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Reunión
de Medio Año
Sociedad Interamericana de Prensa
Hotel Swissôtel
Quito, Ecuador
17 al 20 de Marzo, 2006
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URUGUAY
Resolución ante la Reunión de Medio Año
Quito, Ecuador
17 al 20 de marzo del 2006
CONSIDERANDO
que entre la noche del 17
y la madrugada del 18 de octubre del 2005, el periodista Marcelo Borrat fue
secuestrado, torturado y amenazado de muerte por tres hombres encapuchados que,
a punta de pistola, le exigieron la destrucción de grabaciones que el
reportero posee
CONSIDERANDO
que la SIP, a través
de su presidenta Diana Daniels y del presidente de la Comisión de Libertad
de Prensa e Información, Gonzalo Marroquín, reclamó en
su momento por medio de una carta al presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez,
un rápido esclarecimiento de este caso para evitar que “siente
un precedente nefasto” en el país
CONSIDERANDO
que el sindicato de periodistas
de Uruguay ha exigido reiteradamente “de las autoridades policiales y
de la justicia que se investigue el caso hasta las últimas consecuencias
y se sancione a los responsables”
CONSIDERANDO
que a seis meses del secuestro,
la Policía no ha identificado aún ni a un sospechoso por el atentado
y las investigaciones judiciales no han arrojado ningún resultado
CONSIDERANDO
que el mantenimiento de
la impunidad de los autores de este caso de secuestro y torturas contra un periodista
destinado a acallar su voz, constituye un aliento para que estos crímenes
se repitan en el futuro
CONSIDERANDO
que la Declaración
de Chapultepec, en su Principio 4, advierte que “el asesinato, el terrorismo,
el secuestro, las presiones, la intimidación, la prisión injusta
de los periodistas, la destrucción material de los medios de comunicación,
la violencia de cualquier tipo y la impunidad de los agresores, coartan severamente
la libertad de expresión y de prensa. Estos actos deben ser investigados
con prontitud y sancionados con severidad”
LA REUNIÓN DE MEDIO
AÑO DE LA SIP RESUELVE
reiterar el repudio de la
SIP ante este atentado contra la libertad de prensa
reclamar a las autoridades
policiales y judiciales que extremen sus esfuerzos para dar con el paradero
de los autores materiales e intelectuales del crimen y que los someta a un juicio
correspondiente.
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