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URUGUAY El presidente Vázquez inició el período con lo que parecían “buenas noticias” para la libertad de prensa al declarar el 22 de marzo en la sede del sindicato de periodistas que “la primera obligación del periodismo y de los periodistas es la verdad y su primera lealtad no es hacia ningún gobierno, sino hacia todos los ciudadanos”. Sin embargo, en junio, el Presidente señaló a nueve medios de comunicación (entre ellos, tres periódicos miembros de la SIP) como “actores políticos” que forman parte de la “oposición”, en un intento por restarles autoridad y credibilidad ante el público. Ello motivó que numerosos funcionarios jerárquicos atacaran a esos medios procurando acallar noticias u opiniones inconvenientes para la administración. En setiembre, el instituto gubernamental para las políticas de la infancia “plantó” una “denuncia” proveniente de alguien “anónimo” contra un periodista, acusándolo a él y a su esposa –también periodista- de maltratar a un hijo de 6 años. La supuesta “denuncia”, que el instituto se negó a proporcionar al periodista, se “plantó” por parte del “fantasma acusador” después de la difusión de una noticia que involucraba a las autoridades del organismo, que causó revuelo en medios parlamentarios y periodísticos. El periodista tiene ahora que llevar la carga de demostrar su inocencia ante una acusación que le hace el Estado, procedente de alguien desconocido, a quien el Estado no identifica y cuya presunta “denuncia” se niega a facilitar.
En agosto, la Suprema Corte de Justicia revocó un fallo anterior de un Tribunal de Apelaciones y confirmó la condena a cinco meses de prisión para un periodista que en el 2004 había denunciado presuntos actos de corrupción en el gobierno departamental de Paysandú (350 km al noroeste de Montevideo). La Suprema Corte, ignorando otras sentencias suyas y retrocediendo 20 años en materia jurisprudencial, advirtió que “los delitos de difamación e injuria ponen límite a la libertad de expresión y por ende a la libertad de prensa”. En su sentencia, la Corte afirmó que el periodista Carlos Dogliani, ejerció una “conducta delictiva” y afirmó que para juzgar a los periodistas “no interesa” que los hechos sobre los que informen u opinen sean “verdaderos” porque lo único que importa es “la posibilidad de ofender la reputación ajena”. La Corte hizo suya la tesis de que “habrá delito incluso cuando la persona ofendida hubiera sido condenada por ese hecho”. En este período, el Senado aprobó el tratado entre los gobiernos de Uruguay y Venezuela para integrar la cadena internacional de televisión Telesur y uno de sus directores dijo en Montevideo que estaba gestionando con el gobierno de Tabaré Vázquez la instalación en Uruguay de “una de las fábricas de contenidos” de esa cadena. Se mantiene impune el secuestro y la tortura padecida por el periodista Marcelo Borrat entre el 17 y 18 de octubre del 2005. Ni la Policía ni la Justicia han avanzado nada para esclarecer este caso. Otros hechos de consideración durante el semestre: El 23 de marzo, ediles de la oposición denunciaron en la Junta Departamental de Montevideo que el gobierno de la capital, ejercido por el Frente Amplio, adjudica discrecionalmente publicidad oficial a favor de los periódicos Voces del Frente y La República, ambos afines al oficialismo. El 24 de abril el gobierno explicó sus criterios, pero sin convencimiento. El 26 de marzo Eduardo Preve, periodista de Saeta Televisión Canal 10 y de Radio Sarandí, denuncia a la Policía que desconocidos le robaron de su automóvil, documentación que le había sido suministrada en relación a tareas de cooperación entre militares chilenos y uruguayos para esconder en Uruguay a personas involucradas en violaciones a los derechos humanos en Chile. Hasta ahora, el caso se mantiene irresuelto. El ministro José Mujica (Ganadería), que lidera el sector más poderoso del gobernante Frente Amplio, atacó a los periodistas aduciendo que mantienen “a la gente sumergida en una especie de tonta bobería” y convierten “en temas esenciales” asuntos que “ni son urgentes” ni están planteados y, de ese modo, alejan al público “de cuestiones fundamentales”. El 18 de mayo un juez penal condenó a tres meses de prisión en suspenso al periodista Gustavo Escanlar, imputándole el delito de “injurias”. La condena se produjo a raíz de una denuncia presentada por el empresario periodístico Federico Fasano, del diario La República, de las radios AM Libre y FM Libre y del canal de televisión para abonados TV Libre. Fasano se había sentido ofendido por un duro comentario crítico hacia él que Escanlar había formulado el 18 de enero en el programa “La culpa es nuestra” de Saeta Televisión Canal 10. Fasano dijo que no se sentía contento cuando “se condena a un periodista”, cuando él había pedido esa condena. Agregó que “quedará por primera vez claro en la jurisprudencia uruguaya que no se pueden usar los medios” para “insultar groseramente como se hizo”. El 2 de junio, el Poder Ejecutivo se comprometió públicamente a empezar a adoptar medidas para racionalizar el uso de la publicidad oficial, luego de afirmar que durante los gobiernos anteriores hubo exceso de gastos y ausencia de criterios técnicos para definir los espacios contratados por el Estado en los medios de comunicación. El 30 de junio el juez Hugo Burella del departamento de San José (100 km al noroeste de Montevideo) rechazó una acción de amparo interpuesta por el periodista David Rabinovich, director del periódico San José Hoy, que reclamaba conocer las actas de la Comisión de Presupuesto de la Junta Departamental. El periodista había realizado la acción de amparo luego de pedir el contenido de esos documentos, a pesar de que deberían ser de dominio público ya que allí los representantes departamentales deliberan sobre asuntos de interés público. El 4 de julio el sindicato de periodistas APU y la Asociación de Magistrados del Uruguay (AMU) cuestionaron una decisión del Ministerio de Educación y Cultura que restringe la libertad de expresión de los fiscales respecto a los dictámenes que éstos emiten. La APU dice que esa restricción “afecta directamente el derecho de los periodistas a informar a la población” porque “se restringe el acceso de los ciudadanos a información sobre procesos judiciales que afectan el interés general de la sociedad”. El 15 de agosto el director
del periódico El Heraldo de Florida (98 km al norte de Montevideo), Alvaro
Riva, presentó ante la Suprema Corte de Justicia una acción de
inconstitucionalidad para evitar ser juzgado dos veces por el delito de “injurias”.
La “ley de prensa” vigente en Uruguay habilita a las personas que
se sientan ofendidas por artículos de prensa a repetir acciones penales
contra periodistas, aun después de El 29 de agosto, el Directorio del Instituto del Niño y del Adolescente del Uruguay (INAU), responsable estatal para los políticas públicas hacia la infancia, difunde entre sus funcionarios una dura declaración contra la prensa, adjudicándole responsabilidad en la creación de una “sensación de inseguridad” en la sociedad. El 30 de agosto el comisario inspector José Luis Fagúndez, jefe policial de Tacuarembó (390 km al norte de Montevideo) denunció por “difamación” e “injurias” a dos periodistas a quienes acusó de haber violentado “groseramente” su honor al publicar artículos con sobre presuntos actos de corrupción que lo involucran. El policía dijo ante un juzgado los periodistas Miguel Olivera (del semanario local Acción Informativa) y Victoria Alfaro (de la revista Rumbosur) “no dejan dudas” respecto a su intención de “difamar” y configuran un “claro desacato por ofensas” porque los reporteros hicieron una “campaña de desprestigio de la Jefatura de la Policía de Tacuarembó”. El periodista Olivera dice que Fagúndez lo amenazó y la periodista Alfaro afirma que “en Tacuarembó existe el terror de Estado, impera la ley del silencio y a los policías que no los apoyan los llaman traidores”. El comisario Fagúndez retiró luego la denuncia tras acordar con los periodistas que le hicieran entrevistas sobre sus puntos de vista. El 1 de septiembre, la periodista del diario El País, Loreley Nicrosi, recibió una citación de la Dirección Nacional de Inteligencia de la Policía para ser interrogada sobre sus averiguaciones en entrevistas a militares retirados. El interrogatorio se concretó tres días después. Los policías preguntaron a la periodista si sus contactos con los militares eran por su trabajo como periodista, desde cuándo los conocía y a través de qué medios se comunicaban. El 7 de septiembre, el canciller Reinaldo Gargano atacó con dureza a lo que llama la “prensa de derecha” luego de que el semanario Búsqueda difundiera una encuesta encargada por el Partido Socialista, que él preside, según la cual el ministro tiene una “mala imagen” y debería abandonar “por voluntad propia” su cargo en el gobierno. Un juez penal procesó sin prisión al propietario de un sitio web (“Mipais.com.uy”) por reproducir ilícitamente para la venta los contenidos íntegros de varios medios de prensa sin haber solicitado permiso ni a los autores, ni a las empresas que los habían producido. El 13 de septiembre, militares vestidos de civil agredieron con golpes, insultos y amenazas a un grupo de periodistas cuando cubría un acto organizado en homenaje al coronel retirado Juan Antonio Rodríguez Buratti, quien se había suicidado tres días antes para evitar ir a la cárcel por acusaciones que pesaban sobre él por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura militar (1973-1985). El 16 de septiembre, la ministra de Salud Pública, María Julia Muñoz, “sugiere” a los periodistas ser “responsables” en el tratamiento de las noticias sobre salud porque, dice, pueden crear “situaciones de alarma pública” que generen ”afecciones, enfermedad y muerte”. La ministra —quien durante el 2005 afirmó y nunca probó que en el país hay periodistas que se reúnen semanalmente para “conspirar” contra el gobierno, presunto grupo al que bautizó como “el eje del mal”— dice que “los medios deben pararse frente a muchas situaciones como se han parado frente al tratamiento del suicidio. Las autoridades tienen la responsabilidad de ofrecer a los comunicadores información correcta y ellos deben tener la responsabilidad de entender que la noticia, si provoca alarma, puede afectar la salud de los ciudadanos”. El 22 de septiembre, el viceministro de Educación y Cultura, Felipe Michelini, atacó con virulencia inusitada al semanario Búsqueda. El gobernante se molestó por la difusión, el día anterior, de una investigación periodística de ese medio, en la que el secretario de la Presidencia, Gonzalo Fernández, identificó a un parapolicial argentino como responsable por haber asesinado en 1976 en Buenos Aires a los ex parlamentarios uruguayos Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz. En la última quincena
de setiembre, el periodista Alfonso Lessa, director del noticiero “Telemundo”
del Canal 12 de televisión, recibió un correo electrónico
de un oficial subalterno del Ejército que no se identificó, en
el que le manifestó estar en condiciones de matarlo de un balazo, en
una amenaza que respondió a un comentario que el periodista había
hecho durante el informativo sobre la situación interna de las Fuerzas
Armadas uruguayas después del envío a la cárcel de varios
militares por violaciones a los derechos humanos cometidas durante la última
dictadura (1973-1985). Lessa, quien denunció el caso ante la SIP, recibió
la amenaza a través de un correo electrónico que le hizo llegar
un familiar de un militar. |