Reunión de Medio Año Sociedad Interamericana de Prensa Hotel Swissôtel Quito, Ecuador 17 al 20 de Marzo, 2006

COLOMBIA II
Resolución de la Reunión de Medio Año
Quito, Ecuador
17 al 20 de marzo del 2006

CONSIDERANDO
que los directivos de los periódicos Vanguardia Liberal, Hoy Diario del Magdalena, La Tarde de Barrancabermeja, y El Universal denunciaron haber sido víctimas de amenazas por parte de miembros de algunos organismos del Estado, funcionarios públicos y particulares

CONSIDERANDO
que 30 periodistas fueron amenazados en el país y que cinco de ellos tuvieron que abandonar sus regiones con el consecuente efecto sobre el ejercicio profesional y la información

CONSIDERANDO
que un juez impugnó la vinculación procesal de un presunto responsable de las amenazas contra el periodista Daniel Coronel, basándose en la debilidad probatoria de la investigación realizada por la Fiscalía General de la Nación

CONSIDERANDO
que el principio 4 de la Declaración de Chapultepec establece: “El asesinato, el terrorismo, el secuestro, las presiones, la intimidación, la prisión injusta de los periodistas, la destrucción material de los medios de comunicación, la violencia de cualquier tipo y la impunidad de los agresores, coartan severamente la libertad de expresión y de prensa. Estos actos deben ser investigados con prontitud y sancionados con severidad”

LA REUNIÓN DE MEDIO AÑO DE LA SIP RESUELVE

exhortar a la Fiscalía General de la Nación, para que a la mayor brevedad investigue y castigue a los responsables de las amenazas en contra de los directivos de los periódicos Vanguardia Liberal, La Tarde de Barrancabermeja, Hoy Diario Del Magdalena, y El Universal, y en contra de los periodistas de provincia

solicitar al Gobierno y a sus autoridades civiles y militares garantizar la seguridad de los periodistas de provincia e implementar medidas de seguridad a fin de garantizar el libre ejercicio del periodismo

reiterar la necesidad que la Fiscalía General de la Nación realice investigaciones sólidas probatoriamente para lo cual debe fortalecer los recursos humanos y técnicos con el fin de que los jueces puedan asignar las responsabilidades correspondientes.