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Reunión de Medio Año
Los Cabos
Marzo 12 al 15,2004
México
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COLOMBIA
CONSIDERANDO
que si bien en el Estatuto Antiterrorista no hay mención expresa a los
medios de comunicación ni a la actividad periodística, existe
preocupación frente al riesgo que puede generar para la reserva de la
fuente la interceptación de llamadas telefónicas sin orden judicial
CONSIDERANDO
que el congresista Juan Gómez reiteró que volverá a presentar
su proyecto de reforma al Código Penal, que pretende extender las penas
previstas para la calumnia y la injuria a las aseveraciones sin fundamento o
de prueba controvertida
CONSIDERANDO
que por segunda vez en menos de un año la Corte Constitucional devolvió
al Congreso el proyecto de ley que eleva a profesión la actividad periodística
CONSIDERANDO
que el principio 3 de la Declaración de Chapultepec establece: “Las
autoridades deben estar legalmente obligadas a poner a disposición de
los ciudadanos, en forma oportuna y equitativa, la información generada
por el sector público. No podrá obligarse a ningún periodista
a revelar sus fuentes de información”
CONSIDERANDO
que el principio 8 de la Declaración de Chapultepec establece: “El
carácter colegiado de periodistas, su incorporación a asociaciones
profesionales o gremiales y la afiliación de los medios de comunicación
a cámaras empresariales, deben ser estrictamente voluntarios”
LA REUNION DE MEDIO AÑO DE LA SIP RESUELVE
exhortar al Congreso para
que al adoptar el estatuto antiterrorista que desarrollará las normas
constitucionales recientemente aprobadas, garantice la reserva de la fuente,
la cual goza de protección constitucional y constituye además
elemento esencial en la labor informativa
hacer un nuevo llamado al
congresista Juan Gómez Martínez para que se abstenga de presentar
el proyecto y, en caso de que lo haga, solicitar al Congreso que se abstenga
de darle trámite porque significaría penalizar la opinión
exhortar al Congreso a que
archive el proyecto de ley de profesionalización periodística
debido a los riesgos que una indebida regulación podría generar
para el ejercicio libre e independiente del periodismo. El riesgo radica en
la posibilidad de que quede en manos del Estado la decisión sobre quién
es y quién no es periodista, y se genere una categorización de
periodistas en el país.
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