IMPUNIDAD BRASIL
CONSIDERANDO
que la investigación sobre la muerte de Reinaldo Coutinho da Silva,
asesinado en 1995, permanece prácticamente estancada porque la Policía
Civil alega dificultades para obtener pruebas que conduzcan a encontrar a
los asesinos y los autores intelectuales
CONSIDERANDO
que la investigación sobre la muerte de Manoel Leal de Oliveira, asesinado
el 14 de enero de 1998, avanzó bastante gracias a los esfuerzos del
juez Marcos Bandeira y de la fiscal Cinthia Portela, pero nunca se llegó
a conocer el nombre del autor intelectual del crimen y que uno de los acusados,
que está prófugo, fue visto transitando por la ciudad donde
el periodista fue asesinado, en un enfrentamiento con la justicia
CONSIDERANDO
que no se llegó a los asesinos de Edgar Lopes de Faria, asesinado el
29 de octubre de 1997, debido a dificultades técnicas de la policía
en proseguir la investigación y a que persiste el miedo de los testigos
a hablar
CONSIDERANDO
que el fiscal João Alves da Silva Neto enfrenta trámites burocráticos
y presión política para llegar a los acusados del crimen contra
el locutor de radio Ronaldo Santana de Araújo, asesinado el 9 de octubre
de 1997
CONSIDERANDO
que las investigaciones sobre la muerte del presentador de televisión
José Carlos Mesquita finalmente culminaron en la encarcelación
de Orico Rodrigues, uno de los acusados que estaba prófugo, pero que
el otro acusado permanece prófugo y el autor intelectual del crimen
está impune
CONSIDERANDO
Que el ex policía Divino José de Matos, conocido como Divino
45, señalado como el asesino que mató al periodista Mário
Eugênio Rafael de Oliveira, muerto el 11 de noviembre de 1984, permanece
prófugo, después de haberse cambiado su sentencia de 17 años,
a pesar de existir evidencia de que se encontraba residiendo en otro estado,
la policía aún no ha logrado localizarlo
CONSIDERANDO
que Aristeu Guida da Silva fue asesinado el 12 de mayo de 1995 y que Vladimir
Rainieri Pereira Sobrosa, acusado de ser uno de los ejecutores, fue condenado
a 28 años de reclusión, apeló la sentencia y aguarda
un nuevo juicio, y otros acusados permanecen prófugos
CONSIDERANDO
que el empresario Domingos Sávio Brandão de Lima, dueño
del diario Folha do Estado de Mato Grosso y de Radio Cidade de Cuiabá
FM, fue asesinado el 30 de setiembre de 2002, que la Policía Civil
identificó a uno de los sospechosos de ser el autor material del crimen,
y él está preso, pero aún siguen las investigaciones
en busca del autor intelectual
CONSIDERANDO
que el caso policial que investiga la desaparición del locutor de radio
Ivan Rocha, ocurrido el 22 de abril de 1991, fue archivado, a pesar de haberse
identificado a los presuntos secuestradores, que fueron acusados, encarcelados
y absueltos por falta de pruebas y que jueces, fiscales, jefes de policía
y testigos reconocen haber sufrido amenazas y presiones durante la investigación
sobre este caso
CONSIDERANDO
que el principio 4 de la Declaración de Chapultepec establece: “El
asesinato, el terrorismo, el secuestro, la intimidación, la prisión
injusta de los periodistas, la destrucción material de los medios de
comunicación, la violencia de cualquier tipo y la impunidad de los
agresores, coartan seriamente la libertad de expresión y de prensa.
Estos actos deben ser investigados con prontitud y sancionados con severidad”
LA REUNIÓN DE LA SIP RESUELVE
solicitar al Gobierno nacional que la investigación
de los crímenes contra los derechos humanos, incluido el homicidio
de periodistas y locutores de radio, se traslade a la jurisdicción
de la Policía Federal.
solicitar la ampliación y mejora del programa
de Protección a Testigos, desconocido por la población, que
no logra atender a la demanda, y en algunos casos, mantiene a los testigos
en situaciones muy precarias, que hace que muchos prefieran no pertenecer
al programa.
solicitar al Gobierno Federal y a los gobernadores
del Estado un compromiso con el derecho de libertad de expresión y
el fin de la impunidad.
solicitar al Gobierno Federal y a los gobiernos
municipales y estatales una garantía de transparencia de la información,
para que los periodistas puedan seguir los procesos e investigaciones, al
contrario de lo que establece la Ley Mordaza y otras orientaciones internas
de control de la información.
solicitar a las Secretarías de Seguridad
Pública de los Estados de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Bahía,
Río de Janeiro, Brasilia, Sergipe, Espírito Santo, Rondônia
que brinden las condiciones técnicas y de infraestructura para que
los policías puedan efectivamente investigar los crímenes, incluso:
pago de viáticos para la persecución de los sospechosos, agilidad
en los servicios de laboratorio para los exámenes de balística,
ADN e impresión digital, disponibilidad de vehículos para la
investigación básica, agilización de los pedidos órdenes
de cateo y prisión.
exigir a la Policía y la Justicia que
las investigaciones no se limiten a la identificación y encarcelamiento
de los asesinos, sino que también de los autores intelectuales de los
crímenes.
pedir a la Secretaría de Seguridad Pública
de los estados, previsiones para trasladar a los presos a lugares de máxima
seguridad, evitando así la fuga de los acusados
solicitar que se implemente un programa más
eficiente para la búsqueda de prófugos, interconectando a los
estados, de modo que los policías de todo el país puedan identificar
fácilmente a los sospechosos con prisión decretada y efectuar
el arresto
solicitar las previsiones necesarias para impedir
que la burocracia y la corrupción modifiquen la tramitación
de los procesos de la justicia, demorando el juzgamiento de los acusados