IMPUNIDAD-MÉXICO I
Resolución de la 62a Asamblea General
Ciudad México, México
29 de septiembre al 3 de octubre del 2006


CONSIDERANDO
que en mayo del 2004, representantes del estado de Baja California y del gobierno de México firmaron un acuerdo bajo la tutela de Comisión Interamericana de Derechos Humanos con la Sociedad Interamericana de Prensa para crear un grupo de trabajo que revisara el expediente sobre el crimen de Héctor Félix Miranda en abril de 1988

CONSIDERANDO
que el periodista Francisco Ortiz Franco, editor del semanario Zeta (Baja California), fue asesinado en junio de 2004 y la PGR no ha detenido a ninguno de los responsables, y que el 16 de agosto pasado, fue capturado por autoridades de Estados Unidos, Arturo Villarreal Heredia, alias “El Nalgón”, considerado como uno de los participantes en el homicidio, delito por el que será acusado en México y hasta entonces se pedirá su extradición

CONSIDERANDO
que se han sostenido tres reuniones de trabajo y que la Procuraduría General de Justicia de Baja California envió, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, con casi seis meses de retraso, sus observaciones técnico-jurídicas sobre los expedientes en los que se investigó la muerte de Héctor Félix Miranda y el encubrimiento de uno de los cómplices del asesinato, en las que concluye que prescribieron todos los delitos, exime de cualquier responsabilidad a los funcionarios que intervinieron en las indagatorias y determina que las actuaciones en el caso “fueron suficientes”

CONSIDERANDO
que la SIP revisó ese documento y presentó sus observaciones, mostrando su insatisfacción con el contenido de éste, y hasta la fecha no ha recibido respuesta de las autoridades mexicanas

CONSIDERANDO
que después de que la SIP, representantes de la Secretaría de Relaciones Exteriores y de la Procuraduría General de Justicia de Chihuahua revisaran en febrero del 2005 el expediente sobre el crimen de Víctor Manuel Oropeza, ocurrido en julio de 1991, quedó en evidencia que las autoridades en esos años no investigaron a fondo el crimen, se perdieron algunas evidencias, el posible móvil profesional ni siquiera se abordó y otras hipótesis quedaron sin conclusión

CONSIDERANDO
que desde entonces la Procuraduría ha retomado las investigaciones y profundiza en todas las líneas, ignorando la SIP hasta el momento cuáles han sido los resultados que han obtenido

CONSIDERANDO
que el Artículo 4 de la Declaración de Chapultepec establece que “el asesinato, el terrorismo, el secuestro, las presiones, la intimidación, la prisión injusta de los periodistas, la destrucción material de los medios de comunicación, la violencia de cualquier tipo y la impunidad de los agresores, coartan severamente la libertad de expresión y de prensa. Estos actos deben ser investigados con prontitud y sancionados con severidad”

LA REUNIÓN GENERAL DE LA SIP RESUELVE

exigir a la Procuraduría General de Justicia del estado de Baja California que investigue de forma seria, profunda, imparcial y efectiva, a todos los posibles involucrados en el asesinato del columnista Héctor Félix Miranda, así como a los funcionarios que pudieron haber incurrido en alguna irresponsabilidad en la procuración y administración de justicia; y que este crimen, como otros de la misma naturaleza, no prescriban

reclamar a la PGR la detención y de todos los responsables del homicidio del periodista Francisco Ortiz Franco y que tramite de forma expedita y contundente la extradición a México de Arturo Villarreal Heredia, alias “El Nalgón”, considerado uno de los principales involucrados

demandar a la Procuraduría General de Justicia del estado de Baja California que no determine la prescripción del caso de Héctor Félix Miranda, atendiendo las disposiciones internacionales que ha firmado México, y llegue al fondo del homicidio para que no quede impune

alentar el trabajo de la Procuraduría General de Justicia del estado de Chihuahua para esclarecer el crimen del columnista Víctor Manuel Oropeza y animar a los responsables de las indagatorias para que, cuando se realice una nueva reunión del grupo de trabajo, se tengan resultados contundentes que permitan identificar, detener y someter ante la justicia a todos los responsables, entre ellos los posibles autores intelectuales

reiterar a la Procuraduría General de la República que apoye y fortalezca los trámites de extradición que le presenten las autoridades de Chihuahua, para que uno de los presuntos responsables del crimen, Samuel de la Rosa Reyes, sea localizado y extraditado desde Estados Unidos.