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Venezuela CONSIDERANDO que la aprobación de leyes trascendentales para regular las informaciones e impedir la libertad de expresión y de prensa podría violentar los principios constitucionales que lo prohíben y consagran la figura del desacato y el delito de opinión CONSIDERANDO que las leyes, normas y métodos que viene aplicando el gobierno implican riesgos al ejercicio de la libertad de expresión en los medios de comunicación y en quienes ejercen la profesión periodística CONSIDERANDO que se han acentuado los atropellos gubernamentales contra periodistas y medios de comunicación por expresar sus ideas, siendo de destacar los casos de la periodista Patricia Poleo, Dr. Tulio Alvarez, Ibeyise Pacheco, Marianella Salazar, así como también los ataques, amenazas, demandas penales y civiles, contra medios escritos como El Universal, El Impulso, El Correo del Caroní, La Razón, El Nacional, Diario 2001 como medida retaliativa para que tuerzan sus líneas editoriales y favorezcan al gobierno CONSIDERANDO que las presiones se multiplican en contra de los medios radiales y televisivos, con multas desproporcionadas e injustificadas, al igual que contra los periodistas Martha Colomina, Napoleón Bravo, José Domingo Blanco y el abogado Asdrúbal Aguiar, entre muchos otros CONSIDERANDO que el Artículo 1 de la Declaración de Chapultepec establece: “No hay personas ni sociedades libres sin libertad de expresión y de prensa. El ejercicio de ésta no es una concesión de las autoridades; es un derecho inalienable del pueblo”
LA ASAMBLEA GENERAL DE LA SIP RESUELVE repudiar la conducta autoritaria del gobierno venezolano orientada a coartar las libertades democráticas, que deteriora el Estado de Derecho y por esa vía restringe gravemente la libertad de expresión exhortar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y su Relatoría para la Libertad de Expresión a mantener una permanente vigilancia para que el gobierno de Venezuela cumpla con sus deberes institucionales y democráticos.
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