DISCRIMINACION EN LA PUBLICIDAD OFICIAL Y CORRUPCION
Resolución de la 62a Asamblea General
Ciudad México, México
2006


CONSIDERANDO
que diversos gobiernos, instituciones y empresas públicas en el hemisferio utilizan la publicidad oficial como un instrumento para premiar o castigar a los medios de comunicación, pasando por alto todo tipo de criterios técnicos y de eficiencia en el uso de los recursos públicos

CONSIDERANDO
que con igual criterio y sin ningún fundamento técnico también se resuelven en ciertos casos el otorgamiento de créditos u otro tipo de beneficios económico-administrativos

CONSIDERANDO
que el dinero que así se malversa pertenece a los ciudadanos

CONSIDERANDO
que en un gran número de casos estas prácticas discriminatorias son la respuesta de los gobiernos a las denuncias sobre corrupción

CONSIDERANDO
que el Principio 6 de la Declaración de Chapultepec indica que “los medios de comunicación y los periodistas no deben ser objeto de discriminaciones o favores en razón de lo que escriban o digan”

CONSIDERANDO
que el Principio 7 de la Declaración de Chapultepec prescribe que “la concesión o supresión de publicidad estatal no debe aplicarse para premiar o castigar a medios o periodistas”

LA ASAMBLEA GENERAL DE LA SIP RESUELVE
reiterar la condena y repudio a todo manejo discriminatorio y sin ningún fundamento técnico de la publicidad oficial y otro tipo de medidas económico administrativas, utilizados como una forma de instrumento para privilegiar o castigar a los medios de comunicación y para influir en las decisiones editoriales y políticas informativas de estos
insistir en la denuncia de este tipo de conductas como graves ataques a la libertad de prensa y actos de corrupción por el uso indebido que se hace de los recursos públicos en beneficio de los intereses privados de sus administradores transitorios
condenar a aquellos medios o aquellos periodistas que se benefician de estas prácticas irregulares e ilegítimas o que incluso con sus conductas se hacen cómplices de estas prácticas corruptas
reclamar a los gobiernos de todo el continente que erradiquen este tipo de prácticas ilegítimas y castiguen a quienes sean responsables de actos de esta naturaleza.