CONSIDERANDO
que en octubre, el juez federal Hogan impuso pena de cárcel por desacato
a la reportera Miller, de The New York Times, por rehusarse a declarar ante
el gran jurado sobre sus conversaciones con una fuente confidencial, pena que
fue suspendida al presentar ella una apelación y que podría ser
de hasta 18 meses de prisión o hasta que se decida a declarar. Miller
nunca escribió acerca de Valerie Plame, la supuesta agente de la CIA,
quien está casada con el ex diplomático norteamericano Joseph
C. Wilson IV
CONSIDERANDO
que el juez dictaminó que los reporteros no gozan de un privilegio absoluto
bajo la Primera Enmienda para negarse a declarar sobre sus fuentes confidenciales
y que el procurador ad-hoc, Patrick J. Fitzgerald, había agotado otras
fuentes antes de citar a Miller
CONSIDERANDO
que el reportero de la revista Time, Matthew Cooper, quien ha sido citado en
la investigación, se ha comprometido a declarar bajo circunstancias limitadas
lo cual lo ha obligado a pedir a sus fuentes que lo eximan de la promesa de
confidencialidad. Cooper había sido condenado a prisión y al pago
de una multa de $1,000 diarios por el juez Hogan el 9 de agosto por negarse
a declarar. Mientras se encontraba en libertad hasta que se resuelva la apelación,
aceptó declarar sobre sus conversaciones con Lewis "Scooter"
Libby, asesor principal del vicepresidente Dick Cheney, luego de que éste
lo eximiera de su compromiso de confidencialidad. Cooper ha sido citado nuevamente
CONSIDERANDO
que el 8 de octubre, Miller y el director ejecutivo de The New York Times, Bill
Keller, manifestaron su negativa a declarar inclusive bajo tales circunstancias
CONSIDERANDO
que Tim Russert, de la cadena NBC, fue citado a comparecer en mayo y que, si
bien apeló la citación, cuando fue informado de que el juez había
declarado infundada la apelación, fue obligado a aceptar ser interrogado,
mientras que Walter Pincus, de The Washington Post, recibió hace poco
la misma orden judicial
CONSIDERANDO
que el juez Thomas Penfield Jackson, de Washington, declaró en desacato
de la corte a los periodistas H. Josef Hebert, de la Associated Press, James
Risen y Jeff Perth, de The New York Times, Robert Drogin, de Los Angeles Times,
y Pierre Thomas, de la cadena ABC, imponiéndoles multas de $500 por cada
día que pasaran sin revelar las fuentes de sus informes sobre Wen Ho
Lee, un científico de armas nucleares que se encuentra bajo sospecha
de espionaje
CONSIDERANDO
que el Principio 3 de la Declaración de Chapultepec establece: “Las
autoridades deben estar legalmente obligadas a poner a disposición de
los ciudadanos, en forma oportuna y equitativa, la información generada
por el sector público. No podrá obligarse a ningún periodista
a revelar sus fuentes de información”
LA ASAMBLEA GENERAL DE LA SIP RESUELVE
pedir que se respete el derecho del público a saber y
a recibir información, así como el derecho de los periodistas
a proteger sus fuentes, salvaguardando la confidencialidad de las mismas, según
lo establecido en los tratados internacionales de los cuales Estados Unidos
es signatario
exhortar a las autoridades norteamericanas a abstenerse de utilizar
a los medios como un brazo ampliado para hacer cumplir la ley, obligándolos
a revelar información privilegiada, evitando así el “efecto
intimidatorio” en detrimento de la libertad de prensa, garantizada por
la Primera Enmienda.