CONSIDERANDO
que la revista Semana denunció haber recibido amenazas y que los teléfonos de sus periodistas estaban siendo interceptados por organismos del Estado y que la investigadora Claudia Julieta Suárez ha sido víctima de seguimientos en vehículos con placas pertenecientes a los organismos de seguridad

CONSIDERANDO
que Cúcuta se ha convertido en un lugar peligroso para ejercer la profesión y que nueve periodistas fueron amenazados y uno fue víctima de un atentado en hechos que involucran al ex alcalde de la ciudad, Ramiro Corzo y a los paramilitares

CONSIDERANDO
que este semestre se ha generalizado la utilización de mecanismos de la justicia, como la tutela y las denuncias de calumnia e injuria como medida de presión, desconociendo en algunos casos, el derecho a la defensa para intimidar a periodistas y medios de comunicación

CONSIDERANDO
que el principio 4 de la Declaración de Chapultepec establece: “El asesinato, el terrorismo, el secuestro, las presiones, la intimidación, la prisión injusta de los periodistas, la destrucción material de los medios de comunicación, la violencia de cualquier tipo y la impunidad de los agresores, coartan severamente la libertad de expresión y de prensa. Estos actos deben ser investigados con prontitud y sancionados con severidad”

LA ASAMBLEA GENERAL DE LA SIP RESUELVE

solicitar al Gobierno de Colombia y a sus autoridades civiles y militares que respeten el quehacer de los periodistas y que implementen eficaces medidas de seguridad a fin de garantizar el libre ejercicio del periodismo, amenazado hoy por un generalizado clima de amenazas e intimidaciones

exhortar al Gobierno de Colombia a que investigue y determine la responsabilidad de algunos organismos del Estado en la interceptación de teléfonos y seguimientos de periodistas

exhortar a la Fiscalía General de la Nación, para que investigue y castigue a los responsables estatales o privados de las violaciones a la libertad de prensa

exhortar a jueces y magistrados a reconocer la autonomía de los medios de comunicación y respetar el debido proceso y el derecho a la defensa.