Reunión de Medio Año





 

 
60 Asamblea General de la SIP .
Antigua, Guatemala,
22 - 26 de octubre 2004


Informes por país

Argentina Aruba Bolivia Brasil Canadá Caribe
Chile Colombia Costa Rica Cuba Ecuador El Salvador
Estados Unidos Guatemala Haití  Honduras  México  Nicaragua
Panamá Paraguay Perú Puerto Rico Rep.Dominicana Uruguay
Venezuela          

MEXICO

CONSIDERANDO

que el periódico Cuarto Poder de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, ha sido objeto de una persecución injustificada que incluye campañas de intimidación y el encarcelamiento de familiares del director de dicho medio, Conrado de la Cruz

CONSIDERANDO
que estas campañas provienen de funcionarios del gobierno del estado de Chiapas que encabeza Pablo Salazar Mendiguchia

CONSIDERANDO
que el periódico Cuarto Poder fue objeto de auditorías fiscales que sin haber concluido derivaron en acusaciones penales en contra de su dirección

CONSIDERANDO
que el gobernador Pablo Salazar impulsó una ley que aprobó el Congreso Estatal que establece como delito grave la difamación, el cual es penado con más años de prisión que en cualquier otra entidad del país

CONSIDERANDO
que el columnista Carlos Zuanzinger del periódico El Orbe de Tapachula, Chiapas, es objeto de una averiguación previa ante las denuncias que han realizado en contra del gobierno del Estado

CONSIDERANDO
que el principio 6 de la Declaración de Chapultepec establece: “Los medios de comunicación y los periodistas no deben ser objeto de discriminaciones o favores en razón de lo que escriban o digan”


LA ASAMBLEA DE LA SIP RESUELVE:

solicitar al gobernador de Chiapas, Pablo Salazar, que cese toda persecución y hostigamiento contra el diario Cuarto Poder, de su director Conrado de la Cruz y sus familiares

solicitar a las autoridades fiscales una revisión exhaustiva del supuesto delito fiscal en el diario Cuarto Poder solicitar a las autoridades judiciales cesar cualquier cargo en contra de periodistas por ejercer su derecho a la libre expresión y de crítica

exigir al gobernador Salazar que respete el derecho a la libre expresión en su Estado, el que ampara no sólo a los periodistas sino a todos los ciudadanos

demandar al gobierno del Estado de Chiapas que despenalice el delito de difamación como lo ha recomendado la Corte Interamericana de Derechos Humanos.