IMPUNIDAD-COLOMBIA II
Resolución de la 62a Asamblea General
Ciudad México, México
29 de septiembre al 3 de octubre del 2006


CONSIDERANDO
que después de cuatro años del asesinato del periodista Orlando Sierra, subdirector del diario La Patria, de Manizales, la Fiscalía ordenó escuchar en versión libre a Ferney Tapasco, ex presidente de la asamblea departamental de Caldas, cuyo nombre fue mencionado hace más de un año por tres testigos como presunto responsable de la muerte del periodista

CONSIDERANDO
que la Fiscalía acusó a Pablo Emilio Quintero Dodino y Bolmar Said Sepúlveda como autores materiales del crimen de José Emeterio Rivas, ocurrido el 7 de abril de 2003, pero en la misma decisión cerró la investigación contra Julio Cesar Ardila Torres, ex alcalde de Barrancabermeja, como presunto autor intelectual

CONSIDERANDO
que en el caso del asesinato periodista Efraín Alberto Varela Noriega, director de la Emisora Meridiano 70, ocurrido el 28 de junio del 2002 en Arauca, el pasado 27 de julio, Andrés Darío Cervantes Montoya, alias "El Chiche", aceptó ante un fiscal haber asesinado al periodista Varela Noriega, y se acogió a sentencia anticipada

CONSIDERANDO
que en el marco de por lo menos 15 investigaciones elegidas para atender de manera especial, fueron reactivadas las investigaciones por los asesinatos de Carlos Lajud Catalán (suspendida en febrero del 2006) y de Gustavo Ruiz Cantillo (suspendida en enero del 2004), y sus procesos traídos desde Barranquilla y Santa Marta, respectivamente a la Unidad de Derechos Humanos en Bogotá

CONSIDERANDO
que a pesar del decidido compromiso del Fiscal Mario Iguarán y del director de la Unidad de Derechos Humanos, Leonardo Cabana, de impulsar las investigaciones de al menos 15 procesos de crímenes contra periodistas, en el último semestre siguieron suspendidos casi un 20 por ciento de los casos por crímenes contra periodistas y se mantuvieron en la misma etapa de recolección de pruebas más del 45 por ciento

CONSIDERANDO
que en el trabajo de seguimiento realizado por la URR de la SIP a la labor de la Fiscalía para dar con los responsables de los asesinatos de periodistas, hemos podido establecer que se requieren de mayores recursos y del soporte permanente de la Policía Judicial

CONSIDERANDO
que desde noviembre del 2004 cuando la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía reasumió el caso por el asesinato de Jaime Garzón (13 de agosto de 1999), hasta hoy, es poco o nada lo que se ha avanzado, a pesar de que un juez solicitó a la Fiscalía que "por separado y de inmediato proseguir la investigación para identificar y sancionar a los autores materiales y demás copartícipe del crimen del periodista"

CONSIDERANDO
que el Principio 4 de la Declaración de Chapultepec establece que “el asesinato, el terrorismo, el secuestro, las presiones, la intimidación, la prisión injusta de los periodistas, la destrucción material de los medios de comunicación, la violencia de cualquier tipo y la impunidad de los agresores, coartan severamente la libertad de expresión y de prensa. Estos actos deben ser investigados con prontitud y sancionados con severidad”

LA ASAMBLEA GENERAL DE LA SIP RESUELVE
reconocer que el compromiso asumido por la Fiscalía General de la Nación para fortalecer las investigaciones empieza a dar resultados positivos en los casos de los periodistas Orlando Sierra, José Emeterio Rivas y Efraín Varela Noriega, y solicitar que los avances reportados se traduzcan en verdaderas piezas probatorias que permitan a los jueces castigar a los responsables intelectuales de estos crímenes

exhortar a la Fiscalía General de la Nación para que en el proceso de reactivación de las investigaciones por los homicidios de Carlos Lajud Catalán, asesinado el 19 de marzo de 1993, y de Gustavo Ruiz Cantillo, asesinado el 15 de noviembre del 2000, se realicen investigaciones sólidas probatoriamente, para lo cual debe fortalecer los recursos humanos y técnicos a fin de que los jueces puedan asignar las responsabilidades correspondientes

insistir a la Fiscal General de la Nación para que tome las medidas necesarias para reactivar todas aquellas investigaciones que se mantienen en la misma etapa de recolección de pruebas, en algunos casos desde hace casi 10 años, y que atienda la reiterada solicitud de la SIP de revisar cada uno de los casos de crímenes contra periodistas que han sido objeto de resolución de archivo o suspensión para determinar la viabilidad de reactivarlos en las diversas fiscalías regionales

exhortar a la Fiscalía General de la Nación para que provea de mayores recursos humanos y técnicos a los fiscales de la Unidad de Derechos Humanos con el apoyo permanente de Policía Judicial de manera que puedan para adelantar de manera eficaz sus investigaciones

pedir a la Fiscalía General de la Nación que explique las razones por las cuales no hay avances en el proceso investigativo por el asesinato de Jaime Garzón, ocurrido en Bogotá el 13 de agosto de 1999, y tome de inmediato las medidas para que el proceso investigativo garantice los resultados esperados en el castigo de los responsables.