COSTA RICA
Resolución de la 62a Asamblea General
Ciudad México, México
29 de septiembre al 3 de octubre del 2006


CONSIDERANDO
que el magistrado Ernesto Jinesta, integrante de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, exigió a varios directores de medios de comunicación rendir un informe bajo juramento sobre “…un eventual juicio paralelo de prensa o mediático” del cual alega haber sido objeto un ex presidente de la República

CONSIDERANDO
que esa inusitada investigación abre una puerta para la indebida injerencia judicial en la conducción de la política informativa de los medios y constituye una seria amenaza a las libertades de prensa y expresión

CONSIDERANDO
que las informaciones publicadas sobre casos de corrupción le han ganado a la prensa costarricense un prestigio internacional que suscita el más fuerte rechazo a cualquier intento de ponerle cortapisas indebidas

CONSIDERANDO
que el 3 de mayo pasado, Día Mundial de la Libertad de Expresión, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica –en clara contradicción con las tendencias internacionales más avanzadas– reafirmó la vigencia de la anacrónica Ley de imprenta que castiga con cárcel la injuria y la calumnia

CONSIDERANDO
que el Principio 10 de la Declaración de Chapultepec establece que “ningún medio de comunicación o periodista debe ser sancionado por difundir la verdad o formular críticas o denuncias contra el poder público”

LA ASAMBLEA GENERAL DE LA SIP RESUELVE

manifestar su sorpresa por el menoscabo a la libertad de expresión surgido de la instancia judicial encargada, más que cualquier otra, de asegurar el cumplimiento de los derechos humanos

exhortar a la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica para que asegure el respeto a las libertades de expresión y prensa.