NICARAGUA

Aa
$.-
La Corte Suprema de Justicia aún no ha fallado varios recursos de inconstitucionalidad interpuestos contra la ley creadora del Colegio de Periodistas. Hasta ahora no aplica el artículo sobre la obligatoriedad de pertenecer al colegio para ejercer la profesión y sus directivos alegan que la colegiación no es obligatoria, pero en la ley se estipula que sólo los periodistas afiliados al Colegio pueden ejercer el periodismo. La Ley de Acceso a la Información Pública fue aprobada el 16 de mayo y la Fundación Violeta Chamorro de Nicaragua y el Centro Carter de Estados Unidos, la calificaron como positiva en lo general, pero lamentaron los últimos agregados que se incluyeron en el artículo 46, en el que se pretende regular el ejercicio del periodismo. El segundo párrafo del artículo 46 dice que “el ejercicio de este derecho de acceso (a la información) se realizará de manera responsable, proveyendo información de interés público a la colectividad de carácter completo, veraz, adecuadamente investigada y contrastada con las fuentes que sean convenientes y oportunas”. “Esto no es un invento de la Asamblea Nacional, es un artículo contemplado en la ley modelo (de la Organización de Estados Americanos) que inspira a todos los países miembros del sistema interamericano. No trata de regular, porque no establece ninguna obligación coercitiva, es decir que no hay ninguna coerción que sancione a quien no cumpla con esa norma”, alegó el diputado liberal José Pallais, presidente de la Comisión de Justicia y Asuntos Jurídicos de la Asamblea Nacional. En otro artículo quedó clasificada buena parte de la información que genera el Ejército, aunque su comandante en jefe declaró que nada es secreto, ya que tanto la compra como la destrucción de armamento tienen que ser aprobadas por la Asamblea Nacional. Los artículos cuatro y 19 indican que la situación económica de los funcionarios es privada y está amparada en la Ley de Probidad de los Servidores Públicos, lo que establece que esa información patrimonial no es pública. El gobierno de Daniel Ortega sigue sin publicar el Reglamento a la Ley de Acceso a la Información Pública. El Grupo Promotor de la ley, al cual pertenece la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, envió el 15 de agosto una propuesta de reglamento. El gobierno mantiene sus actos bajo el secretismo. Fue despedida la ministra de Cultura Margine Gutiérrez y anuló el nombramiento del Embajador designado a Francia, el sociólogo Oscar René Vargas, porque ambos ofrecieron entrevistas al diario La Prensa. Vargas, declaró luego “que valía más su libertad que París”. Este secretismo ha estado acompañado por ataques a los medios independientes, especialmente a La Prensa y al Canal 2 de Televisión. Además la publicidad estatal sigue congelada, solo se ve en medios del partido o muy afines a su gobierno y en rótulos de carretera. Además, persiste la prohibición a los periodistas de La Prensa de cubrir ciertos actos oficiales. El 1 de marzo el presidente Ortega firmó un documento con el Colegio de Periodistas, en que se comprometía entre otras cosas a hacer una distribución justa de la publicidad estatal en donde se favorecería a los medios pequeños y medianos y en último lugar quedarían los grandes medios. El Presidente no ha cumplido y los periodistas de la Asociación Nacional de Periodistas (APN) están haciendo plantones de protesta todos los viernes de cada semana. Miguel D’Escoto, ex canciller y asesor presidencial en relaciones internacionales del Presidente dijo que “si en Nicaragua existiera una tipificación del delito de alta traición a la patria, lo cual no existe, y si en Nicaragua existiera además la pena de muerte, en Estados Unidos existe la tipificación del delito de alta traición y también existe pena de muerte, por inyecciones letales, sillas eléctricas o cámara de gas, si en Nicaragua hubiera eso todos los de La Prensa ya se hubieran ido al otro mundo hace mucho tiempo”, asegurando que el diario jugó un “papel nefasto” en los años 80. También llamó a El Nuevo Diario “el nuevo diario antipatriótico” y lamentó su sesgo “antidanielista”. El periodista de La Prensa, Oscar González, fue excluido de cubrir un evento público de la Misión Milagro que la Embajada venezolana en Nicaragua llevaba a cabo en el Aeropuerto Internacional de Managua. Un miembro de la seguridad adujo “orientaciones superiores”. En febrero de 2005 se reformó el Art. 68 de la Constitución Política de la República que exonera de todo tipo de impuesto al papel, la maquinaria, equipo y refracciones para los medios de comunicación. Al artículo reformado solo se le agregó una cola que dice: “La Ley Tributaria regulará la materia”. Al mismo tiempo se reformó la ley 528 o Ley Tributaria, en su Art. 17. Esta reforma no regula las exoneraciones sino que las limita a un porcentaje de los ingresos declarados de cada medio de comunicación, un 2.5% para medios grandes y 5% para medios pequeños. Esta reforma se conoce como “Ley Arce”, siendo ex diputado Bayardo Arce fue su promotor. Varios medios de comunicación escritos, radiales y televisivos, presentaron a mediados de 2005 a la Corte Suprema de Justicia un recurso de inconstitucionalidad, por la razón que la ley no regulaba sino que reformaba el mandato constitucional, y que fue aprobado antes que la reforma constitucional fuera promulgada. El ex presidente Enrique Bolaños, considerando válida la inconstitucionalidad y hasta que la Corte Suprema resolviera ordenó a la Dirección General de Aduanas (DGA) no cobrar los impuestos, pero que los medios firmen compromisos de pagos. Los medios gestionaron en la Legislatura actual que se derogara la ley Arce y se regulara la maquinaria e insumos que deberían estar exonerados. Estos proyectos tuvieron buena acogida entre la mayoría parlamentaria, pero no en el partido sandinista. Una vez que el proyecto de ley entró a comisión en agosto, la DGA empezó a cobrar no solo los nuevos pedidos sino las garantías de pago anteriores y publicó un comunicado en el que aseguraba que La Prensa estaba en mora con impuestos atrasados por más de trece millones de Córdobas (750.000 dólares estadounidenses). Todos los medios oficiales comenzaron una campaña queriendo demostrar que La Prensa no pagaba ni quería pagar impuestos. La Prensa explicó que era falso ya que paga todos sus impuestos, 1.8 millones de dólares en el 2006 y aclaró que la supuesta deuda es inconstitucional. La Prensa había interpuesto desde agosto un recurso de amparo por los cobros, el que fue aceptado después de agotar los trámites administrativos y llegó a la Corte Suprema de Justicia. El artículo 234 del Código Aduanero Centroamericano manda a suspender la ejecución de la resolución recurrida una vez admitido el recurso de Amparo. Pero a pesar de esto y de que La Prensa aún tenía exoneraciones de acuerdo a la misma Ley Arce, la DGA retuvo el papel de La Prensa y exigiendo el pago de la deuda y que hasta el 30 de julio de 2007 existía una deuda global de unos 1.500.000 dólares estadounidenses. Luego de varias protestas de asociaciones y políticos la DGA aceptó liberar el papel. El 10 de julio salió a luz un documento del Consejo del Poder Ciudadano para el Distrito VI de Managua, sin firma ni sello y aunque el coordinador de dicho consejo José Tellería lo negara algunos miembros aceptaron la existencia del mismo, en el que se dice que los voceros de la derecha son “la prensa, el nuevo diario y el canal II”. El documento pide protestar contra la compañía Española Unión Fenosa de electricidad o y dice que “hay que quemar llantas, quemar la prensa, morteros para el tráfico, pero hay que protestar” Tellería declaró que aunque La Prensa es de derecha y critica al FSLN nunca han pensado quemar el edificio del diario. Sin embargo Mario Bolaños, otro mencionado en el documento, aceptó la existencia del escrito pero dijo que lo de quemar La Prensa se trató de un momento de euforia.

Compartí

0