ECUADOR

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En este período el presidente Rafael Correa mantuvo en general una actitud de beligerancia contra la prensa. Un juicio contra el director de diario La Hora y un texto legal para prohibir la difusión de ciertos videos fueron los acontecimientos más preocupantes. Hay que agregar una suma de epítetos contra la prensa como “incompetente”,” calumniadora”, “mentirosa”,” corrupta”, “mediocre”, “mafiosa”, “pornografía periodística”, ”miseria humana”, “bestias salvajes” y “brutos que publican porquerías”. Abundaron también las acusaciones contra los periodistas de “racistas”, “discriminadores” y “excluyentes”. Sin embargo, luego de las elecciones del 30 de septiembre para escoger a los integrantes de la Asamblea Constituyente, en las que triunfaron ampliamente los candidatos oficiales, ha variado el tono de sus declaraciones. En este período se destacaron los siguientes: El 4 de abril, la Corte Superior de Justicia de Latacunga condenó a 60 días de prisión al periodista Nelson Fueltala del diario La Gaceta, por haber transcrito declaraciones del comisario de Pujilí, Ricardo Estrella, criticando el salario y la actitud supuestamente prepotente del alcalde de esa ciudad. Fueltala ha presentado recurso de casación ante la Corte Suprema de Justicia. El 2 de mayo de 2007, la Superintendencia de Compañías declaró insubsistentes dos aumentos de capital de agosto del 2002 y septiembre del 2006 realizados en la empresa El Telégrafo C.A., editora de diario El Telégrafo, aumentos promocionados por el accionista Carlos Navarrete Castillo por los que alcanzó a tener un 80,16 por ciento del capital societario. Por medio de este acto administrativo el Estado asumió el control de la mayoría accionaria. El Estado, a través de la Agencia de Garantía de Depósitos, había incautado el 8 de marzo de 2002 las acciones del ex banquero Fernando Aspiazu en esa empresa (que representaban un 99,9 por ciento) como consecuencia de la crisis financiera de 1999. El 3 de mayo, la Secretaría General de Comunicación denunció las supuestas malas condiciones laborales en algunos medios de comunicación. Hasta la fecha dicha Secretaría no ha precisado sus acusaciones. El 10 de mayo, el presidente Correa demandó penalmente por desacato al presidente de La Hora, Francisco Vivanco Riofrío, a propósito del editorial titulado “Vandalismo oficial” publicado el 9 de marzo. El Secretario Jurídico de la presidencia, Alexis Mera, dijo que el mandatario podría retirar la denuncia si el diario se disculpaba públicamente. Los directivos del periódico manifestaron que los criterios expresados en el editorial se enmarcan en el derecho a la libertad de expresión. La SIP en particular criticó que se haya usado “el desacato, una figura arcaica para la democracia moderna y en retroceso en América Latina”. Después de varios meses de inacción fiscal, hace pocas semanas se reactivó el proceso, ordenando el reconocimiento del lugar de los hechos sin atender las pruebas pedidas por el diario La Hora. El 19 de mayo, el presidente Correa hizo expulsar de su programa radial de los sábados a Emilio Palacio, Editor de Opinión de Diario El Universo, cuando desmintió las acusaciones del mandatario sobre que la prensa ecuatoriana no había denunciado la crisis bancaria de 1999, y le contestó que él no lo había hecho en su etapa de académico. El desalojo se produjo cuando Correa contestó que él como profesor universitario no estaba obligado a denunciar la crisis y Palacio le replicó que las universidades debían comprometerse con la lucha contra la corrupción. Molesto, el Presidente ordenó a un guardia que haga retirar al periodista. El 21 de mayo, el presidente Correa pidió a los ecuatorianos emplazar a los medios. “Ciudadanos, métanle juicios a los medios de comunicación que atenten contra la verdad”. El 26 de mayo, en el transcurso de una intervención pública del entonces ministro de Economía Ricardo Patiño en la sede de Ciespal en Quito, simpatizantes del Gobierno recibieron a los periodistas con frases como “abajo la prensa vendida”. En varias ocasiones algunos asistentes atacaron verbalmente a los periodistas. Patiño pidió que cesen las ofensas. El 27 de mayo, el presidente Correa tildó de “mediocres”, “majaderos”, “mentirosos” y otros epítetos similares a Carlos Jijón, Alfonso Espinosa de los Monteros, Teresa Arboleda y Carlos Vera de Ecuavisa, Emilio Palacio de El Universo, Jorge Vivanco de Expreso, el columnista Benjamín Rosales de diario El Comercio y Andrés Carrión de Canal 1. Correa también criticó a diario Extra y a la revista Vistazo por el supuesto mal uso de la imagen femenina. El 2 de junio, el presidente Correa condicionó la firma del Acta de Chapultepec a que los medios se comprometan a: 1) respetar los derechos laborales de los periodistas, 2) difundir noticias de calidad, 3) democratizar los espacios de los medios y 4) elevar a la condición de delito contra la fe pública las imprecisiones, las informaciones equívocas o parciales y las mentiras. El 17 de junio, Alberto Acosta, probable presidente de la Asamblea Constituyente por el partido de gobierno, declaró que la nueva Constitución debía democratizar el accionariado de las empresas periodísticas. El 27 de junio, en una rueda de prensa en la ciudad de Cuenca, el presidente Correa llamó “gordita horrorosa” a la periodista Sandra Ochoa de El Universo luego de que ella le dijo: “Qué quiere que le pregunte” porque “ustedes solo responden lo que quieren que les pregunten”. El 10 de julio, el presidente Correa reformó el reglamento a la Ley de Radiodifusión y Televisión prohibiendo la divulgación de videos o cintas magnetofónicas clandestinas o no autorizadas. Exceptuó de esta sanción los videos grabados por los medios de comunicación o por las instituciones del sector público, con sus propios equipos y con la intención de impedir la comisión de un delito o comprobar la existencia de uno existente. El 23 de julio, Pablo Dousdebes, jefe de la Casa Militar que acompañaba al Presidente en Guayaquil, amenazó con detener a Carlos Barros, fotógrafo de El Universo; luego lo empujó y provocó su caída. El 18 de agosto, escoltados por patrulleros de la policía nacional y acompañados por un equipo de fotógrafos y camarógrafos de la Secretaría Nacional de Comunicación, un centenar de pescadores marcharon en Quito para defender un decreto que permite parcialmente la venta de aletas de tiburón. Los manifestantes acudieron a los bajos de las oficinas de El Universo y de Teleamazonas, donde con gritos, insultos, pancartas y hojas volantes rechazaron las noticias “mentirosas”. Fuentes de la Presidencia informaron luego que la prensa oficial se encargó de la cobertura “por una orden de arriba, de los asesores”. El 8 de septiembre, en el transcurso de una entrevista con el periodista argentino Jorge Lanata que se transmitió en el país ese día, el presidente Correa acusó a El Universo de haberlo censurado en sus páginas en 1985 cuando fue dirigente estudiantil por haber apoyado un proyecto de ley que supuestamente limitaba la publicidad de cigarrillos y bebidas alcohólicas. La acusación fue desmentida por el diario, que demostró que luego del pronunciamiento del entonces dirigente estudiantil, fue recibido por los directivos de El Universo para continuar apoyando sus actividades gremiales. El 16 de septiembre, la conductora Cora Cadena del programa Radio Transgresor Jatarishum, de radio La Luna en Quito, fue golpeada brutalmente por grupos neonazis. El 3 de octubre el Consejo Nacional de Universidades y Escuelas Politécnicas entregó al presidente el proyecto de Constitución Política para su discusión en el seno de la Asamblea Constituyente que se instalará próximamente. El texto incluye varias disposiciones relativas a libertad de expresión y derecho de información que deberán ser analizadas oportunamente por los organismos nacionales e internacionales de prensa. El 10 de octubre, María Paula Romo, asambleísta electa por la lista del gobierno, expresó que su movimiento está a favor de respetar la libertad de expresión y de sugerir para la nueva constitución un texto similar al de la Convención Americana de Derechos Humanos. Romo fue delegada por el presidente ante la Comisión Redactora del Proyecto de Constitución que se discutirá en la Asamblea.

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