COSTA RICA

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Luego de un impasse producto del fallo de la Corte Interamericana en el caso de Mauricio Herrera, Costa Rica vive una nueva ola de demandas contra los medios de comunicación. Los tribunales aplican de nuevo los estrechos criterios vigentes en la ley nacional y, más aún, les suman nuevas interpretaciones jurisprudenciales que amenazan el ejercicio de las libertades de prensa y expresión. Mientras tanto, es poco el avance de las reformas dirigidas a alinear la ley interna con los parámetros internacionales. Principales hechos que afectaron la libertad de prensa en este período. El 8 de diciembre Ernesto Calvo, crítico de cine de La Nación, fue condenado por injurias luego de una polémica con un productor cinematográfico. El productor intentó descalificar el comentario de Calvo sobre una película costarricense señalando el origen cubano del crítico y llamándole mezquino. El crítico replicó enfatizando el carácter xenófobo del argumento. Los jueces determinaron que el cargo de xenofobia es injurioso. El asunto fue elevado por la defensa a la Sala de Casación, donde se sigue el trámite. El 10 de enero el Tribunal penal del Segundo Circuito de San José condenó a La Nación, a dos de sus periodistas y al ex ministro de Seguridad, Rogelio Ramos, a pagar cinco millones de colones como reparación civil a un jefe policial cuestionado. La Nación supo que el funcionario estaba bajo investigación por supuesta extorsión y consultó al Ministro, quien confirmó la información. Hubo dos imprecisiones: primero, el caso tenía que ver con trasiego de vehículos y no de licores, segundo, el funcionario era jefe de la delegación policial de un pueblo distinto al que se consignó. En el juicio, el Ministro admitió haber suministrado la información y se comprobó que el caso contra el demandante ya se encuentra en una etapa muy avanzada. Ante esa prueba, los jueces se vieron obligados a reconocer que no existe responsabilidad penal alguna de los periodistas. Eso no impidió la condena en lo civil por “procurar una falsa noticia”. El asunto fue elevado por la defensa a la Sala de Casación, donde se sigue el trámite. El 23 febrero la Sala Constitucional declaró con lugar un recurso de amparo del ex presidente Miguel Angel Rodríguez, involucrado en los escándalos que sacudieron al país en el 2004. El ex mandatario alegó irrespeto a su derecho de respuesta porque La Nación incluyó una nota de redacción al pie de la réplica. La nota clarificaba lo dicho por el ex presidente en su respuesta. Además, la Sala decidió que partes de la réplica original, que a juicio del periódico no se referían directamente al artículo que motivó la respuesta, debieron conservarse en la versión publicada, pero no especificó cuáles. El 1 de marzo del 2007 la dirección del Sistema Nacional de Radio y Televisión (SINART) decidió el cierre del programa “Diagnóstico”, transmitido por la televisora estatal Canal 13. La medida fue justificada por razones económicas y administrativas, pero Álvaro Montero, director del programa, afirma que la motivación es, más bien, política. El juicio por el homicidio del periodista Parmenio Medina continúa en la etapa de debate oral y público. Por la complejidad del proceso y la cantidad de prueba a evacuar se espera que la sentencia aún tarde varios meses. El proyecto de reforma a la legislación costarricense en materia de libertad de prensa se mantiene en la corriente legislativa. Los diputados comprometidos con la reforma piden su envío a una comisión plena con facultad legislativa, donde podría agilizarse el trámite, pero los sectores reacios al cambio se oponen a la medida. La reforma incorporaría a la legislación los estándares del fallo Sullivan, aunque conserva la vía penal para los llamados “delitos contra el honor” e incorporaría nuevas defensas para los periodistas llevados a juicio. En ese sentido, la iniciativa no es perfecta, pero constituiría un paso adelante. La Sala Constitucional ha sentado vasta jurisprudencia sobre la necesidad de respetar el acceso a la información pública, pero el trámite de los recursos de amparo es lento frente a las exigencias del periodismo. Las oficinas de prensa y los encargados de imagen se constituyen en barreras entre la prensa y los funcionarios, quienes evitan dar declaraciones. Además, las instituciones públicas adoptan políticas encaminadas a impedir que los funcionarios hablen con la prensa y designan a un reducido grupo de “voceros” que son los únicos autorizados para hablar con los periodistas.

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