encuentran en el juzgado para ser analizadas por el juez
CONSIDERANDO
que el principal acusado por el asesinato de Mário Coelho de Almeida
Filho, ocurrido en Magé, Rio de Janeiro, el 16 de agosto de 2001, era
el ex concejal Genivaldo Ferreira Nogueira, quien fue absuelto el 30 de junio
de 2005 por falta de pruebas; que el autor intelectual del crimen todavía
no ha sido sentenciado; que el otro acusado, Reynaldo Polary Stumpf, estuvo
prófugo durante mucho tiempo y ahora está en prisión; que
el juez pronunció sentencia en su contra pero que su abogado presentó
recurso de apelación
CONSIDERANDO
que de los acusados de participar en el asesinato de la columnista social Maria
Nilce Magalhães, ocurrido el 5 de julio de 1989 en Vitória, Espírito
Santo, Marcos Egydio Costa fue condenado a nueve años de prisión
con carcelería efectiva, José Alayr Andreatta fue condenado a
14 años de prisión con carcelería efectiva, mientras que
Romualdo Eustáquio da Luz Faria y César Narcizo da Silva aguardan
juicio para el 11 de diciembre de 2006; que al otro reo, el oficial de policía
Charles Roberto Lisboa, se le ha suspendido el proceso por insania mental; y
que sin embargo, la nueva fiscal a cargo del caso va a solicitar la revisión
del mismo porque no está de acuerdo con el dictamen y considera que hubo
muchas irregularidades en las investigaciones
CONSIDERANDO
que las diligencias indagatorias sobre la muerte de Edgar Lopes de Faria (conocido
como Escaramuça), ocurrida el 29 de octubre de 1997 en Campo Grande,
Mato Grosso do Sul, fueron archivadas el 31 de enero de 2006, a pedido del Ministerio
Público, después de concluidas las investigaciones realizadas
por el comisario de la policía adjunto a la Unidad Integrada de Combate
contra las Organizaciones Criminales de la Delegación Especializada de
Combate contra el Crimen Organizado (Unicoc), André Matsushita Gonçalves
CONSIDERANDO
que no se llegó a dar con el nombre el autor intelectual del asesinato
del periodista radial José Carlos Mesquita, ocurrido el 10 de marzo de
1998 en Ouro Preto do Oeste, Rondônia; que hay una persona presa, y que
los demás acusados fueron muertos o están desaparecidos; que ni
la policía ni el Ministerio Público tienen nuevas pistas sobre
el caso
CONSIDERANDO
que el periodista radial José Wellington Fernandes, conocido como Zezinho
Cazuza, fue asesinado el 13 de marzo de 2000 en Canindé de São
Francisco, Sergipe, y que el principal acusado, el ex alcalde Genivaldo Galindo
da Silva, está preso por otros procesos administrativos; que su juicio
por el asesinato de Cazuza tendrá lugar en la ciudad de Propriá
(el proceso fue trasladado a otra ciudad para evitar presiones) el 13 de febrero
de 2007
CONSIDERANDO
que por el asesinato del periodista radial José Carlos Araújo
ocurrido el 24 de abril de 2004 en Timbaúba, Pernambuco, fueron acusados
de homicidio calificado Fernando Mariano da Silva Filho, Marcelo de Melo y Helton
Jonas Gonçalves de Oliveira, pero que de los tres, Oliveira es el único
que está preso, mientras los demás siguen fugitivos; que el proceso
contra Oliveira deberá ser trasladado a la capital, Recife, pero hasta
el día 18 de setiembre de 2006 no se había confirmación
el traslado
CONSIDERANDO
que la policía llegó a dar con el nombre de los ocho involucrados
en el asesinato del periodista radial Nicanor Linhares Batista, ocurrido el
30 de junio de 2003, en Limoeiro do Norte, Ceará, y que el proceso contra
ellos está pendiente del pronunciamiento del juez, quien decidirá
si lo elevará a un tribunal de jurado; que el fiscal de Limoeiro do Norte,
Alexandre Pontes Aragão, presentó un addendum a la denuncia contra
la ex-alcaldesa Arivan Lucena, acusada de ser la autora intelectual del crimen,
pero que el proceso fue suspendido por el Tribunal Superior de Justicia (STJ)
hasta que concluyan las diligencias para determinar la participación
del juez del tribunal de justicia, José Maria Lucena, esposo de Arivan,
quien está siendo investigado por el STJ
CONSIDERANDO
que de las nueve personas que habrían participado en el asesinato del
periodista Samuel Román, ocurrido en abril de 2004, en Coronel Sapucaia,
Mato Grosso do Sul, el Tribunal de Justicia mantuvo su pronunciamiento de llevar
a juicio a Cleyton de Andrade Segovia, al ex alcalde Eurico Mariano, acusado
de ser el autor intelectual del crimen, y a Alfredo Rui Dias Arevalos; que todos
apelaron ante el Tribunal Superior de Justicia y que el recurso continúa
pendiente de dictamen; que Segovia se acogió a un habeas corpus y huyó;
mientras que en el caso de los demás sospechosos ni siquiera pudieron
ser acusados porque están en algún lugar desconocido o porque
murieron
CONSIDERANDO
que Aristeu Guida da Silva fue asesinado el 12 de mayo de 1995 en São
Fidélis, Rio de Janeiro, y que Vladimir Rainieri Pereira Sobrosa, acusado
de ser uno de los ejecutores, fue condenado a 28 años de prisión
en abril de 2002, apeló la sentencia y fue llevado a un nuevo juicio,
pero que sus abogados postergaron la sesión alegando la ausencia de un
testigo; que otros dos acusados permanecen fugitivos hasta la fecha, siendo
uno de ellos oficial de policía; que el proceso está en esta situación
desde 2002
CONSIDERANDO
que durante las investigaciones sobre el asesinato del periodista radial Jorge
Vieira da Costa, muerto en marzo de 2001 en Timon, Maranhão, hubo presión
contra los testigos, y que el fiscal a cargo del caso observó fallas
en las investigaciones; que tres personas fueron condenadas por ejecutar el
crimen, que apelaron la sentencia y que el proceso de apelación está
siendo ventilado en el Tribunal de Justicia; que tres acusados de la autoría
intelectual del crimen lograron obstaculizar la acción judicial; que
el Ministerio Público presentó un recurso de apelación
ante el Tribunal Superior de Justicia (STJ), pero que éste sigue pendiente
de dictamen; y que el acusado de haber matado a Vieira fue arrestado por otro
crimen en Teresina
CONSIDERANDO
que el empresario Domingos Sávio Brandão de Lima, propietario
del diario Folha do Estado de Mato Grosso y de la estación de radio Cidade
de Cuiabá FM, fue asesinado el 30 de setiembre de 2002 y que los ejecutores
del crimen fueron condenados; que el autor intelectual, João Arcanjo
Ribeiro, acusado de encabezar el crimen organizado, fue extraditado de Uruguay
hacia Brasil y se encuentra preso en la Penitenciaría Pascoal Ramos;
que el juez debe ventilar el caso en breve para escuchar los alegatos finales
y decidir si lleva el caso a juicio; que el ex-soldado de la Policía
Militar Célio Alves de Souza, condenado en junio de 2005 a 17 años
y seis meses de prisión por participar en el asesinato del empresario,
huyó de la Penitenciaría Pascoal Ramos el 24 de julio de 2005
y continúa prófugo
CONSIDERANDO
que las investigaciones del asesinato del periodista Reinaldo Coutinho da Silva,
ocurrido el 29 de agosto de 1995, en São Gonçalo, Rio de Janeiro,
estuvieron detenidas durante mucho tiempo hasta que el fiscal Rubem Vianna propuso
seguir otra pista; que en más de una ocasión se cambió
a los fiscales a cargo del caso
CONSIDERANDO
que las investigaciones del asesinato del periodista radial Jorge Lourenço
dos Santos, muerto el 11 de julio de 2004, en Santana do Ipanema, Alagoas, fueron
trasladadas por el Ministerio Público a la estación de policía
regional en 2005, solicitándole a ésta la realización de
nuevas diligencias, pero que el comisario a cargo de la estación ha sido
cambiado, es difícil conseguir testigos, no surgen nuevas pistas, y que
por ello el caso está prácticamente parado
CONSIDERANDO
que el principio 4 de la Declaración de Chapultepec establece que “el
asesinato, el terrorismo, el secuestro, las presiones, la intimidación,
la prisión injusta de los periodistas, la destrucción material
de los medios de comunicación, la violencia de cualquier tipo y la impunidad
de los agresores, coartan severamente la libertad de expresión y de prensa.
Estos actos deben ser investigados con prontitud y sancionados con severidad”
LA ASAMBLEA GENERAL DE LA SIP RESUELVE
solicitar al Gobierno Federal
que la investigación de los crímenes contra periodistas pase a
la jurisdicción de la Policía Federal, toda vez que generalmente
los asesinatos ocurren en represalia a denuncias hechas por éstos en
sus respectivas ciudades y que pueden haber presiones e interferencias en las
investigaciones a nivel local
solicitar la ampliación
y mejora del programa de Protección a Testigos, ya que actualmente mantiene
a los testigos en precarias condiciones de supervivencia, lo cual hace que muchos
de ellos prefieran abstenerse de acogerse al programa
exigir a la Policía
y a la Justicia que las investigaciones no se limiten a la identificación
y arresto de pistoleros y cómplices, sino que también incluyan
a los autores intelectuales de los crímenes
pedir a las Secretarías
de Seguridad Pública de los Estados que adopten las medidas necesarias
para evitar la fuga de las personas involucradas en los crímenes
solicitar a los integrantes
de los Ministerios Públicos de los diversos Estados poner empeño
en el seguimiento de las investigaciones y que exijan nuevas diligencias para
identificar a los culpables y garantizar que los procesos sean ventilados sin
ser interrumpidos cada vez que cambia un fiscal o comisario.
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