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Asamblea General
Lima, Octubre 26-29, Perú
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sobre Países |
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VENEZUELA
CONSIDERANDO
que en Venezuela persisten, por acción de los poderes del estado, violaciones,
agresiones y distintas formas de intimidación a la libertad de expresión
y de prensa
CONSIDERANDO
que en el comunicado de prensa expedido por el Secretario General de la Organización
de Estados Americanos, César Gaviria, el pasado 23 de octubre de 2002,
a propósito de la grave crisis política que vive dicha nación,
observa que “más que nunca, es urgente resolver las restricciones
sobre la libertad de expresión a través de amenazas y hostigamientos”
CONSIDERANDO
que, en la misión conjunta que realizaron el pasado mes de septiembre
a Caracas directivos de la SIP y del Instituto de la Prensa Internacional, apreciaron
y constataron amenazas y violaciones sistemáticas al ejercicio de la
libertad de expresión y de prensa en Venezuela
CONSIDERANDO
que, aparte de la Sentencia 1013 que dictara la Sala Constitucional del Tribunal
Supremo de Justicia venezolano, restringiendo derechos a la libre expresión
e información, hoy insisten los actores gubernamentales en obtener la
sanción de una Ley de Contenidos que afecta gravemente el libre ejercicio
de la expresión y de prensa
CONSIDERANDO
que, en fecha más reciente, la Asamblea Nacional de Venezuela inició
la consideración de un Proyecto de Ley Orgánica de Participación
Ciudadana, que crea un Consejo Nacional para Control de los Medios de Comunicación
Social, con potestad de sanción a medios que no informen de manera “veraz
e imparcial”
CONSIDERANDO
que el gobierno de Venezuela no ha dado cumplimiento a las medidas cautelares
adoptadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a objeto
de proteger los derechos a la vida e integridad personal, así como el
derecho a la libertad de expresión y de prensa de editores, directores
y periodistas de los distintos medios de comunicación social venezolanos
CONSIDERANDO
que, el 11 de abril pasado, fue asesinado el reportero gráfico Jorge
Tortoza, del Bloque de Armas, y que, en los meses subsiguientes, se han multiplicado
las agresiones físicas y los maltratos personales por parte de los llamados
Círculos Bolivarianos —fuerzas irregulares de choque en la calle
bajo control político de los partidarios del gobierno— a distintos
periodistas y, de manera particular, fueron víctimas de lesiones o de
amenazas ciertas de muerte los periodistas siguientes: Gabriel Osorio, de la
Revista Primicia; Olivia Ojeda y Winston Duran, de Yaracuy Hoy; Antonio Monroy,
David Pérez Jansen y Argenis Uribe, de RCTV (Canal 2); José Angel
Ocanto, del Diario El Impulso; Roxana Díaz, Felipe Lugo, Ana Karina Villalba,
Aymara Di Lorenzo y Martha Palma Troconis, de Globovisión (Canal 33);
Carlos Briceño y Eduardo Sánchez, del Diario El Carabobeño;
Jairo Altuve, Dorian Esteves y Diosirys Obregón, de Notitarde; Mauro
Acosta y Luis Alfonso Fernández, de VeneVision; Leslie Pedreañez,
Elianta Quintero y Johan Merchán, de Televen (Canal 10); Alicia La Rotta
y Gustavo Rodríguez, del Diario El Universal; Omar Veliz, de El Siglo;
Maria Alejandra Monagas y Carlos Meza, de Ultimas Noticias
CONSIDERANDO
que el Presidente de la República ha continuado con las amenazas directas
acerca de su eventual decisión de suspender definitivamente las señales
de transmisión de los medios radioeléctricos y televisivos privados,
por disentir del contenido de las informaciones que son suministradas por estos
medios
CONSIDERANDO
que los Principios 1 y 5 de la Declaración de Chapultepec declaran que
“no hay personas ni sociedades libres sin libertad de expresión
y de prensa. El ejercicio de ésta no es una concesión de las autoridades;
es un derecho inalienable del pueblo” y que “la censura previa,
las restricciones a la circulación de los medios o a la divulgación
de sus mensajes, la imposición arbitraria de información, la creación
de obstáculos al libre flujo informativo y las limitaciones al libre
ejercicio y movilización de los periodistas, se oponen directamente a
la libertad de prensa”
LA ASAMBLEA GENERAL DE LA SIP RESUELVE
condenar enérgicamente la conducta del gobierno
y de los demás poderes del estado de Venezuela, que se expresa en la
violación sistemática de la libertad de expresión y de
prensa, según los términos consagrados en la Declaración
de Chapultepec y en la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión
de la OEA
invitar al gobierno de Venezuela y a los demás
poderes del estado a que asuman una conducta de mayor respeto y que ofrezcan
las garantías indispensables para el ejercicio libre de la prensa en
dicho país
exigirle al gobierno de Venezuela dar cumplimiento
a las medidas cautelares adoptadas por la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos en beneficio de editores, directores y periodistas
sugerirle al gobierno de Venezuela, respetuosamente,
que ejerza ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos un recurso consultivo
a objeto de que analice los proyectos de Ley de Contenidos y de Ley Orgánica
de Participación Ciudadana y se pronuncien sobre su compatibilidad o
no con las normas de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
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