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Durante este período no prosperaron medidas destinadas a restringir el ejercicio de la libertad de expresión en el país. Si bien hubo hechos que originaron alarma en la prensa y en la opinión pública, no se registraron retrocesos, aunque tampoco avances. Un derecho tan decisivo para garantizar la libertad de prensa, como lo es el acceso a las fuentes públicas, no tuvo trámite legislativo. Otros proyectos que han despertado inquietud en los medios escritos, como el Estatuto del Periodista, tampoco registró avance en el Parlamento. Los principales peligros para la libertad de prensa tienen su origen en la actividad legislativa. En estos momentos existen 16 proyectos de ley en estudio que se relacionan con la prensa y, de ellos, unos cinco o seis podrían tener consecuencias importantes. Además de los proyectos de ley, los diputados han creado comisiones investigadoras y comisiones especiales que se han dedicado a examinar asuntos relacionados con la prensa. Tras un año de trabajo, el 19 de julio la Comisión Especial Investigadora sobre Avisaje Estatal aprobó por unanimidad su informe final. Consta de 177 páginas y contiene diversas consideraciones sobre la publicidad oficial o del Estado, su situación legal, el procedimiento utilizado para su contratación y las deficiencias que se observan en éste. Entre sus conclusiones, los diputados de todas las tendencias políticas suscribieron la idea de que “la publicidad oficial no puede ni debe operar como un subsidio para los medios de comunicación social.” En su informe describieron también los procedimientos que se emplean para distribuir la publicidad oficial. En lo fundamental, una entidad de gobierno denominada Chilecompra, llama a una licitación pública cada seis meses en la cual participan los medios de comunicación interesados. Luego, tomando como base sólo criterios de circulación y precios, selecciona a los medios y suscribe con ellos un convenio marco para la difusión de los avisos. La comisión fue crítica del uso del convenio marco como mecanismo único de contratación, pues consideró que hay un amplio margen para la arbitrariedad. Otro aspecto que destacó el informe es la inexistencia de una información sistematizada acerca del gasto en publicidad que realiza el Estado. Por último, se estableció que la publicidad oficial no tiene mayor importancia económica para los medios. En varias partes del texto se subraya la importancia de la prensa regional para la mejor difusión de la publicidad del Estado, en particular si ella se refiere específicamente a la zona en que interesa que llegue un determinado mensaje. Pero, paradójicamente, el propio informe recomienda que ciertos tipos de publicidad se hagan por internet. No obstante, lo más inquietante del informe es que, a pesar de no haberse comprobado la importancia del avisaje estatal para los medios de comunicación social, ni mucho menos que los grandes conglomerados periodísticos dependen de ellos, se proponga dictar una ley reguladora de la publicidad oficial y, más aún, que se estudien normas que fortalezcan la libre competencia y eviten la concentración en los medios de comunicación social. Esto fue denunciado por algunos medios como una discriminación abierta en contra de la prensa, pues ya se encuentra sometida a la ley general sobre defensa de la libre competencia que se aplica a todos los sectores de la economía desde hace más de 30 años. El 6 de marzo de este año la Cámara de Diputados creó la Comisión Especial sobre Medios de Comunicación, la cual tiene amplísimos y mal definidos objetivos. Quedó formada por 13 parlamentarios y presidida por el diputado Jaime Mulet, el mismo que interpuso, en enero de este año, un juicio ordinario de indemnización contra el director, periodistas, gerentes y propietarios del diario La Tercera. La comisión está dedicada, por ahora, a recibir testimonios de personas vinculadas a los medios de comunicación y a autoridades de gobierno con funciones en el área informativa. En materia judicial sucedieron varios hechos de consideración: El 26 de marzo la Corte Suprema dictó un auto acordado que reglamentaba el uso de credenciales de prensa en los tribunales y, además, imponía otras obligaciones a los periodistas, algunas de ellas perfectamente absurdas, como la de que debían “evitar entorpecer las labores del personal judicial y la libre circulación del público en los locales judiciales y estacionamientos anexos, evitando abordarlos sin su consentimiento y causarles molestias con el flash de luces fotográficas y filmaciones”. La reacción unánime contra la medida condujo al pleno de la Corte Suprema a dejarla sin efecto cuatro días más tarde. Como consecuencia de la polémica surgida, el máximo tribunal acordó reestructurar su Dirección de Comunicaciones y contratar a varios periodistas que se hicieron cargo de esa labor, en lo que constituye una suerte de intermediación entre los ministros de la Corte Suprema y los órganos informativos. El 9 de mayo la jueza Olga Quijada, del Cuarto Juzgado del Crimen de Santiago, en la causa sobre un pedófilo que se dio a la fuga y era objeto de diligencias policiales para capturarlo, decretó una prohibición de informar sobre el caso. Ignoraba la jueza que la Ley 19.733, de 2001, más conocida como Ley de Prensa, había eliminado la facultad de los magistrados de prohibir informar en determinados casos. Si bien la medida, ante las reacciones producidas, fue dejada de lado, la jueza justificó esta segunda actuación en el hecho de haberse completado la diligencia. El 30 de marzo, en la ciudad de Curicó, al sur de Santiago, el juez prohibió que se tomaran fotos y grabaciones en video en la audiencia de formalización de cargos contra 10 gendarmes de esa ciudad por supuestos apremios ilegítimos. La posibilidad de oponerse a la publicidad de la audiencia del juicio oral, reconocida en el artículo 289 del Código Procesal Penal, y que ha sido objeto de fundadas críticas de los especialistas y de las organizaciones de prensa, se está extendiendo, en consecuencia, a la etapa inmediatamente anterior, que es la formalización de cargos al imputado. El 6 de junio la Corte de Apelaciones de Santiago ratificó por tres votos a cero el procesamiento dictado en contra del director del periódico El Periodista, Francisco Martorell, por los dichos de un entrevistado publicados en noviembre de 2003. El periodista está en libertad bajo fianza y con arraigo en el país.

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