CARIBE

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BARBADOS En Barbados, la libertad de prensa continúa muy viva y saludable. No ha habido amenazas a la libertad de expresión como cuestión de política de parte de ninguno de los partidos dominantes. Aunque una cuestión que podría ser categorizada como problema de la libertad de prensa es la monopolización de los servicios de televisión local por parte del gobierno. La situación en la que el gobierno posee y opera la única estación de televisión contrasta notablemente con las medidas progresistas tomadas en Trinidad y Tobago y Jamaica, donde las estaciones que son propiedad del gobierno han sido privatizadas y son ahora algo del pasado. GUYANA El gobierno de Guyana dañó severamente sus credenciales de libertad de prensa desde noviembre del 2006 al retirar arbitrariamente la publicidad estatal del diario de propiedad privada Stabroek, con la intención de castigar su independencia editorial. Hasta este momento, el historial de libertad de prensa del gobierno ha sido bueno. Dos periódicos de propiedad privada, el Stabroek News y el Kaieteur News, y varias estaciones de televisión privadas operan libremente. Sin embargo, fue la cancelación de la publicidad al Stabroek News lo que manchó sus antecedentes. En noviembre del 2006, el gobierno de Guyana retiró todos los anuncios de los ministerios del Stabroek News sin entregar ninguna explicación creíble, pero en un intento transparente para castigar al periódico por su posición editorial. Esta es una clara violación de la Declaración Interamericana de Chapultepec sobre la Libertad de Prensa, de la cual el gobierno de Guyana es signatario. La cancelación de la publicidad se produjo después de varios agrios ataques públicos contra el diario por parte del presidente guyanés, Mr. Bharrat Jagdeo. Después del retiro de los anuncios por parte del ministerio, numerosas agencias del gobierno y corporaciones estatales adoptaron idénticas medidas en base a órdenes gubernamentales. Hasta el 25 de septiembre del 2007, la situación seguía sin variaciones y la cancelación de los anuncios ha tenido un impacto significativo sobre el periódico. El Stabroek News ha sostenido que el retiro de la publicidad ha sido una represalia política por los editoriaels críticos y que no se basa en una decisión commercial, como el gobierno afirmó posteriormente después dos meses sin dar explicación alguna y que el diario había denunciado públicamente la noticia de la decisión. El gobierno ha rechazado una propuesta del Stabroek News de que la publicidad se reparta sobre la base de la circulación pagada y comprobada de los principales diarios. Una gestión de mediación posterior por parte de un equipo de ejecutivos de medios regionales no prosperó y sus proposiciones para crear un mecanismo justo para la distribución de la publicidad estatal fue ignorada por el presidente de Guayana, el Sr. Jagdeo. Tras el fracaso de las gestiones de mediación, numerosas empresas periodísticas caribeñas emitieron una declaración conjunta condenando que el gobierno no resolviera el problema y llamándolo a reconsiderar el retiro de la publicidad. El Sindicato de Prensa de la Mancomunidad Británica le escribió al secretario general de la Mancomunidad, el Sr. Don McKinnon, pidiéndole que usara sus buenos oficios para lograr la solución del asunto. Una queja presentada también por el Stabroek News fue presentada ante el Relator de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos, Ignacio J. Alvarez. El Sr. Alvarez le escribió al gobierno de Guyana el 13 de junio del 2007, pidiéndole una explicación de su decisión de retirar los anuncios. Al no recibir una respuesta del gobierno guyanés, el Sr. Alvarez emitió una declaración el 25 de Julio del 2007 pidiéndole al gobierno de Guyana que reconsiderara su decision de privar de su publicidad al Stabroek News y asegurar la transparencia de la asignación de la publicidad official. A pesar de la promesa de que contestaría oficialmente a la petición del Sr. Alvarez, el gobierno de Guyana no había proporcionado la información solicitada hasta el 25 de septiembre del 2007. La Sociedad Interamericana de Prensa ha señalado que los gobiernos no deben usar los fondos de los contribuyentes para favorecer a amigos y castigar a los críticos en la asignación de los anuncios. Idealmente, la asignación de esos anuncios debería ser manejada por una agencia profesional de publicidad, la que aplica los criterios comerciales tradicionales, en vez de que lo haga un departamento del gobierno encabezado por una persona nombrada por razones políticas. Por otro lado, el gobierno mantiene un monopolio de medios electrónicos que heredó de la gestión anterior, en 1992. Una nueva legislación sobre el tema había sido prometida hace mucho tiempo para que regulara el otorgamiento y renovación de licencias, y para monitorear los estándares de las transmisiones. Un portavoz del gobierno había dicho que entonces serían entregadas licencias de medios electrónicos privados, pero hasta ahora no se ha hecho nada. Esto completaría la liberalización de las radioemisoras. Se creó una Comisión Asesora sobre Medios Electrónicos para asesorar al ministerio sobre la emisión, suspension y/o cancelación de licencias de emisoras de radio y televisión (incluyendo la terminación de las transmisiones sin licencia), pero no hay pruebas de que esté funcionando. No hay Ley de Libertad de Información. Hay cierto acceso a los ministerios del gobierno y a otros departamentos oficiales, pero esto podría mejorar y un parlamentario opositor ha presentado un proyecto de ley sobre Libertad de Información al Congreso. El proyecto todavía no ha sido sometido a debate y por lo que se ve, es poco probable que se apruebe. JAMAICA La situación del periodismo es por lo general buena, aunque hay serias preocupaciones sobre la existencias de leyes de libelo. El nuevo gobierno del Partido Laborista de Jamaica (JLP por sus siglas en inglés), que fue elegido el 3 de septiembre del 2007, ha indicado su deseo de revisar y reformar las arcaicas leyes de libelo y las leyes de injurias. El nuevo primer ministro, Bruce Golding, creó un comité para comenzar su trabajo y ha invitado a que participen las entidades periodísticas, incluso la Asociación de Prensa de Jamaica (PAJ) y la Asociación de Medios de Jamaica (MAJ). Aunque el gobierno promulgó la Ley de Acceso a la Información, la Ley de Secretos Oficiales, la que impide a los funcionarios hablar libremente, continúa en los libros de los estatutos. A pesar de que los medios electrónicos son afectados por las regulaciones del Estado, se han hecho bastantes concesiones en los últimos 20 años para el establecimiento de numerosas empresas comerciales competitivas del sector de propiedad privada. Igualmente, hay una abundacia en el segmento de los medios impresos con tres periódicos nacionales y una serie de publicaciones nacionales y comunitarias más pequeñas, así como proveedores de contenido en línea. El ex director del Gleaner, Dudley Stokes, ha presentado una petición a la Comisión Americana de Derechos Humanos sobre la base de que el gobierno ha infringido el Artículo 13 de la Convención de Derechos Humanos que generalmente protege la libertad de expresión y la diseminación de ideas. El motivo de la petición es que la suma otorgada en el caso de Abrahams, reducida por la Corte de Apelaciones de 80.7 millones de dólares jamaiquinos (US$ 1,173,818) a 35 millones de dólares jamaiquinos (US$ 509,090), es excesiva. No se ha llegado a ninguna decisión, mientras el ex director del Gleaner, Dr. Dudley Stokes, sigue esperando una decisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (IAHRC) en relación con el caso de Anthony Abrahams. Se ha indicado que una decision será tomada en febrero del 2008.

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