COLOMBIA

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En este periodo ningún periodista fue asesinado por razones del ejercicio de la profesión en Colombia. Sin embargo, las decisiones judiciales por vínculos entre congresistas y paramilitares, ha provocado una ola de amenazas en los departamentos de Sucre, Magdalena y Valle del Cauca. Varios medios de comunicación de la Costa Caribe reportaron intimidaciones y amenazas por parte de los paramilitares, a pesar de encontrarse en medio de un proceso de paz con el gobierno. En dos oportunidades este semestre, desconocidos compraron el 40 por ciento de la distribución del periódico El Meridiano de Sucre para evitar su circulación. El 9 de febrero 31 periódicos afiliados a Asociación de Diarios Colombianos (Andiarios) publicaron un editorial conjunto para denunciar el abuso de los jueces y su incumplimiento del Artículo 20 de Constitución que dice que no habrá censura, debido a una serie de medidas judiciales que impidieron al periódico El Heraldo y a seis medios de comunicación de San Andrés publicar información sobre dos hechos de corrupción. En este semestre aumentaron las denuncias de periodistas en contra de agentes de la Policía. Dos periodistas indígenas fueron detenidos; cuatro fueron agredidos y el periódico El Diario del Otún fue presionado para que no publicara unas fotografías. Con motivo de cumplirse 20 años del asesinato de Guillermo Cano (17 de diciembre de 1986) y cinco del de Orlando Sierra (20 de enero del 2002), los medios cuestionaron la impunidad en los crímenes contra periodistas. En materia judicial el domingo 21 de enero, El Heraldo y la organización civil Protransparencia publicaron un informe sobre los presuntos vínculos de la empresa Métodos y Sistemas con grupos paramilitares de la región, y sobre el aparente desvío de recursos públicos para financiar la campaña electoral del alcalde de la ciudad, Guillermo Hoenigsberg Bornacelly. Métodos y Sistemas, contratada por el gobierno local para el recaudo de impuestos en la ciudad, presentó una acción de tutela contra El Heraldo y la organización Protransparencia por considerar violado su derecho a la honra y buen nombre. Como medida cautelar y mientras se resolvía el caso, el Juez Segundo Penal del Circuito de Barranquilla, Hernando Estrada Peña, le prohibió al periódico divulgar información sobre el tema. Posteriormente y tras la gran polémica surgida en el país, el Juzgado denegó la acción de tutela y falló a favor de El Heraldo. El 5 de febrero, un juez penal de San Andrés, Alfonso Gómez Nieto, ordenó a varios medios locales no informar acerca de una orden judicial que reabría una investigación por corrupción contra Hernán Nisimblat Álvarez. La decisión cobijó a las emisoras RCN Radio, Caracol Radio, La Voz de Las Islas, Radio Leda Internacional, Radio Impacto Estéreo y al semanario The Archipiélago Press. En el período se produjeron las siguientes violaciones contra la libertad de prensa: El periodista Otoniel Sánchez, del canal local CNC de Cartago, Valle del Cauca, debió salir de su región luego de que en la madrugada del jueves 19 de octubre desconocidos dispararon varias veces contra su residencia. Sánchez informó de que después de publicado un informe sobre la mala utilización del patinódromo del municipio, recibió varias llamadas donde lo amenazaban de muerte. El día anterior recibió un paquete que contenía tres balas del mismo calibre y un mensaje amenazante. Rubiel Lis Velasco y Griseldino Yafué Guetoto, de la emisora indígena Uxwal Nasa Yuwe Estéreo, fueron detenidos de manera ilegal por miembros de la Policía en el municipio de Caldono, departamento del Cauca. Dos personas que se identificaron como miembros del Ministerio de Comunicaciones, los subieron en una camioneta y los trasladaron a la sede de la policía en Popayán, en donde les dijeron que había una orden de captura contra ellos por el delito de rebelión y colaboración con la guerrilla de las FARC. Los periodistas estuvieron encarcelados por nueve días. Los voceadores del periódico El Meridiano de Sucre fueron presionados por desconocidos para que les vendieran todas las ediciones que distribuyen en Sincelejo, capital del departamento de Sucre. El periódico del 3 de octubre había publicado la captura de varios diputados por nexos con los paramilitares. El Diario del Otún informó de que miembros de la Policía de Pereira, capital del departamento de Risaralda, les exigieron borrar las imágenes que habían sido tomadas del desalojo de un vendedor ambulante. Los uniformados ingresaron armados a las instalaciones del periódico con la intención de borrar las imágenes que se habían tomado. En noviembre Olga Brú Polo, del diario El Meridiano de Sucre, de Sincelejo, en el departamento de Sucre, fue víctima de amenazas luego que publicó varios informes sobre el gobierno local y el secretario de Planeación Carlos Hoyos Martínez. También en Sucre, Robinsón Ruz Ruz, director del “Noticiero del Medio Día”, de la emisora Radio Piragua, recibió amenazas de muerte tras informar sobre los nexos entre paramilitares y políticos. Un senador denunció fallas en el audio de la transmisión de las sesiones del Congreso por TV durante un debate con la canciller María Consuelo Araújo, hermana del senador Álvaro Araújo, actualmente detenido por presuntos nexos con los paramilitares. Ya en octubre, algunos senadores habían expresado que la misma situación se presentó cuando en los departamentos de Sucre y Córdoba se suspendió la señal de televisión del Canal Institucional justo cuando comenzaba un debate en el Congreso por el mismo tema. El 21 de diciembre del 2006, Donald Montaño, camarógrafo del canal Caracol, fue agredido por tres agentes de la Policía de Tránsito mientras realizaba el cubrimiento de una marcha de mototaxistas en la ciudad de Valledupar, capital del departamento del Cesar. Después de casi dos meses de estar detenido, la Fiscalía General de la Nación revocó en enero la medida de aseguramiento contra el periodista colombiano Freddy Muñoz Altamiranda, corresponsal del canal venezolano Telesur. Muñoz fue detenido el 19 de noviembre del 2006, acusado por los delitos de rebelión y terrorismo. La decisión la tomó la Fiscalía delegada ante el tribunal de Bolívar después de revisar la medida de aseguramiento impuesta por la Fiscalía Tercera Especializada de Cartagena. La liberación estaría sustentada por la falta de pruebas. Sin embargo, la Fiscalía ordenó capturar nuevamente el periodista Freddy Muñoz Altamiranda, corresponsal del canal venezolano Telesur. La publicación de unas fotografías que lo muestran en uniforme camuflado, con un fusil al costado, junto a un grupo de presuntos guerrilleros de las FARC, permitieron a la Fiscalía volver a dictarle medida de aseguramiento. El periodista, que según las autoridades está fuera del país, envió un comunicado en el que cuestiona la autenticidad de la fotografía divulgada. El 22 de enero, el Juez Primero Administrativo del Quindío, en un proceso de reparación directa, condenó a un periódico de Armenia a pagar una suma cercana a los cuarenta millones de pesos por la divulgación que hizo en el 2002 de una información relacionada con una aparente estafa, la cual se basó en un boletín especial de prensa expedido por las Fuerzas Militares de Colombia, Ejército Nacional, Octava Brigada. Paradójicamente, ni la Brigada, fuente de la información, ni ningún otro organismo público de los que fueron demandados, fue condenado. El 20 de febrero fue frustrado en Cali un ataque en el quincenario La Razón que, al parecer, tenía como objetivo principal a su director, el periodista Edgar Buitrago Rico. La acción de uno de sus escoltas le permitió salir ileso. Las autoridades policiales, por su parte, aseguraron que el ataque no era contra el periodista. Los hechos ocurrieron en las instalaciones del periódico, minutos después de que Buitrago arribara. Buitrago es beneficiario de medidas de seguridad, otorgadas por la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio del Interior y de Justicia, por las amenazas que recibe desde el 2004. Luego del frustrado ataque, las autoridades policiales locales aumentaron la seguridad del periodista. El 14 de febrero, mientras cubría el fallido atentado contra una funcionaria pública, el reportero gráfico José David Martínez, del diario Vanguardia Liberal, fue esposado y agredido por agentes de la Policía, quienes lo acusaron de interferir en la escena del crimen. El camarógrafo del canal Enlace Televisión, John Jairo Herrera, también fue agredido por filmar el momento en que su colega era agredido. Un juzgado de Bogotá inició un incidente de desacato contra la periodista Salud Hernández-Mora, después de que ella se negó a cumplir un fallo de tutela que le ordenaba rectificar una columna de opinión publicada en El Tiempo en la que habló del magistrado Jaime Araujo, quien fue el que propuso. Durante esta reunión se conoció sobre la salida del país de Darío Arismendi, director de Caracol Radio, debido a amenazas de las FARC. Por otro lado, se denunció un gran éxodo de periodistas de la Costa Caribe por amenazas de todos los grupos al margen de la ley, y una denuncia penal contra el director del diario El Heraldo, Gustavo Bell.

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